Oportunismo presupuestal
En el mundo los gobiernos suelen utilizar su presupuesto, dentro o fuera de los márgenes jurídicos vigentes, para influir en los procesos electorales que van a enfrentar. En México hay una larga relación de estos ciclos políticos presupuestales, y todo parece indicar que el gasto público repetirá la historia en lo que resta de su ejercicio para 2023 y lo proyectado para 2024.
Un ciclo político presupuestal es el uso del gasto público antes de un proceso electoral, para maximizar la probabilidad de ganar o retener posiciones de poder político. Esto no necesariamente significa compra de votos u otros actos de corrupción, pero sí involucra la elevación y recomposición de parte del gasto, así como cambios en la temporalidad de su ejecución. Generalmente esto ocurre al menos seis meses antes de una elección.
Hay evidencia de que en las 14 elecciones federales anteriores se han presentado estos ciclos políticos presupuestales, incluyendo la de 2021. En la última elección federal esto consistió en ejecutar más gasto programable (para bienes y servicios públicos) que el autorizado, en elevar el gasto en desarrollo social en el doble de lo que se aumentó el gasto programable, y dentro del gasto social elevar en dos veces más lo dedicado a las pensiones a adultos mayores que al resto de dicho gasto.
2023 no parece ser un año donde se haya preparado un ciclo político presupuestal. El gasto programable corresponde a una fase de recuperación manteniendo un déficit presupuestal semejante al del año previo, sin aumentos en el gasto social muy por arriba del gasto en otros rubros. Tampoco el rubro de protección social, que engloba una gran parte de las transferencias monetarias, crece desproporcionadamente.
Pese a lo anterior, al mes de julio del presente año, el gasto presenta un importante subejercicio (141.3 miles de millones de pesos o alrededor del 4.2% del gasto), lo cual significa que si se ejerce lo autorizado en el tiempo que falta habrá un gasto extraordinario para el periodo en el que inicia oficialmente el periodo electoral de 2023. Este subejercicio no se había presentado en esta magnitud para el mismo lapso en los dos últimos años, y es semejante al que ocurrió en la pandemia (ver México Evalúa, números de Erario).
Más importante que el posible inicio del ciclo político presupuestal en 2023 es su confirmación para 2024 con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF). Para el año próximo se espera una disminución de los ingresos presupuestarios junto con un aumento en el gasto no programable (relacionado a la deuda acumulada), lo que aconsejaría moderar notablemente los aumentos del gasto programable para mantener un déficit presupuestal similar al de años anteriores. Sin embargo, esto no se plantea.
Para 2024 el PEF propone un aumento del gasto programable de 4%, lo que junto con el incremento del gasto no programable y la caída de ingresos conduce al déficit público más grande desde 1988. Ésta ya es una señal de alarma en cuanto a la existencia de un uso del presupuesto con vistas a las elecciones, pero hay más. El aumento en el gasto social es 77.5% más grande que el del gasto programable proyectado para 2024.
Aunque del presupuesto para desarrollo social aumenta el gasto en salud y educación, estos incrementos prácticamente no hacen variar la proporción que representan del PIB. En cambio, las transferencias monetarias, en particular las pensiones no contributivas a adultos mayores aumentarían 25%, con lo que alcanzarían el 1.4% del PIB en 2024, siendo de 1.1% del PIB en 2023.
El punto central de un ciclo político presupuestal no es si el gasto que impulsa es conveniente o no, ni si pone en riesgo o no a las finanzas públicas, aunque estos elementos son importantes en sí mismos, sino el uso oportunista del presupuesto. Claramente, el gobierno actual no pretende incurrir en un mayor déficit en 2024 por una emergencia ni porque implemente una política contra el ciclo económico, pues a diferencia de 2020 no existe una emergencia sanitaria ni se prevé una recesión. Lo hace porque le conviene electoralmente y puede hacerlo.
Rodolfo de la Torre
Actualmente es Director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Ha sido coordinador de la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Director del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, y Director de El Trimestre Económico, del Fondo de Cultura Económica (FCE). Fue parte del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México. Es economista por el ITAM, y maestro en Filosofía de la Economía por la Universidad de Oxford.
