Malos augurios en recaudación, agravados por decisiones políticas para contener precios
Subsidiar el precio de la gasolina y frenar el alza en los peajes de carreteras son medidas políticas del gobierno con un costo fiscal que empeorará aún más un escenario de recaudación tributaria que, de por sí, es desfavorable.
A mediados de febrero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) decidió otorgar un estímulo del 100% al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se aplica a la gasolina Magna, un subsidio indirecto a fin de que los consumidores no resientan el alza de precios. Es la primera vez que se toma una decisión de este tipo.
Solo unos días después, Caminos y Puentes Federales (Capufe), el organismo público que administra gran parte de las autopistas del país, anunció alzas en los peajes de hasta 14%, aunque en promedio el incremento fue de 7.36%. Sin embargo unas horas después se dio a conocer que los aumentos se frenaron, sin mayor explicación.
Ambas son decisiones de corte político. “Son dos rubros muy sensibles, desde el punto de vista económico, y tienen mucha sensibilidad en el impacto a la población desde una visión política”, apunta Eduardo Revilla Martínez, presidente del Comité de Impuestos de la International Chamber of Commerce (ICC) México. Lo anterior se debe a que, como el autotransporte se mantiene como la principal forma de trasladar mercancías en México, sus precios impactan directamente en los índices inflacionarios.
Sin embargo, no se espera que estas medidas puedan hacer mucho para reducir el impacto en el bolsillo de los consumidores. Entre enero de 2021 y enero de 2022, el precio de las gasolinas de bajo octanaje se incrementó 9.27%, en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Y durante la primera quincena de febrero, las tarifas autorizadas por el gobierno (entre las que se cuentan los peajes de Capufe) solo significaron 0.133% de la inflación anual de 7.221% para ese periodo.
Donde sí tendrán un impacto importante es en la recaudación para 2022. Solo en el caso específico de los estímulos al IEPS, se calcula que el año pasado se habrían dejado de recaudar 104 mil 76 millones de pesos (MP), 36.9% más de lo que la SHCP tenía contemplado ceder en su documento de Renuncias Recaudatorias para 2021. Además, hay cada vez más especialistas que esperan que los costos de combustibles se mantengan altos los próximos meses, lo que podría llevar al gobierno a ser aún más agresivo en sus esfuerzos. Lo anterior significa que las pérdidas a las finanzas públicas serían mayores que en 2021.
“Dejar de cobrar IEPS afecta la recaudación federal participable, de donde se alimenta el presupuesto para estados y municipios. No es solo que se cobre una menor cuota, sino que estos gobiernos recibirán un presupuesto menor al que podrían esperar”, dice José Luis Clavellina, director de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Si se esperara un rendimiento sólido o un desarrollo de las demás fuentes de ingreso del gobierno para 2022, tal vez las pérdidas por el estímulo al IEPS y la suspensión en los ajustes de Capufe no serían tan graves. El problema es que no son las únicas decisiones de renuncia recaudatoria que se han dado en los últimos años.
Por ejemplo, en 2020 se amplió la vigencia de la Zona Libre de la Frontera Norte hasta finales del sexenio, al tiempo que los estímulos fiscales se extendieron a municipios del sur, una iniciativa que le costaría al erario unos 88 mil MP solo en 2022, según el documento de Renuncias Recaudatorias 2021. También la actual administración ha introducido beneficios para que los accionistas paguen menos impuestos en ciertas operaciones de cotización en bolsa, de acuerdo con Iván Benumea Gómez, coordinador del programa de Justicia Fiscal en el centro de investigación Fundar.
Sin embargo estas renuncias recaudatorias no inciden en el fomento al crecimiento económico. "Al final, la existencia en sí misma de beneficios tributarios probablemente nos impiden inyectar recursos a las necesidades y problemas que requieren solucionarse cuanto antes”, asegura el experto.
