Héctor Serrano dejará la Semovi sin aclarar dónde están los 130 millones que ha pagado Uber
Ya lo anunció. El titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México, Héctor Serrano dejará la dependencia el 18 de septiembre.
Uno de los pendientes que tiene por aclarar es el destino que han tenido los 130 millones de pesos que ha aportado Uber al Fondo para la Movilidad, el Taxi y el Peatón de la Ciudad de México producto del 1.5% de impuesto que se paga por cada viaje.
El 4 de septiembre de 2017, el director de comunicación de Uber México, Carlos Olivos, informó que, desde julio de 2015, cuando entró en vigor la regulación para el servicio de transporte privado mediante aplicaciones en teléfonos móviles, como el que ofrece Uber, se ha cumplido puntualmente con las aportaciones que determinó el gobierno capitalino.
“Hemos realizado las aportaciones que actualmente suman MX $130 millones. Pago que se ha realizado siempre notificando oportunamente a la Semovi”, detalló el directivo de la empresa en un documento publicado en diversos medios de comunicación para aclarar el destino de esos recursos.
El gobierno capitalino no ha informado ni los montos ni el destino de estos recursos debido a que no entran a las arcas públicas de la Ciudad de México, sino a un fideicomiso privado, el cual permanece en total opacidad.
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Desde hace más de dos años entró en vigor la regulación de servicios como Uber -otra empresa Cabify también entró en esa regulación- y fue mediante la publicación de un par de acuerdos en la Gaceta Oficial del Distrito Federal como se puso en marcha la normatividad.
El documento establece la obligación de todos los dueños de vehículos sumados a plataformas como Uber y Cabify de realizar una aportación equivalente al 1.5% de cada viaje realizado, al Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón.
1.5% de lo que pagas por cada viaje en Uber lo tiene el gobierno de la capital y no sabemos en qué se ha usado.
Este fondo es un fideicomiso que se constituye por tres partes: la parte que aporta (fideicomitente), es decir, Uber; Banco Interacciones, como fiduciario y administrador de los bienes fideicomitidos (fiduciario), y un único beneficiario, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (fideicomisario).
Según el directivo de Uber, la única parte que puede disponer de los recursos es la Semovi, mediante un Comité Técnico, pero eso es en teoría, en la práctica no se sabe si esos recursos siguen ahí ni en qué se han utilizado.
La opacidad en Semovi
¿Por qué se optó por un fideicomiso privado para ingresar ahí las aportaciones de Uber y Cabify? Esa tendría que ser la primera respuesta que dé el secretario de Movilidad, Héctor Serrano.
Por ejemplo, cuando aumentó la tarifa del Metro de tres a cinco pesos se creó un fideicomiso mediante el cual se financiarían las acciones de mejora del sistema de transporte. A ese fideicomiso se destinan dos de cada cinco pesos que aportan los pasajeros por cada viaje, y las autoridades del Metro dan cuenta del uso de estos recursos.
Con lo que han aportado empresas como Uber y Cabify no sucede lo mismo.
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“En Uber aceptamos esta disposición (crear el fideicomiso privado), ya que consideramos que el destino de los fondos a los proyectos de transporte, movilidad y peatón que más lo requieran es algo que corresponde a las autoridades, y por expertos independientes y académicos cuando así se requiera”, explicó Olivos.
Y cuando a Héctor Serrano se le piden cuentas sobre los recursos del fideicomiso, lo único que hace es dar evasivas, argumentando que por ley no puede dar esa información.
La regulación de Uber se dio luego de protestas de taxistas de la CDMX.
“La propia ley, que yo revisé, lo consulté con los abogados, no me permite dar a conocer las modalidades, por ley, del propio fondo. Pero desde hace tiempo le di intervención a la Contraloría, no sé si ya concluyó con la auditoría, no tengo por qué saberlo. Va a auditar si el fondo se hizo con los lineamientos establecidos, con la legalidad y la normatividad”, respondió al periódico Excélsior el 23 de agosto.
Mismo servicio, diferente regulación
El 11 de mayo de 2017, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México -y jefe de Serrano- Miguel Ángel Mancera se refirió al servicio de Airbnb como “el Uber de los hoteles”.
Y esto lo dijo cuando se formalizó el protocolo de colaboración entre el Gobierno de la Ciudad de México y la plataforma digital para reservar hospedaje en cientos de ciudades del mundo.
El acuerdo establecía que quienes ofrezcan alojamiento en la capital del país a través de la aplicación deberían pagar el 3% de Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje.
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Para ello, se hizo una adaptación al artículo 220 del Código Fiscal de la Ciudad de México -el documento oficial que establece los montos de todos los cobros que puede hacer la administración capitalina- a fin de incluir la figura de intermediario, promotor o facilitador en el cobro de las contraprestaciones por servicios de hospedaje.
De esta forma, se estableció que quienes ofrezcan hospedaje mediante la plataforma Airbnbn se inscriban al padrón de dicho impuesto y presenten a más tardar el día 15 de cada mes, una declaración por el total de las contraprestaciones percibidas en el mes inmediato anterior.
Así, se incorporó de manera obligatoria pero sencilla a más contribuyentes y, para sorpresa de muchos, eso ya se vio reflejado en los ingresos que recibe el gobierno local.
En junio de este año, Airbnb y Mancera acordaron el mecanismo para el pago de impuesto.
De acuerdo con el Informe de Avance Trimestral Enero-Junio de 2017, del gobierno de la Ciudad de México, la recaudación del Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje mostró un repunte con una variación positiva, a tasa real anual, respecto al mismo periodo de 2016 de 4.7%.
Dicho de otra forma, en el primer semestre de 2016 se recaudaron 203 millones de pesos por este impuesto y en el 2017 la cifra aumentó a 213 millones.
Según la Secretaría de Finanzas capitalina, “a partir de junio del presente año la plataforma Airbnb inició funciones como auxiliar de recaudación de la Tesorería en materia del impuesto al hospedaje, con esto la CDMX se convierte en la primera en el país y América Latina en la que se utiliza a este tipo de plataformas como retenedoras de dicho tributo”.
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Los dueños de conductores de Uber deben pagar anualmente mil 951 pesos de registro y el 1.5% de cada viaje, pero a diferencia de Airbnb cuyas tributaciones sí podrán ser públicas, las de los taxis permanecen oculto.
Con ello surge otra pregunta para Serrano y Mancera: ¿por qué en Uber y Cabify no se tomó una medida similar?
MÁS INFORMACIÓN: Código Fiscal de la Ciudad de México para el 2017, Secretaría de Finanzas de la CDMX, diciembre de 2016.
MÁS INFORMACIÓN: Informe de Avance Trimestral Enero-Junio 2017, Secretaría de Finanzas de la CDMX, 15 agosto de 2017.
MÁS INFORMACIÓN: Acuerdos para regular los servicios de transporte privado mediante aplicaciones móviles, Gaceta Oficial del Distrito Federal, 15 de julio de 2017.
MÁS INFORMACIÓN: Protocolo de colaboración entre el Gobierno de la Ciudad de México y la Plataforma Digital Airbnb, Gobierno de la Ciudad de México, 11 de mayo de 2017.
MÁS INFORMACIÓN: Respuesta de Uber sobre el Fondo de Movilidad, Animal Político, 4 de septiembre de 2017.
