Arbitraje con Monterra augura bola de nieve de litigios en contra de México
El aviso de arbitraje de Monterra podría empoderar a otras compañías extranjeras para presentar recursos en contra del Gobierno de México.
En septiembre del año pasado, las autoridades mexicanas clausuraron las operaciones de una terminal de almacenamiento de combustibles de la empresa estadounidense en el puerto de Tuxpan, Veracruz. La decisión llevó a que la empresa presentara un aviso de arbitraje contra el gobierno la semana pasada, exigiendo indemnizaciones por 667 millones de dólares (MD). Monterra Energy es una empresa que desarrolla proyectos de infraestructura en el sector energético.
Este proceso se suma a conflictos similares presentados contra México al amparo de los tratados e instancias internacionales. Días antes que se cerrara la instalación de Monterra en Tuxpan, la estadounidense Talos envió un aviso de disputa similar al gobierno, acusándolo de violar los principios del T-MEC al designar a Petróleos Mexicanos (Pemex) como líder del megayacimiento Zama; mientras que la española Iberdrola estaría preparándose para librar una batalla legal con el país luego que le negaran reconfigurar su permiso de generación de una planta en Nuevo León.
No se espera que el conflicto se resuelva inmediatamente si se le continúa hasta sus últimas consecuencias. Como otros procesos al cobijo del T-MEC, la pelea de Monterra con México es un procedimiento que “por el intercambio de información, la revisión documental, el que se permite tener audiencias para dirimir y presentar información o evidencia de cada una de las partes, puede llevar mucho tiempo. En algunos casos, para llegar a una decisión final, pasan varios años”, señala Kenneth Smith, socio del despacho de consultoría Agon y exjefe negociador técnico del T-MEC para el Gobierno de México.
Pero aunque la resolución como tal no es expedita, la situación de Monterra y los casos previos a este aviso de arbitraje ya se están consolidando en un problema grave para la administración federal. “Hay una percepción que se generaliza cada vez más entre los políticos estadounidenses, y es que el presidente López Obrador no está cooperando […]. A este tipo de conflictos no se les da carpetazo. Reciben un seguimiento”, asegura Jorge Molina Larrondo, consultor en políticas públicas y análisis de riesgo y catedrático del Tec de Monterrey (ITESM).
No solo eso, sino que se reconoce que existe el riesgo que este puñado de conflictos entre México y empresas extranjeras pueda multiplicarse en el mediano plazo.
Kenneth Smith advierte que, “las empresas buscan que sus inversiones sean viables […]. Si hay algún conflicto legal, su primer paso es tratar de encontrar una solución. Nunca es el objetivo llegar a un proceso inversionista-estado. […] Monterra argumenta que intentó demostrar que estaban actuando bien, que no había ningún aspecto ilegal, pero no tuvieron respuesta. Les cerraron la puerta. [Así], el riesgo existe que haya más casos [y se forme una bola de nieve], sobre todo si las empresas, en el diálogo que están tratando de tener con el gobierno, se topan con pared”.
Y ya hay algunas señales de que el caso de Monterra no es el caso que iniciaría esta bola de nieve de litigios contra México, sino uno de los primeros casos en esta posible avalancha de procesos. “Si tú comparas la cantidad de problemas que tuvimos durante los 20, 23 años del TLCAN, nada que ver con los dos años que llevamos con el T-MEC. Sí tuvimos problemas, pero eran conflictos de aranceles, de procesos aduaneros. Pero no de la envergadura como los que vemos ahora, de quejas a las inversiones o quejas formales de empresas”, señala Molina Larrondo.
Peor aún, esta tendencia podría acelerarse con la aprobación de la propuesta de reforma energética, que muchos especialistas han advertido que es contraria a los conceptos y obligaciones que México adquirió al momento de firmar el T-MEC.
Riesgos profundos a confianza, instituciones de México
Todavía hay posibilidades que el conflicto específico con Monterra pueda resolverse favorablemente tanto para el Gobierno de México como para la compañía estadounidense. Por ejemplo, solo días después del aviso de arbitraje, un grupo de empresarios mexicanos propuso comprar la terminal clausurada de Tuxpan, aunque por una tercera parte del dinero que Monterra está exigiendo como reparación de daños.
Sin embargo, lo más grave del asunto ya sería irreversible. De acuerdo con el exjefe negociador del T-MEC, “la negociación y la resolución por medio de negociaciones es positivo. Pero en la medida que se sigan presentando estos casos, de alguna manera el daño ya está hecho. Hay muchas dudas entre los inversionistas en términos de cuáles son las políticas públicas que va a implementar el gobierno. No hay el mismo nivel de certeza que se había establecido antes”.
Lo anterior es particularmente riesgoso en medio de una clara tendencia negativa para la reputación que tiene México entre los inversionistas extranjeros, algo que también se ha empezado a reflejar en perspectivas más oscuras de crecimiento entre especialistas del sector e incluso entre los mismos miembros del gabinete federal.
Tal vez más importante, podría llevar a una crisis de confianza hacia las instituciones autónomas de México. Una parte importante de los organismos que operan bajo este esquema en el país se encuentran con plenos de comisionados incompletos, amenazando directamente su capacidad para tomar decisiones.
Una excepción es la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que con el caso de Monterra se enfrenta a un problema de naturaleza distinta. “La CRE va a tener que dar una opinión justificando por qué decidió cerrar la terminal de almacenamiento. Pero viendo el perfil de los comisionados, la relación tan cercana de tres, cuatro de ellos con el gobierno actual, en un momento dado podría hacer dudar si son realmente imparciales o autónomos”, apunta Jorge Molina.
Esto importa porque “el T-MEC pide que se cuente con reguladores independientes, transparentes y eficientes que puedan ayudar al funcionamiento de los mercados”, y en “todas las decisiones que [la CRE] ha venido tomando no puedes decir que se hayan manejado de forma independiente, sino que de alguna manera u otra se ve que están favoreciendo al gobierno”, agrega el catedrático del ITESM. Una situación que podría escalar la magnitud del conflicto entre México y, al menos, Estados Unidos.
