Hace 10 años México se convirtió en el Donald Trump de los migrantes centroamericanos
La política migratoria mexicana tiene una doble cara.
México teme a las políticas migratorias y la xenofobia del próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque podría poner en peligro el flujo de remesas que tan sólo en 2015 ascendió a 400,000 millones de pesos, con su plan para expulsar a entre dos y tres millones de inmigrantes que no acrediten su legal estancia.
Pero desde hace una década México se convirtió en el Donald Trump de los migrantes centroamericanos.
En 2005 el Instituto Nacional de Migración se integró al Sistema de Seguridad Nacional que le confirió facultades policiacas. En 2008 con la firma del tratado internacional de seguridad llamado Plan Merida México se comprometió a informar obligatoriamente a Estados Unidos sobre las actuaciones de sus fuerzas de seguridad a cambio de presupuesto suficiente para la llamada lucha anti-drogas. El Instituto Nacional de Migración operaría 20% de los recursos de ese Plan para compra de equipo, capacitación y asistencia militar.
A partir de entonces se instensificó la restricción y vigilancia de la frontera sur sin que las medidas lograron disuadir a los centroamericanos, pues a diferencia de las migraciones de finales del siglo XIX, la violencia es el dispositivo que produce las nuevas movilidades humanas.
El mayor control sobre la frontera sur solo ha logrado potencializar las violaciones de derechos y la generación de rutas clandestinas organizadas por pandilleros y sicarios, denuncia la organización civil Sin Fronteras en su informe de 15 años de labores “Detención sin excepción.”
En lugar de acoger a esa población vulnerable con políticas más solidarias México ha encauzado sus esfuerzos a la deportación masiva, la misma política que Trump le quiere aplicar a los mexicanos sin papeles al otro lado de la frontera norte.
Tan sólo durante la presente administración el número de detenciones se duplicó, pasó de 88,500 migrantes en 2012 a 190,300 en 2015 y las expulsiones casi se duplican al pasar de 79,600 a 155,400 migrantes en el mismo periodo de tiempo.
En contraste México sólo ha reconocido como refugiados a menos de 1% de los niños, niñas y adolescentes detenidos en estaciones migratorias, según documentó Human Rights Watch en 2016, y no sólo eso, sino que dos terceras partes de ellos no recibieron información sobre sus derechos aunque con frecuencia sus historias eran causal de acceso a la protección nacional.
Las mujeres víctimas de violencia sexual son otra población en extrema vulnerabilidad a quien no se le ha otorgado apoyo. 6 de cada 10 mujeres migrantes padecen esa situación -con datos de 2010- pero ese número no se refleja en la cantidad de visas humanitarias que expide el país por tal concepto, a pesar de que las normas migratorias garantizan este derecho a las mujeres que sufrieron de abuso.
“Las mujeres que se atreven a hablar de la violencia vivida desconocen que pueden acceder a una visa e incluso al saber que para obtenerla tienen que denunciar prefieren ser deportadas” revelan los monitoreos realizados por Sin Fronteras.
Existe un subregistro del número de migrantes que fueron víctimas de violencia sexual porque la mayoría no denuncia por temor a reencontrarse con su victimario o por el nivel de afectación emocional que supone el ultraja a su cuerpo, explica el informe.
Migrante mexicano al pie de la frontera norte y migrante centroamericano sobre el tren.
Los números dan cuenta de autoridades que no son solidarias con los niños y mujeres violentadas que podrían tener derecho al refugio o la visa humanitaria, pero tampoco tienen un mecanismo para proteger a las personas que se presentan libremente para regularizar su situación, ya que según las normas actuales podrían ser detenidas mientras su trámite este pendiente cuando haya una verificación o revisión migratoria.
Sin Fronteras advierte que si bien han existido avances en las legislaciones recientes que son parcialmente garantes de derechos humanos, los procedimientos para implementar el Programa Integral Frontera Sur son profundamente violatorios de esos derechos.
“La imposición de un intento de política que ha mezclado asuntos humanos con asuntos de seguridad nacional, que coloca a las personas migrantes en las mismas dinámicas de combate anti-drogas sobra decir que ha mostrado ser un modelo no funcional y de muy alto costo en las últimas dos décadas,” concluye.
A FONDO: Detención Sin Excepción, Sin Fonteras IAP, noviembre 2016
MÁS INFORMACIÓN: Mienten informes sobre estaciones migratorias, revela Sin Fronteras, 6 de diciembre de 2016.
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