Regulación del trabajo en Uber y Rappi aún en pañales en México
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) adelantó que se están buscando opciones para resolver los conflictos laborales entre empresas de apps y los llamados "socios" trabajadores.
La titular de la Secretaría, Luisa María Alcalde aseguró que se busca una forma de regular el trabajo que se desarrolla vía aplicaciones móviles como Uber, Rappi y Didi, debido a que a nivel mundial existe un conflicto entre repartidores, conductores y otros “socios” trabajadores quienes exigen ser reconocidos como trabajadores por las empresas para poder acceder a los derechos laborales básicos de sus legislaciones locales.
El modelo de negocio de estas empresas se basa en la vinculación entre dos tipos de usuarios: los consumidores y los “socios”. Los primeros son quienes realizan pedidos de comida o solicitan un transporte privado por la aplicación. Los segundos son quienes reparten la comida o son choferes de los vehículos pero no son reconocidos como trabajadores.
En diversos países como España, Estados Unidos, Reino Unidos y Brasil repartidores y choferes se han organizado para presionar a sus gobiernos para garantizar mejores condiciones para el desempeño de su actividad pues denuncian que las empresas evaden sus responsabilidades patronales a pesar de que la dinámica de la aplicación implica un trabajo subordinado.
“Todos los problemas de inseguridad, de accidentes, de compañeros que sufren alguna incapacidad permanente se originan en no ser reconocido laboralmente, lo que nos impide acceder a prestaciones como seguridad social” dijo Sergio Guerrero, Secretario General de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA), primer sindicato de este tipo en el país, en entrevista.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) que califica a este modelo laboral como “trabajo no convencional”, ha hecho un llamado a garantizar los derechos de estos nuevos trabajadores.
“[El trabajo en apps] se caracteriza por un elevado incumplimiento de los criterios del trabajo decente: presenta inestabilidad de trabajo e ingresos, una significativa proporción de tiempo no remunerado, largas jornadas de trabajo y la ausencia de protección sociolaboral”, señaló el organismo.
A nivel mundial, la cantidad de personas bajo ese esquema se ha quintuplicado desde hace 10 años. Más de la mitad de ellos ganan menos de dos dólares por hora y en promedio trabajan más de 59 horas a la semana, incluso más tiempo que un trabajador regular.
Saúl Gómez, vocero de la organización de repartidores #NiUnRepartidorMenos dijo a este medio que la entrada en vigor del Impuesto sobre Servicios Digitales en 2020 es una razón más por la que se les deben otorgar los mismos derechos laborales “Nosotros ya cumplimos con obligaciones fiscales por lo que tenemos que recibir contraprestaciones por esto, no más ni menos que lo que un trabajador normal”
Si bien la regulación está en la mira de la Secretaría, Alcalde reconoció que no existe una propuesta formal. Las opciones pueden ser buscar un mecanismo flexible en el IMSS sin modificación legislativa o una reforma laboral, señaló.
Desde su perspectiva, Gómez considera que se debe “crear un apartado más de la Ley Federal del Trabajo (LFT) para el trabajo en plataforma por que esto no será solo de choferes o repartidores. Se vienen paseadores de perros, trabajadores del hogar, diseñadores gráficos, reporteros, incluso ingenieros”.
Para la UNTA, una reforma laboral ayudaría a poner el piso parejo para todos los trabajadores, sin embargo, señala que es posible lograr la regulación en el marco laboral vigente, “que no existiera un capítulo explícito para nosotros no significa que las empresas tengan el permiso de violar la LFT”.
No se ha incluído a trabajadores en negociaciones
La búsqueda gubernamental para poner límites y regulaciones a las apps no es nueva sino que se remonta incluso al momento en que estas llegaron al país.
En 2015, cuando las aplicaciones móviles ingresaron al país se creó en la Ciudad de México el llamado “fondo Uber” un impuesto de 1.5% a las ganancias de los choferes, medida impuesta ante la exigencia de las organizaciones de taxistas de la ciudad, quienes acusaban competencia desleal por parte de la app.
El fondo fue eliminado en 2020 por la Secretaría de Movilidad, a cargo de Andrés Lajous, ante acusaciones de opacidad en su operación, por lo que sus recursos -de 450 millones de pesos- fueron reasignados al Fideicomiso para el Financiamiento de la Mejora del Transporte Público.
La decisión fue criticada por los choferes y repartidores quienes denunciaron que el objetivo original de los recursos -el mejoramiento de la infraestructura vial- había sido modificado arbitrariamente hacía la sustitución de unidades de los sitios de taxis.
El vocero de NURN denuncia que la exclusión de los repartidores de las negociaciones es muestra de la poca disposición del gobierno a regular las apps. “Si quisieran regularlas nos hubieran invitado [a los repartidores] cuando la secretaria de Economía Tatiana Clouthier se reunió con las empresas. Incluso dos empresas preguntaron por el tema laboral, pero el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México nos invisibilizaron”, dijo.
En la reunión realizada a principios de este año, con representantes de Uber, Rappi, Didi y la Canirac, se acordó la reducción de las comisiones cobradas a los restaurantes que utilizan las aplicaciones para ofrecer sus servicios, que ante la pandemia el gremio restaurantero acusó de excesivas.
Sin embargo, a pesar de ser la primera línea del esquema durante la pandemia, las ganancias, comisiones y condiciones de trabajo de los repartidores no fueron consideradas en la discusión.
El nuevo intento de regulación es bienvenido, pero el Secretario General de la UNTA advierte que “siempre existe el riesgo de que la legislación no incluya las preocupaciones y las opiniones de los trabajadores implicados. Estamos abiertos a ser consultados, pero mientras no veamos el proyecto en sí no podemos opinar”
En opinión de los voceros, la construcción de una nueva legislación debe incluir al gobierno, trabajadores y empresas para evitar conflictos derivados de la legislación como la posible salida del mercado de las aplicaciones.
Guerrero considera que el mercado mexicano es muy robusto al ofrecer grandes tasas de ganancia independientemente del modelo laboral por lo que si bien es una amenaza recurrente, la salida no es un escenario realista.
En España, la aplicación Deliveroo salió del país luego de la aprobación de la llamada Ley Rider, sin embargo, la empresa aseguró que la nueva legislación no fue la razón para tomar esta decisión sino por “dificultades en la viabilidad del negocio”.
Alrededor del mundo existen más de 777 plataformas distintas, número que sigue creciendo. En febrero, la corte suprema de Reino Unido decretó el reconocimiento de los choferes por parte de Uber obligando a la empresa a dotarlos de un salario mínimo.
Otros países en Latinoamérica, como Chile, Brasil y Argentina, han emitido resoluciones judiciales similares aunque no se han realizado modificaciones a las legislaciones laborales vigentes.
