¿Regresa el estado productor en México?
Nuevas empresas del estado siguen surgiendo en el actual gobierno y la pregunta que surge es si habrá recursos suficientes para sustentarlas en el futuro.
“Está claro que este gobierno tiene la intención [de producir más bienes y servicios] en ciertos sectores estratégicos”, dice Francisco Varela Sandoval, director de Instituciones y Gobernanza del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
El pasado 7 de julio el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de una nueva empresa de distribución de gas LP, Gas Bienestar. Un proyecto que estará directamente bajo el control de Petróleos Mexicanos (Pemex) y tendrá la encomienda de proporcionar cilindros del combustible a un precio competitivo en beneficio de las familias mexicanas, según dijo el Presidente.
Pero esta no es la única nueva empresa pública que ha lanzado el Gobierno federal desde que inició el sexenio. En julio de 2019, López Obrador anunció la creación del Banco del Bienestar, para prestar servicios de remesas a bajas comisiones, y la que se convertiría en CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, con el fin de extender el acceso a la red para toda la población.
Ese mismo año AMLO planteó que se crearía una empresa paraestatal distribuidora de medicamentos, y en agosto pasado se confirmó que la productora de vacunas y antivenenos Birmex estaría a cargo de este proyecto. Además, según el Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes), se empezarán a instalar “Gasolinerías del Bienestar”, en Quintana Roo en un futuro cercano.
Habría muchas otras sobre la mesa. Según El Universal, Pemex contempla en su Plan de Negocios 2021-2025 la creación de una distribuidora de fertilizantes, que domine el mercado mexicano; y también se ha reportado que se planea la creación de una nueva compañía de seguros.
Ante este panorama, varios analistas cuestionan la viabilidad de mediano y largo plazo de estas nuevas empresas públicas que el gobierno está generando a paso acelerado y que recuerdan al estado mexicano produtor de los años 60 y 70. Adriana García Hernández, coordinadora de análisis económico en la organización México, ¿Cómo Vamos?, dice que el actual gobierno federal simplemente no tiene la fuerza para regresar a ser el estado productor del siglo pasado.
“Por los bajos recursos que tiene”, apunta García Hernández, “no está en las posibilidades de crear un aparato paraestatal como el que tenía en los años 70, 80 en México. Solo volteemos a ver a CFE y Pemex. A pesar que los consumidores tenemos tarifas más altas y peor calidad de energía, el gobierno aún tiene que asignar un mayor gasto público para que continúen operando”.
En todo caso, la creación de nuevas empresas públicas para producir bienes y servicios a bajos precios requiere de un respaldo en presupuesto y en infrestructura con los que el país no cuenta.
Sobre la creación de Gas Bienestar, Joel Tonatiuh Vázquez, coordinador de Transición Energética y Finanzas Públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), dice que “para cumplir la promesa de entregar energéticos a precios bajos y que además la empresa tenga una ganancia, necesariamente tendría que existir infraestructura atrás que disminuya los precios de la cadena de valor y que se reflejen en el precio final"
"Si se hace una inversión en todas las etapas, sí se podría lograr ambas metas. Lamentablemente, este tipo de infraestructura no se construye de un día a otro”, advierte Tonatiuh Vásquez.
Un respiro a las finanzas públicas lo daría la creación de nuevos impuestos, sin embargo López Obrador -desde el inicio de su gobierno- descartó esa posibilidad y los estragos económicos de la pandemia acentuaron esa intención.
Ya Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente del Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria en la Cámara de Diputados, ha dejado en claro que no solo dejarán la reforma fiscal a la siguiente legislación, sino incluso le pedirán a sus sucesores no incrementar impuestos para “proteger a la clase media y a los sectores más pobres”, según reporta Expansión.
El estado productor de carácter social
Si bien las nuevas paraestatales de la actual administración no están naciendo como un instrumento de recaudación fiscal, la alternativa es que su única función sea de carácter social.
Esta opción abarcaría los dos objetivos más comunes de las empresas paraestatales en el mundo, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): Impulsar los intereses económicos y estratégicos del gobierno en turno, y proporcionar productos y servicios específicos al mercado.
Sin embargo, la especialista de México, ¿Cómo vamos?, dice que deberían existir límites al tipo de actividades productivas en las que participan los países, especialmente en naciones como México.
Precisamente por la baja recaudación del Gobierno “debería enfocarse en áreas y actividades donde el mercado, por razones de rentabilidad o de seguridad, no se pueda abrir a la competencia de los agentes privados, dice García Hernández, y añade que "resulta poco comprensible que se quieran meter los pocos recursos disponibles en actividades donde un privado podría meter el riesgo, la infraestructura, la logística; en lugar de asignarlo a escuelas, hospitales”.
