Caerá al mínimo en el sexenio la inversión pública en construcción para 2018
Invertir para obtener beneficios de largo plazo no es prioridad para el actual sexenio.
El presupuesto para invertir en la construcción de obras públicas ha sufrido un significativo recorte durante la administración liderada por Enrique Peña y el proyecto de presupuesto 2018 no es la excepción.
A partir de 2015 la Secretaría de Hacienda –responsable de repartir el dinero público- decidió meter tijera a los recursos para la construcción de infraestructura, una cada vez más grande.
Al inicio del sexenio –en 2013- el presupuesto para inversión física representaba el 23% del gasto programable total, es decir, del gasto que tiene un destino específico, mientras que en el proyecto de presupuesto 2018 es equivalente a 16%.
En monto, la inversión para la construcción de puentes, carreteras, puertos, presas, plantas generadoras de energía, escuelas, hospitales para 2018 será menor en 250 millones de pesos de lo que fue en 2014, año en que se presupuestó la mayor cantidad de recursos para ese rubro en la presente administración.
Pasará de 845 mil 600 millones de pesos en 2014 -en números corrientes- a 594 mil 650 millones para el año entrante.
Es probable que la destrucción que causaron los sismos ocurridos el 7 y 9 de septiembre en seis estados de la República lleve al gobierno a desembolsar un presupuesto extra en obra pública, que no tenía contemplado en el proyecto de presupuesto 2018.
Hasta 18 mil 300 millones de pesos podrían invertirse a finales del presente año y a lo largo del entrante en la reconstrucción de edificios y viviendas dañadas, 15,644 millones del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y 2 mil 685 millones (150 millones de dólares) del bono catastrófico que emitió el gobierno mexicano en alianza con el Banco Mundial.
Sin embargo, el presupuesto que se destinará a inversión física en 2018 es tan bajo respecto de los primeros años del sexenio que aun y cuando a los 594.6 millones presupuestados para 2018 se le sumaran los más de 18 mil millones extras el monto representaría apenas el 16.4% del presupuesto programable para un total de 612.9 millones de pesos, aun muy distantes de los 845.6 millones que se invirtieron en 2014.
La disminución del gasto en inversión pública forma parte de los recortes presupuestales que Hacienda realizó en 2015, 2016 y 2017 para compensar la caída de ingresos petroleros que sufrió en esos años, una de las principales fuentes de recursos.
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También obedecen al crecimiento de gastos ineludibles, como el pago de pensiones y jubilaciones, que cada año hacen más pequeña la rebanada del pastel presupuestal.
En 2013 el pago de pensiones abarcó el 14% del presupuesto programable o 441 millones de pesos, para 2018 representará el 21% con un monto de 793 millones.
Mientras que el gasto en pensiones y jubilaciones ha crecido de forma paulatina, el de inversión en infraestructura ha disminuido.
La decisión de frenar la inversión pública durante el presente sexenio se toma en detrimento de la economía ya que la construcción de infraestructura puede aportar poco más de 8% del Producto Interno Bruto (PIB).
La inversión pública ha disminuido -en parte- por el significativo crecimiento de gastos ineludibles del gobierno que presionan al presupuesto, como las pensiones.
La construcción es uno de los principales detonadores del crecimiento económico porque toma insumos de potentes industrias como la del acero, hierro, cemento, arena, cal, madera, aluminio, entre otras.
Además es un potente generador de empleo, actualmente ocupa a 4.2 millones de personas, el 8% del total de los trabajadores en México.
Debe revertirse la tendencia de baja inversión física por el débil crecimiento económico –estimado en 2.1% para 2017- y para revertir el rezago en los niveles de competitividad del país. Reducir los niveles de inversión en la construcción impacta de manera negativa en la creación de infraestructura económica y social, advirtió el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (Cesop) de la Cámara de Diputados.
¿A dónde se va lo poco?
El presupuesto 2018 puso el acento en dos grandes rubros: petróleo y energía, así como seguridad nacional, ese mismo énfasis lo reflejó la distribución del gasto para la inversión física.
De los 594.6 millones de pesos que se invertirán en construcción de obras, el 45% o 266.1 millones -poco menos de la mitad- se destinará a obras que tengan que ver con combustibles y energía, el mayor porcentaje de entre el resto de los rubros.
El avión presidencial se adquirió en 2012, se entregó en 2016 y es una de las adquisiciones que se seguirá pagando con recursos públicos en 2018.
Algunos de los gastos en este rubro incluyen la adquisición del sistema de seguridad cibernética interna del Centro Nacional de Control de Energía; concluir la construcción de un edificio del Instituto Mexicano del Petróleo en Villahermosa, Tabasco y otro en Poza Rica, Veracruz.
Por su parte, la seguridad nacional, aunque no representa uno de los mayores porcentajes del gasto en inversión física, su presupuesto fue el que más creció anualmente.
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El presupuesto para la inversión física en seguridad nacional creció 164% de 2017 a 2018 al pasar de 7 mil 800 millones de pesos a 20 mil 590 millones, ninguno de los otros rubros registró un incremento similar.
Algunas obras o adquisiciones que se financiaran en este rubro son el pago de la aeronave de transporte estratégico para uso presidencial y del Estado mayor, la construcción de buques de vigilancia oceánica, entre otros.
MÁS INFORMACIÓN: Proyecto de presupuesto de egresos de la federación 2018 en análisis funcional económico del gasto programable 2018.
MÁS INFORMACIÓN: Proyecto de presupuesto de egresos de la federación 2017 en análisis funcional económico del gasto programable 2017.
