¡Ojalá fuera sólo una recesión!
El 22 de abril el INEGI dio a conocer el dato del Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE). Para marzo, se estima una disminución anual del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de 0.2%. Con este resultado es ya casi un hecho consumado que en el primer trimestre de 2025 el PIB acumuló dos trimestres consecutivos con variaciones trimestrales negativas con datos desestacionalizados, lo que suele denominarse una recesión técnica.
Esta recesión se confirmaría con la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral (EOPIBT) que el INEGI publicará el 30 de abril (el dato del IGAE de marzo se publicará hasta el 22 de mayo). Este sería el noveno episodio entre 1981 y 2024 en el cual el PIB habrá registrado entre 2 y 4 trimestres consecutivos con variaciones trimestrales negativas en relación con el trimestre previo con datos desestacionalizados.
Si bien la economía mexicana habrá entrado en recesión técnica a partir del último trimestre de 2024, surge la interrogante sobre su magnitud y duración. En fechas recientes varios organismos internacionales como la OECD y el FMI pronostican que para 2025 en su conjunto el PIB mostrará una contracción en relación con el año pasado. Por otra parte, la calificadora Fitch también prevé una contracción anual de nuestra economía para el presente año.
En mi opinión, la pregunta más relevante es si estamos hablando de una recesión o si en realidad se trata de una situación en la que la economía mexicana ha entrado en una fase duradera de estancamiento económico; es decir, en una senda caracterizada por la ausencia de un crecimiento sostenido y suficiente en el largo plazo.
Coincido con muchos analistas que atribuyen esta recesión técnica al nerviosismo de los inversionistas originado por las políticas arancelarias del presidente Trump y la elección de ministros, jueces y magistrados del poder judicial que tendrá lugar el 1 de junio del presente año.
Aunque Trump ya había mostrado algunos indicios sobre su intención de adoptar medidas proteccionistas durante su campaña presidencial y al tomar su cargo el 20 de enero, me parece que nadie previó la magnitud y alcance de su nueva política comercial, la cual no ha sido bien recibida por los inversionistas estadounidenses. Tan es así que los mercados financieros en Estados Unidos han padecido una extraordinaria volatilidad y registrado cuantiosas minusvalías, las tasas de interés de los bonos del tesoro norteamericano han alcanzado niveles superiores al 4.5% y el dólar ha registrado una depreciación significativa frente a las monedas de los principales bancos centrales. De hecho, no son pocos quienes ya anticipan con una alta probabilidad que la economía estadounidense también podría caer en recesión este año, algo que sin duda exacerbaría la contracción de la economía mexicana.
Por otra parte, me parece insuficiente atribuir la contracción de la actividad económica en México a la perspectiva de que, como suele ser al inicio de cada administración, las autoridades hacendarias buscarán una consolidación fiscal en 2025 como la que nos anticiparon en los Criterios Generales de Política Económica para 2025. Más aún, los supuestos macroeconómicos de crecimiento económico de los Pre-criterios Generales de Política Económica para 2026 que se basaron en un crecimiento económico para 2025 en un intervalo de entre 1.5 y 2.3% ya fueron rebasados por la realidad.
Considerando un escenario con crecimiento económico cercano a cero, queda claro que el presupuesto aprobado para 2025 implicará una déficit fiscal superior a 5% del PIB y posiblemente cercano al de 2024, por lo que resulta prácticamente imposible avizorar una consolidación fiscal. Más aún, el escaso crecimiento económico en 2025 generará un aumento adicional en el saldo de la deuda pública como proporción del PIB superior al previsto por las autoridades hacendarias. En pocas palabras, no habrá consolidación fiscal en 2025. Es ingenuo y hasta irresponsable esperar que la consolidación fiscal ocurra por el simple hecho de que la economía registre algún crecimiento económico que no esté acompañado de una ajuste significativo del balance primario.
Lo que realmente estamos padeciendo como país no es una recesión en el sentido tradicional del término ni el debilitamiento del crecimiento económico que se observa en el primer año de cada administración. Es un estancamiento económico que refleja un deterioro estructural en la capacidad productiva de nuestra economía producto de las políticas económicas y las reformas aprobadas por la cuarta transformación. En pocas palabras, la 4T ha cancelado por completo cualquier posibilidad de ubicar a la economía nacional en una senda de crecimiento económico sostenido y suficiente.
En particular, las sendas políticas y reformas de ley en diversos ámbitos promovidas por el presidente López Obrador a lo largo de su mandato y, muy especialmente, de las 20 iniciativas que presentó el 5 de febrero de 2024, muchas de las cuales fueron aprobadas por la aplanadora de Morena a partir del 2 de junio de ese año, así como las aprobadas durante los primeros días de gestión de la presidente Sheinbaum han dado al traste con las condiciones mínimas y necesarias para propiciar un clima de negocios favorable para el crecimiento económico. Al contrario, me parece que la cuarta transformación terminó por minar la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros.
Ya quedó claro que no se pudo culpar a la pandemia global del COVID-19 del magro crecimiento económico durante 2018-2024. En ese mismo lapso la mayoría de las economías avanzadas y emergentes, algunas de América Latina, e incluso las de algunos países en desarrollo, registraron un mejor desempeño que México en términos de crecimiento económico.
En resumidas cuentas, las pésima forma de gobernar de la 4T y sus reformas retrógradas en muy diversos ámbitos han reducido el potencial productivo de nuestro país, de tal manera que lo que estamos viendo no es una recesión sino un ajuste de la capacidad productiva de nuestra economía a una menor senda de crecimiento o a un estancamiento e incluso reducción de dicha capacidad.
Era previsible que el debilitamiento institucional y democrático, la pérdida de facto y de jure de la autonomía de los entes reguladores autónomos y del poder judicial, programas sociales mal diseñados, una reforma educativa que menosprecia la ciencia y la tecnología y con una carga ideológica ajena a cualquier sistema educativo, la creación del IMSS-Bienestar, la reducción en el gasto en salud y en educación, la animadversión al sector empresarial, así como la ausencia de una clara transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público y una inversión pública en proyectos de dudoso beneficio económico desde el punto de vista social, más temprano que tarde terminarían socavando nuestras posibilidad de crecimiento económico en el largo plazo.
El Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y el Plan México de la presidente Sheinbaum que promueven una estrategia de desarrollo orientada hacia adentro por la vía de sustitución de importaciones y que pretenden lograr la soberanía, alimentaria, energética y tecnológica son una broma de mal gusto que ya demostró en el pasado su fracaso en México y en América Latina. ¡Qué se los crea su abuela!
Abraham Vela Dib
Economista por el Tecnológico de Monterrey, maestro en Economía por el Colegio de México y doctor en Economía por la Universidad de California en Los Ángeles. Fue presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) desde 2018 hasta 2021. Antes, trabajó en el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Actualmente es profesor en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