Es cierto que la rentabilidad económica no puede ser el único calificador para el éxito de las nuevas paraestatales en México, especialmente si su intención es crear un bien social. Un estudio de PwC explícitamente recomienda a los gobiernos “registrar índices clave de rendimiento que vayan más allá de los resultados financieros y consideren el impacto en otros temas como la sociedad, el ser humano, la innovación, el ciudadano, el bienestar y el medio ambiente”.
Al mismo tiempo, hay señales de alerta. Un estudio liderado por la Universidad de Economía y Negocios de Polonia apunta que las empresas paraestatales, por sí mismas, no son positivas o negativas para la economía nacional. Su impacto en los respectivos países depende, en gran parte, de la política pública que está detrás.
Y aquí es donde los analistas expresan preocupación. Sobre Gas Bienestar, Varela Sandoval afirma que “las empresas del estado tienden a ser onerosas, a burocratizarse, no tienen el conocimiento del mercado para operar a la máxima eficiencia posible. Tememos que sea una empresa muy ineficiente, y como su intención no es generar utilidades, tampoco será una fuente de ingresos”. Para Valera Sandoval los parámetros para las nuevas paraestatales e incluso para las empresas productivas del estado se están basando “en un criterio político, sin considerar criterios económicos y técnicos”.
Lo anterior no significa que no se pueda convertir a las paraestatales en organismos eficientes, que puedan cumplir su labor social sin descuidar estos criterios económicos y técnicos. Pero, de acuerdo con Vázquez, requeriría “una reestructura de cómo operan estas empresas […], enfocarse en las áreas de negocio donde sí son rentables. […] Es pasar por todo, redundancias en el trabajo, mejores prácticas y asegurarse que compitan”.
Pero el Gobierno federal no quiere que sus empresas paraestatales pierdan el dominio de sus respectivos mercados. Con CFE, López Obrador se ha marcado el objetivo de darle el control del 54% de la industria eléctrica. Y en lo que respecta a Pemex, una y otra vez ha acusado -al que llama 'movimiento neoliberal'- de querer destruir la industria petrolera.
Las víctimas del estado productor
La combinación entre la reticencia a hacer más eficientes a las paraestatales (tanto las actuales como, posiblemente, las futuras) y su declarada meta social, pinta un escenario de riesgo, según los entrevistados.
De inicio, está colocando a las empresas privadas competidoras en una posición competitiva insostenible. A finales de octubre de 2019, el entonces dirigente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, dijo (refiriéndose al aeropuerto de Santa Lucía) que “no podemos coincidir en que se use al Ejército para la edificación de una obra aeroportuaria porque no compite con las condiciones de mercado de una constructora de las que organizan los empresarios”.
En aquella ocasión el dirigente patronal plantó quejas similares con respecto al Tren Maya, CFE Telecomunicaciones, e Internet para Todos, argumentando que a las instituciones y agencias del gobierno no cumplen “con los requisitos que deben cumplir las empresas privadas”.
Pero la víctima más importante del estado productor que se viene gestando, sería el próximo gobierno. Adriana García Hernández lo ejemplifica con la operación de Pemex. Si “todas las gasolineras volvieran a ser Pemex y ofrecieran litros de gasolina de 15 pesos, en lugar que los ingresos públicos aumentaran por la cantidad consumida, [por la falta de infraestructura productiva] Pemex tendría que haber salido a comprar el combustible a 21 pesos. Esa diferencia se convierte en una carga fiscal”.
Ante el panorama que se viene dibujando, los ojos de los analistas en finanzas públicas están puestos en el balance fiscal. La calificadora Moody’s publicó hace unos días un reporte advirtiendo que la contracción del Producto Interno Bruto (PIB), así como la lenta recuperación de los ingresos operativos en el mediano plazo, presionaría cada vez más los ingresos de los estados.
El exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, advirtió que la falta de una reforma fiscal está sentenciando al sucesor de López Obrador a recibir un “cartucho de dinamita encendido”. Varela Sandoval concuerda con esta conclusión de Urzúa. “Las finanzas del estado ahorita son como una lancha inflable llena de parches. Cada año de esta administración ha salido relativamente bien, no ha habido una explosión de la deuda o un déficit insostenible"
Pero -advierte el experto del Imco- que estos agujeros (desde programas sociales hasta la inminente creación de nuevas empresas del estado con fines sociales) se han parchado quitándole dinero a otros proyectos, entre ellos los recursos designados a los estados. Esta tendencia, apunta, seguirá en el corto plazo. “Pero en el mediano plazo, en la siguiente administración, habrá una situación mucho más crítica […]. Este nivel de gasto e inversión pública no es sostenible sin dos cosas: crecimiento económico y una reforma fiscal de fondo”, dice Varela Sandoval.
El futuro que se avecina con las empresas paraestatales, después del choque económico producido por la pandemia, es incierto. A menos que el inminente estado productor se las arregle para crear empresas paraestatales eficientes, incluyendo a las actuales, se corre el peligro que solo se conviertan en una enorme carga adicional para las finanzas públicas futuras.