A estas decisiones que impactan la recaudación de la hacienda pública, se debe de añadir el efecto indirecto que tiene el bajo crecimiento económico en los ingresos del gobierno, particularmente en el Impuesto sobre la Renta (ISR) y en el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Estos impuestos están muy ligados al ciclo económico, que ahora mismo apunta a una tendencia muy por debajo de las expectativas del gobierno federal. “Este año, si se crece al 2% o 2.5%, viéndose generosos, el ISR e IVA no van a crecer mucho más que eso en términos reales, dice Carlos Ramírez, socio consultor de la firma de asuntos públicos Integralia Consultores. "Y, además, se van a ver afectados por el efecto inflacionario. En este contexto, el gobierno no tiene hacia dónde hacerse. No será para nada un año espectacular en términos tributarios”, prevé Ramírez.
Medidas erradas para fortalecer recaudación
Afortunadamente para las finanzas públicas, Eduardo Revilla no percibe que se vayan a hacer más modificaciones a las tarifas o fuentes de ingreso del gobierno por decisiones políticas, como ya se hizo con los peajes de Capufe o el IEPS a gasolinas.
“No hay ningún impuesto que el gobierno pueda bajar unilateralmente, [fuera del IEPS a gasolinas]. Necesita una conformidad del Congreso para hacerlo […]. ¿Qué si puede mover? Las tarifas de servicios que presta, las carreteras, la tarifa de uso de aeropuertos, la luz […]. Pero no veo ningún interés del gobierno para modificarlas […] mientras no se genere ningún tema de impacto político, no disminuirá sus tarifas”.
Si bien en 2021 la recaudación tributaria se incrementó 1.1% respecto de 2020, para este año los pronósticos son más bien pesimistas dado el escaso crecimiento económico que pronostican la gran mayoría de analistas.
La propia Jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, reconoció en una conferencia de prensa a finales de enero que la 4ta ola de la pandemia y la alta inflación impactarán en la recaudación tributaria; a lo cual habría que agregar la previsión de un bajo crecimiento lo que podría reducir la recaudación de impuestos entre 40 y 80 mil millones de pesos en este año, que podrían ser atenuados por el alto precio del petrólo.
Con todo, las expectativas de recaudación tributaria no son nada halagüeñas a pesar de los planes del gobierno para contrarrestar la tendencia bajista. Por ejemplo, la incorporación del Régimen Simplificado de Confianza (Resico) al SAT debería, según la misma administración, incrementar en 30% la base tributaria.
Pero Carlos Ramírez duda que vaya a mejorar la recaudación del gobierno, e incluso ve posible que se reduzcan los ingresos porque “se veía muy generoso para ciertos segmentos de la población que ganan menos de 3.5 millones de pesos (MP). Hacienda tiene sus números y lo debería tener muy bien calculado. Pero a primera vista, dudo que eleve la recaudación”.
También se han celebrado las victorias de Raquel Buenrostro para saldar cuentas pendientes con grandes contribuyentes. Sin embargo, de acuerdo con Clavellina, “la eficiencia recaudatoria tiene un límite. Siempre se puede mejorar, pero lo que realmente le falta a la recaudación en México es una reforma fiscal para apuntalar y fortalecer los ingresos del gobierno federal”.
Mucho se ha dicho sobre las oportunidades para mejorar la recaudación a través de la actualización y/o aplicación de nuevos impuestos. El experto de Fundar, Benumea Gómez, dice que se están desaprovechando oportunidades para crear nuevos impuestos que permitan mejorar la recaudación, sin afectar a la población de menores recursos.
“Un impuesto a las herencias multimillonarias, a la riqueza neta, federalizar la tenencia, modificar la situación del predial, analizar los impuestos a las personas que invierten en la bolsa o que tienen activos como bienes inmuebles son recursos que esta administración podría considerar” para fortalecer sus ingresos, señala.
Sin embargo, una reforma fiscal parece destacartada en este gobierno a la vez que el presidente López Obrador ha seguido insistiendo en no incrementar impuestos, como directriz en su sexenio. Así, estas propuestas deberán esperar unos año más, a la vez que la tributación resentirá el escaso crecimiento economico previsto para los años por venir con afectaciones insalvables a unas finanzas públicas que es uno de los escasos renglones que aún presume el gobierno mexicano.
