Monopolios profundizan desigualdad en América Latina: PNUD
El amplio poder político y económico de las empresas más ricas en América Latina es el que las mantiene en el mercado y no su competitividad, advierte el Informe Regional de Desarrollo Humano Atrapados: Alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y el Caribe.
Los datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 2019 estiman que en México, el 42% del PIB correspondió a los ingresos de las 50 empresas más grandes del país, una de las cifras más altas de la región donde lidera Chile con 70% de participación de la élite empresarial en el PIB.
La alta concentración del poder del mercado -capacidad de una empresa para fijar los precios por encima de los que existirían en condiciones de competencia- en Latinoamérica y el Caribe, repercuten en forma de una menor calidad de productos y servicios, así como de mayores precios por los mismos elementos que golpean principalmente a los estratos más pobres de la sociedad, pues exprimen su capacidad de consumo al no tener otras opciones en el mercado interno.
“En las zonas urbanas de México, las pérdidas relativas de bienestar experimentadas por las familias más pobres debido al poder de monopolio en los mercados de bienes esenciales -tortillas de maíz, carnes procesadas, pollo, huevos, leche y otros- son un 19.8% superiores a las de los hogares más ricos” señala el informe.
La desigualdad en América Latina es la segunda mayor del mundo con 0.460 puntos dentro del coeficiente de Gini -donde el 1 representa la desigualdad absoluta- solo por debajo del África Subsahariana con 0.438 puntos.
Según Oxfam México, el 1% de la población concentra el 43% del total de la riqueza mientras que 55.3 millones de personas viven en pobreza. En dicho 1% se incluyen 13 multimillonarios los cuales son parte de los más ricos de todo el mundo según el listado que realiza Forbes.
La riqueza en México, como suele suceder en otros países de América Latina, se concentra en fortunas familiares, pero el país lidera pues el 90% de los ingresos de las 50 empresas más grandes son para estas élites familiares.
La pandemia causó un aumento de la desigualdad entre la población de menores y mayores ingresos que redujo el coeficiente de Gini de de 0.490 a 0.512 entre el primer trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021 según los datos del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (CONEVAL).
En contraste, 11 de los 12 multimillonarios mexicanos que forman parte de la lista de Forbes incrementaron sus fortunas, entre ellos Germán Larrea, dueño de Grupo México -empresa que controla minería, transportes, infraestructura e incluso cines-, que aumentó su fortuna en 135% al pasar de 11 mil millones de dólares (MDD) en 2019 a 25.9 MDD a 2020 impulsado por el alto precio de los metales que benefició a sus actividades mineras.
Recientemente, la contracción del empleo y la necesidad de nueva inversión para lograr la recuperación ha aumentado la capacidad de intervención política de los empresarios para mantener e incluso ampliar su poder de mercado, un aumento de riesgo derivado de la pandemia, advierte el informe.
El cabildeo detiene el combate a la desigualdad
Las empresas más poderosas de cada país mantienen su concentración del poder de mercado a través de su incursión en la política, acusa el organismo internacional.
A través del llamado cabildeo o lobbying, los intereses privados mantienen su poder al aportar financiamiento a las campañas de candidatos al poder ejecutivo o legislativo a cambio de la promesa de votar en contra o a favor de leyes que afecten su economía, como reformas tributarias o leyes de competencia.
El abuso se extiende al poder judicial. Actualmente, destaca el informe de la PNUD, existen consultoras dedicadas exclusivamente a la tramitación de amparos para organismos empresariales con el objetivo de protegerse de leyes que afecten sus intereses e incluso derribarlas.
En 20 de países de América Latina y el Caribe existen leyes antimonopolio, sin embargo con excepción de Brasil, la mayoría de las denuncias ante fusiones abusivas son permitidas.
La presencia en México es tal que existen acusaciones de utilización del poder político para proteger los monopolios estatales -como los amparos contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica- así como a favor de las grandes empresas privadas como en la llamada Ley Televisa -debido a que su principal beneficiaria era la integrante del duopolio televisivo, ambas señaladas por dificultar la participación de las empresas menores en el mercado.
Además, las amenazas de fuga de capitales privados -principalmente de empresas extranjeras- son comunes como forma de presión para desincentivar a los gobiernos de adoptar políticas tributarias progresivas y/o ampliaciones a las legislaciones laborales existentes.
Multinacionales, en la mira
De las 50 empresas gigantes que lideran el mercado mexicano, 26% corresponde a multinacionales, es decir que su sede matriz se encuentra en otro país.
A nivel mundial, las empresas multinacionales son las mayores debido a su alcance para posicionar y vender sus productos en distintos mercados, lo que aumenta sus ingresos por transacciones pero también les permite aprovechar menores costos de producción, principalmente ante una mano de obra barata y de menores impuestos.
En su primer reunión presencial desde el inicio de la pandemia, el Grupo de los 7 (G7) conformado por siete de los países más relevantes para la economía, acordaron impulsar un impuesto global de mínimo 15% a las mayores empresas del mundo, entre la cuales destacan las multinacionales tecnológicas como Apple, Google y Amazon.
En una reunión, la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen y el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, discutieron la propuesta que busca ser extendida a los países miembro del Grupo de los 20 (G20) del cual forma parte México, debido a que el acuerdo plantea que parte de los impuestos tributados sean dirigidos a los países donde operan las empresas y no solo a dónde tienen matriz.
No obstante el acuerdo fue criticado por la baja tasa del gravamen, pues en Estados Unidos es de 21% -Joe Biden prometió subirla a 28%- mientras en paraísos fiscales como Singapur es de 17% y en Irlanda del 12.5%.
