¿Cuánto debe gastar el Estado en México?

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) es el instrumento a través del cual el Ejecutivo Federal plantea la manera de cómo se va a gastar el recurso público para cumplir así con las obligaciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le ha asignado. Y ese debe ser el tamaño del Estado, el que se plasma en nuestra carta magna. No le demos vueltas.¹

Ahora bien, ¿qué obligaciones le asigna la Constitución al Estado hasta este 2024? El artículo 3 se refiere al derecho a la educación, y que corresponde al Estado proveerla, incluyendo todos los niveles, hasta la educación superior. Para tener una idea del monto que debe gastar el gobierno mexicano para contar con una educación competitiva, tomemos el promedio de los países que conforman la OCDE que arroja un 5.5% del PIB por este rubro (hoy en México se gasta poco más de 3 puntos porcentuales (pp) del PIB).

El artículo 4 obliga al Estado a financiar la salud de los mexicanos, independiente a su estatus laboral. Nuevamente referenciemos el rubro considerando el gasto en salud promedio de los países de la OCDE que llega a 9.7% del PIB. Este sería pues el indicador que arroja la Constitución como obligación del Estado mexicano (hoy no llega a 3% del PIB).

La Constitución, en ese mismo artículo señala que existe el derecho al agua y a la vivienda. No es claro si el Estado debe o no proveer estos bienes a la población. Más adelante se anota al respecto.

Asimismo, ese mismo artículo indica que toda persona con discapacidad debe contar con un apoyo monetario garantizado. En adición, se especifica que debe proveerse becas para población pobre. 

Finanzas

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El artículo 2 de la Constitución además mandata al Estado a garantizar los derechos de los indígenas así como el desarrollo integral de sus pueblos, lo que implica infraestructura y transferencias específicas. Este gasto asciende a 0.2% del PIB, considerando el propio PEF, pues no hay una referencia internacional.

Por su parte el artículo 21 establece que la seguridad pública es una función del Estado, y aquí se distingue que debe ser provista por la Federación, las entidades federativas y los municipios. Además, especifica que el gasto en este rubro incluye todo lo derivado para el cumplimiento de esta función (prevención, investigación y persecución así como de información al respecto). El promedio de gasto en orden y seguridad pública en la OCDE es de 1.7% del PIB. 

Por último, la Constitución en su artículo 25 establece que la rectoría del desarrollo nacional le corresponde al Estado. Acá, se especifican acciones de sustentabilidad, equidad y productividad. No es claro en funciones específicas. No obstante, en este y en el resto de la propia carta magna de manera indirecta se mandata al Estado a desarrollar toda actividad de gobierno para que funcione eficazmente lo que incluye los tres poderes de la Unión, así como órganos autónomos (que todavía no desaparecen). La tradición mexicana es un gasto de alrededor de 1% del PIB por este concepto (que excluye seguridad pública). 

En cuanto a infraestructura, ésta puede ser vasta, pero estimaciones diversas sugieren que las tres “infraestructuras” para elevar la competitividad con el beneficio para toda la población, es agua, transporte y electricidad. Un estudio ha encontrado que el gasto para que el país alcance la competitividad debe ascender a 6% del PIB.

En este mismo artículo 25 se mandata que debe existir estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero. 

En el artículo 73 fracción VIII se detallan las condiciones sobre las que se puede contratar empréstitos, con lo que se asigna un rubro de pago por el servicio de la deuda. En la actualidad el costo financiero de la deuda, determinado en parte por altas tasas nacionales e internacionales y en parte por el endeudamiento neto, asciende a 3.3% del PIB, que es un compromiso que mandata la Constitución. Debe guardarse en mente que las tasas internacionales de interés contienen una prima de riesgo. Estas han estado aceptables desde la firma del TLCAN y de la adhesión a la OCDE. Esta prima puede cambiar. De acuerdo con el nivel de deuda actual, un incremento de 100 puntos base (1 pp) implicará un desembolso de más de 100 mil millones de pesos. 

Quedan las participaciones federales que ascienden a 3.6% del PIB en promedio. La Constitución no contiene como tal este concepto, excepto para municipios y Ciudad de México. Esto se debe a que el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal es eso, un instrumento de coordinación en la materia, que se lleva a cabo mediante convenios.

Ahora, con la llegada de la nueva administración se pretenden elevar a rango constitucional la pensión del bienestar (bajando edad para mujeres a los 60 años), becas estudiantiles, y otros rubros sociales. Esto elevará el cálculo de este pequeño ensayo. Esto sugiere un gasto de 1 punto adicional al PIB (solo para el 2025 sin considerar la demografía), lo que lleva el gasto en esta protección social a 6% del PIB.

Recapitulando, la Constitución le mandata al Estado un gasto de alrededor de más de 35% del PIB. Hoy se gasta el 26% del PIB. Y se recauda en impuestos el 14.5% del PIB. Saque usted conclusiones (y todavía hay quien le dice a la presidenta electa que no se requiere una reforma fiscal).

[1] Este pequeño ensayo es un resumen de un documento más detallado que este autor está preparando para su publicación.