Migración se oculta tras “seguridad nacional” para actuar con opacidad
“Es por seguridad nacional.”
Una frase tras la que se amuralla el Instituto Nacional de Migración para negar información, entrevistas o el acceso de organizaciones civiles y académicos a las estaciones migratorias.
En México los asuntos migratorios son considerados como de “seguridad nacional.” Un carácter que le ha servido al Instituto para voltear la cara ante los señalamientos y preguntas abiertas de organizaciones civiles, quienes han documentado y exhibido las condiciones carcelarias e insalubres en las que permanecen los migrantes dentro de los centros de detención llamados estaciones migratorias.
“Hay muchas denuncias de tortura contra los agentes de migración y ese es precisamente el motivo por el cual no se permite el acceso a las estaciones migratorias, incluso se habla hasta de desapariciones forzadas,” señaló la profesora e investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México, Luisa Gabriela Morales Vega, especialista en derecho migratorio internacional.
Acceder a una estación migratoria es casi imposible, en ello coinciden grupos religiosos, organizaciones no gubernamentales y académicos que trabajan con asuntos migratorios o han solicitado acceso para brindar apoyo humanitario o realizar una investigación.
La negativa contradice al reglamento de la Ley de Migración en su artículo 224, el cual establece de manera clara que las personas antes mencionadas pueden acceder para realizar “actividades extraordinarias, de estudio o investigación” siempre y cuando cumplan con los requisitos, horarios y condiciones establecidas.
Incluso la negativa se ha extendido a organizaciones internacionales como Human Rights Watch:
“Cuando llamamos al INM en marzo de 2015, la directora de comunicación social nos dijo verbalmente que nuestra solicitud de acceso había sido denegada por razones de seguridad nacional y privacidad,” documentó la organización al relatar su intento por acceder a Siglo XXI, una de las estaciones migratoria más grandes del país ubicada en Tapachula, Chiapas.
Human Rights Watch pudo acceder a la estación de Acayucan en Veracruz, aunque con ciertas limitantes a decir de su informe “Puertas cerradas. El fracaso de México en la protección de niños refugiados y migrantes de América Central,” donde relatan que las conversaciones realizadas en ese centro “no fueron entrevistas individuales a profundidad,” por lo que no se incluyeron en el número total reportado en el informe.
¿Entrevistas condicionadas?
Enfoca tu entrevista en la “parte humana” y así quizás te la concedan, fue la respuesta que ofreció a Arena Pública una de las subdirectoras del área de prensa del Instituto Nacional de Migración, cuando el medio solicitó una entrevista con el director general de Control y Verificación Migratoria, Mario Madrazo Ubach, responsable de las estaciones migratorias.
“Así no te la van a dar, nosotros somos una instancia de seguridad nacional, no podemos hablar ni de protocolos ni de muchas cosas […] pero si tú me das un tema que a lo mejor le interese o que no hable mucho acerca de esto, digo la situación de los migrantes como llegan, en que estado llegan, pues si podría ser esa parte, pero la parte humana,” dijo la subdirectora.
En la cuarta llamada para solicitar la entrevista la funcionaria del Instituto Nacional de Migración afirmó categóricamente “no, ahorita no están dando ninguna entrevista,” pero minutos después sugirió suavizar el tono de la entrevista para lograr su autorización desde la secretaria de Gobernación.
“Te voy a dar un tip: Me vas a hacer un correo que yo le voy a mostrar a mi jefa; no le digas con quien, dile que te gustaría que hablaran de qué se ha hecho en el Instituto en cuanto a las estaciones migratorias; que ustedes saben que antes tenían barrotes, como tipo cárcel, pero que saben que toda esa imagen se ha cambiado. Házmela así”, instruyó la funcionaria a la periodista.
Parte del tip y la sugerencia para Arena Pública fue enfocar la entrevista en cuestiones como el cambio de imagen de las estaciones migratorias o los nutriólogos que atienden a los migrantes, entre otros aspectos.
Estación migratoria de Tapachula, Chiapas. Imagen de Juan de Dios García Davish, director de la agencia de noticias Quadratín de Chiapas.
“Una de las grandes restricciones para publicitar y dar a conocer información, para esclarecer las facultades y la actuación de las autoridades es frenada por motivos de seguridad nacional,” asegura la especialista en derecho migratorio internacional, Luisa Gabriela Morales Vega.
“Al ser la seguridad nacional algo no definido concretamente, las autoridades pueden valerse de eso como una herramienta, alegarla en todo momento para dejar de cumplir con sus obligaciones de transparencia,” añadió.
