La Asociación para la Infraestructura Global y la Inversión ¿Una oportunidad para América Latina?
El grupo del G7, integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y la Unión Europea, reúne anualmente a las economías más desarrolladas del planeta.
La cumbre de 2022 se llevó a cabo de manera presencial entre el 26 y 28 de junio pasado, en el balneario de Schloss Elmau en los Alpes Bávaros, en Alemania. En la cumbre se discutieron acciones para hacer frente a la crisis climática, fortalecer los sistemas de salud global, restablecer las cadenas de suministro fracturadas tras la pandemia y superar la crisis de alimentos y energética derivada de la invasión Rusa a Ucrania.
Un tema que resaltó, fue el lanzamiento de la iniciativa de la Asociación para la Infraestructura Global y la Inversión. Esta iniciativa busca invertir hasta 600 mil millones de dólares en infraestructura durante los próximos cinco años en países en desarrollo. El objetivo principal de la iniciativa, consiste en invertir en infraestructura sustentable, de calidad y resiliente al cambio climático en países en desarrollo. El G7 busca intensificar sus vínculos de inversión con países con los que comparta valores democráticos.
El gobierno del presidente Biden ha comprometido 200 mil millones de dólares para la iniciativa. Se prevé financiar, entre otros, proyectos de infraestructura de energía limpia, tecnologías de la información y salud. América Latina sería una de las regiones prioritarias de esta iniciativa, teniendo en un principio acceso a una bolsa de hasta 335 millones de dólares para la inversión en infraestructura digital.
La iniciativa ha sido recibida con reacciones mixtas. Por un lado, se reconoce que es un primer paso en el que los países desarrollados asumen su corresponsabilidad para resolver problemas globales. La realidad es que problemas como la pandemia del COVID-19 o el cambio climático requieren inversiones sustantivas que necesariamente demandan la cooperación de los países ricos.
Sin embargo, la iniciativa también ha recibido críticas. En primera instancia, no es una nueva propuesta, sino el relanzamiento de Build Back Better. Esta propuesta fue promovida el año pasado por los Estados Unidos, para impulsar la recuperación económica tras la pandemia, sin haber ganado tracción.
Otra crítica relevante es que el monto comprometido de inversión es a todas luces insuficiente ante las necesidades globales de inversión. Por ejemplo, el McKinsey Global Institute estima necesidades de inversión, solo para transitar hacia una economía de cero emisiones, de 9.2 billones de dólares anuales durante los próximos 30 años. Asimismo, la propuesta del G7 la han interpretado algunos analistas como una reacción tardía a la Nueva Ruta de la Seda. Esta es una iniciativa lanzada en 2013 por China para incrementar la inversión en infraestructura en más de 146 países.
Una de las principales motivaciones detrás de la propuesta del G7 es la necesidad de hacer frente a la vulnerabilidad que han mostrado algunos sistemas críticos sometidos a estrés extremo en los últimos años.
Todos recordamos que en 2020 uno de los objetivos de las cuarentenas generalizadas era “aplanar” la curva de contagios. El gran problema era que la infraestructura de salud no tenía la suficiente capacidad para hacer frente a la demanda de servicios médicos que imponía la pandemia del COVID-19. Con la invasión a Ucrania, ha quedado en evidencia la falta de capacidad de la infraestructura energética global para hacer frente a un choque de esta naturaleza. El fenómeno de La Niña y la sequía de 2022 en América del Norte, ha obligado a imponer racionamientos en el acceso al agua ante una infraestructura que no cuenta con la capacidad suficiente para hacer frente a la crisis climática.
Estas crisis no son nuevas; sin embargo, sus consecuencias son ahora amplificadas debido a la dependencia e interconexión de una economía altamente globalizada. El proceso de globalización económica que hemos vivido en los últimos 30 años, ha sido motivado por la búsqueda de eficiencias, la ventaja comparativa y la reducción de costos. La realidad es que la resiliencia de la infraestructura que sostiene la integración comercial no ha sido una prioridad hasta ahora.
América Latina, y en particular México, tiene una gran oportunidad para ofrecer una solución en la meta de construir infraestructura más resiliente. Nuestra cercanía geográfica con los Estados Unidos nos permite establecer cadenas de valor regionales más compactas. Esta es una alternativa que ofrece mayor visibilidad y control respecto al modelo de integración transpacífica entre Norteamérica y Asia que ha caracterizado a la globalización de las últimas décadas.
El fortalecimiento de las cadenas de valor entre América Latina y los Estados Unidos es un elemento esencial para alcanzar una economía más resiliente y próspera. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo estima que este modelo de integración representa un valor de 78 mil millones de dólares para las economías latinoamericanas en el corto y mediano plazo. Esto requiere de mayor inversión en infraestructura. Sin embargo, también es necesario repensar las prioridades de inversión. Tendremos que invertir en infraestructura más robusta, flexible, con suficientes redundancias para hacer frente a futuras crisis ambientales, sanitarias y geopolíticas.
La Asociación para la Infraestructura Global y la Inversión propuesta por el G7, empata las prioridades estratégicas de las economías desarrolladas con las necesidades de América Latina. A pesar de las críticas, la iniciativa puede representar una oportunidad para detonar la inversión en la región, ante un nuevo entorno económico caracterizado por menor liquidez y altas tasas de interés.
En México, el T-MEC constituye un activo importantísimo para aprovechar esta oportunidad, la cual deberá ser una prioridad en la agenda económica de la siguiente administración federal.
*Roberto Durán Fernández es profesor en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.
Twitter: @DrBobDuran
Roberto Durán-Fernández
Roberto Durán Fernández es profesor en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Es economista por el ITAM, cuenta con una maestría en economía por la London School of Economics y se doctoró por la Universidad de Oxford, especializándose en desarrollo regional. Ha sido consultor para el Regulador de Pensiones del Reino Unido, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento y la Organización Mundial de la Salud. En la iniciativa privada colaboró en la práctica del sector público de McKinsey & Co y la dirección de finanzas públicas e infraestructura de Evercore. En el sector público fue funcionario en la SHCP y en el Banco de México.
