Gobernadores abandonan infraestructura, 63% de los recursos disponibles no los usan
Tal como derrochar agua en el desierto.
Así los estados y municipios desperdician millones de pesos cuyo fin es la construcción de infraestructura que impacte el desarrollo regional.
Con un débil crecimiento de apenas 2.1% anual en 2017, México pide a gritos la inversión en obras públicas que generen empleo, derrama económica en servicios y materiales asociados a la construcción y competitividad.
La construcción de casas, edificios, vías de comunicación, obras para el suministro de agua, energía, gas, así como la adquisición de maquinaria y equipo de transporte, la llamada inversión fija bruta, disminuyó 1.6% anual en 2017, principalmente por una menor inversión del gobierno en la construcción de escuelas, hospitales, bibliotecas, entre otras obras no residenciales.
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“De todos los componentes del Producto Interno Bruto por el lado del gasto, [la inversión fija bruta] es la que más le restó al crecimiento de la actividad económica en el año”, asegura el economista Jonathan Heath.
Sin embargo, el erario lleva cinco años presupuestando un promedio de 19 mil millones de pesos para proyectos de inversión en infraestructura pública y su equipamiento.
Los “Proyectos de Desarrollo Regional” se inscriben dentro del Ramo 23 llamado Provisiones Salariales y Económicas y son el segundo fondo al que más se le inyectan recursos dentro del ramo, alrededor del 14% del total.
Pero no se utilizan. El fondo lleva por lo menos cuatro años registrando subejercicios cada vez mayores. En 2014 se desperdició 30% del recurso, en 2015 el 56% y en 2016 el 63%, de acuerdo con el informe de la Cuenta Pública más reciente.
En 2016 más de 12 mil 500 millones de pesos no se aplicaron en obras públicas porque los proyectos presentados por las entidades federativas no cumplieron con lo establecido en los lineamientos o se retrasaron con los trámites, o por lo menos eso señalan los indicadores de desempeño de la Cuenta Pública.
Para los 11 mil 884 millones que no se utilizaron en 2015 la justificación simplemente fue que las entidades federativas no los solicitaron. En ese año la Auditoría Superior de la Federación (ASF) analizó 90% del presupuesto ejercido con resultados poco alentadores.
En una de las entidades fiscalizadas los recursos para Proyectos de Desarrollo Regional no se encontraron en las cuentas bancarias a donde las transfirió la federación; en dos de seis auditorías no se presentó documentación que justificara un gasto que representó 20% del recurso auditado.
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Además, se identificaron retenciones improcedentes, pago por conceptos que no correspondían con el objeto del contrato, volúmenes de obra pagados no ejecutados, falta de acreditación de bienes inmuebles a nombre del gobierno del estado, entre otros, que significaron 16% del monto observado, entre otros hallazgos.
El Ramo 23 no se encuentra regulado por una ley, su objetivo no está legalmente definido y por ello se presta a un reparto discrecional por parte de la Secretaría de Hacienda, una de las razones que podrían explicar los subejercicios y uso dudoso de los recursos que reportan la Cuenta Pública y la ASF.
Lo mismo que el exceso de gasto en otros fondos del Ramo 23 como el de Fortalecimiento Financiero (Fortafin) que se utiliza para el saneamiento de las finanzas locales. Tan solo en 2016 se aprobaron mil 560 millones de pesos y se ejercieron 65 mil 563 millones, 42 veces más.
Si se quiere garantizar que los recursos federales transferidos a los gobiernos locales a través del Ramo 23 se utilicen, para propiciar genuinamente el desarrollo regional, es fundamental que se regule mediante ley, que se monitoreen las asignaciones de Hacienda, se transparenten los convenios con los gobiernos locales y se reformule el modelo de coordinación y responsabilidad hacendaria, propone el centro de análisis México Evalúa.
MÁS INFORMACIÓN: Cuenta Pública, tomo II, gobierno federal, Secretaría de Hacienda, consultado en febrero de 2018.
MÁS INFORMACIÓN: Ramo general 23, Proyectos de Desarrollo Regional, Auditoría Especial del Gasto Federalizado, ASF, febrero 2017.