Tampoco Human Rights Watch pudo entrevistarse con Mario Madrazo, el responsable de las aprehensión y detención de migrantes. “Intentamos, sin éxito, reunirnos con funcionarios de la Dirección General de Control y Verificación del INM,” expusieron en su informe.
“Entre febrero de 2015 y enero de 2016 hicimos diez intentos por escrito y por teléfono para reunirnos con funcionarios del INM, solicitar acceso a los centros de detención y pedir información y comentarios sobre nuestros hallazgos,” relata la organización, pues la dirección que dirige Madrazo nunca respondió a sus solicitudes de información o comentarios sobre los resúmenes de las conclusiones preliminares de su informe.
El carácter de seguridad nacional cobija a los funcionarios de migración del escrutinio público. En el Portal de Obligaciones de Transparencia del gobierno federal información básica como el nombre, teléfono y correo electrónico del director de estaciones migratorias es “información clasificada como reservada.”
Una ley que criminaliza a los migrantes
La Ley de Migración tiene un doble carácter, es una legislación garantista y protectora de derechos, y por otro lado un asunto de seguridad nacional, explicó la investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México, Luisa Gabriela Morales Vega.
Esta clasificación no es adecuada porque es una contradicción que impide a la Ley verdaderamente garantizar, proteger y promover los derechos de los migrantes, señaló Morales.
El Instituto Nacional de Migración forma parte del Sistema de Seguridad Nacional, pues en México se considera que los migrantes pueden traer o ser causa de amenazas a la nación como violencia generalizada, conflictos armados, enfermedades, pandemias, entre otros.
Por ser parte del Sistema de Seguridad Nacional el Instituto Nacional de Migración tiene un fuerte intercambio de información y bases de datos con la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaria de Marina, incluso comparte bases de datos con policías de países de la región como la Interpol, informó la especialista en derecho migratorio internacional.
"Si un migrante fuera delincuente hay manera de saberlo, migración puede incluso llevarlo a la Procuraduría y levantar una denuncia en su contra,” dijo Morales Vega.
A un migrante que no acredita su legal estancia en México lo detienen en calidad de “alojado”. De acuerdo con la Ley los migrantes tienen la opción de solicitar acilo o refugio bajo ciertas condiciones, sino las cumplen entonces su alternativa es el retorno asistido, es decir, las autoridades migratorias deben pagar su traslado y ponerse de acuerdo con las autoridades consulares para llevarlo a su lugar de origen.
“La realidad es que los van a botar a la frontera con Guatemala muchas de las veces, aunque si se han verificado retornos asistidos efectivos,” relata Morales.
La mano de Estados Unidos
El objetivo de la política estadounidense era interceptar el flujo de migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador transfiriendo las responsabilidades del control inmigratorio a las autoridades de México, lo sugieren las declaraciones del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jeh Johnson y otros funcionarios de ese país. Con esta aclaración inicia su informe Human Rights Watch.
Se refieren a los elogios que ha realizado Johnson a México por tomar “medidas importantes para interceptar el flujo de migrantes ilegales procedentes de Centroamérica con destino a Estados Unidos”.
Jeh Johnson, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Human Rights Watch menciona en su informe que tanto los números como las declaraciones sugieren la intervención de Estados Unidos en las políticas migratorias del país.
“Estados Unidos logró convencer a México para que asumiera un papel más activo en el control de la inmigración a lo largo de su frontera con Guatemala,” lo sugiere el hecho de que las aprehensiones de niños no acompañados procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador -en ese país- disminuyeron durante 2014 y 2015, mientras que las detenciones por parte de México aumentaron.
En sintonía con ello, la especialista en derecho migratorio internacional, Luisa Gabriela Morales, asegura que en los últimos años la faceta de seguridad nacional de la Ley de Migración "se ha desarrollado muchísimo, mientras que la parte garantista sigue siendo retórica."
Un ejemplo de esta intervención ocurrió en el verano de 2014, cuando el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos lanzó el “Operativo Coyote,” el cual tenía por objetivo detener el flujo de migrantes centroamericanos, pero implicó el despliegue de investigadores de ese departamento en México y América central, un hecho que Human Rights Watch documento en su informe.
MÁS INFORMACIÓN: Huyen al norte guerrerenses y michoacanos desplazados por la violencia, Arena Pública, 07 de septiembre de 2016.
MÁS INFORMACIÓN: Niños migrantes son detenidos en condiciones carcelarias, Arena Pública, 22 de agosto de 2016.
MÁS INFORMACIÓN: Los desplazados en México, una danza de cifras que revela la indiferencia, Arena Pública, 12 de agosto de 2016.
