La SCJN acumula dinero para pensiones pero no los usa y ¡piden más!
Los ministros de la Suprema Corte tienen mucho que explicar.
Los responsables de defender el orden establecido en la Constitución llevan, por lo menos siete años, acumulando recursos en seis fideicomisos que deberían gastar, entre otros rubros, en el pago de pensiones y prestaciones médicas.
El asunto funciona así.
Del 2010 al 2016 el Máximo Tribunal gastó menos de 1% de los recursos contenidos en los fideicomisos en los objetivos para los que fueron creados. Con los rendimientos generados la bolsa ha crecido paulatinamente.
Los fideicomisos hoy, equivalen al 75% del presupuesto de la corte para 2017, es decir, un total de 4,157 millones de pesos hasta al primer trimestre del presente año, de acuerdo con los datos publicados en el Diario Oficial de la Federación.
Pero ahí no acaba todo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría financiar su gasto en pensiones y seguros médicos con los recursos de los fideicomisos, pero no lo hace, cada año pide recursos públicos para costearlos.
Este modus operandi ha sido documentado y denunciado por la Auditoría Superior de la Federación desde 2010 y –a decir de los números- desoído por estos.
Se trata de los fideicomisos:
Los fideicomisos se han engordado con casi 435 millones de pesos en lo que va del sexenio, lo que representa un crecimiento de 12% en tres años, desde los 3,722 millones que tenían en 2013.
El aumento obedece a los rendimientos acumulados y a que el porcentaje que se gasta de los fideicomisos es cada vez menor.
En 2014 el incremento fue de 2% o 71 millones de pesos; en 2015, 3.3% o 125 millones y en 2016, 4% o 175 millones.
Cabe destacar que en los últimos dos años el alza fue mayor no importando la austeridad que se promulgó desde el gobierno federal a consecuencia de la merma en los ingresos petroleros.
Acumular presupuesto y luego pedir más
La Suprema Corte debería evaluar la pertinencia de utilizar los recursos de los fideicomisos para pagar los gastos de los objetivos para los cuales fueron constituidos y que actualmente se cubren con recursos del presupuesto, fue la recomendación de la más reciente auditoría a la Suprema Corte, la cual se practicó a sus saldos hasta 2014.
Ese año no se gastó nada del fideicomiso que resguarda los recursos para las prestaciones médicas de todos los trabajadores del Poder Judicial en ese fin. Solo se erogó el 0.5% del saldo total o 475,300 pesos en honorarios fiduciarios y otros, de acuerdo con el mismo informe.
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Otro buen ejemplo es que solo 5% o 1.1 millones de pesos para pensiones de los trabajadores de la corte se cubrieron con cargo al patrimonio de los dos fideicomisos para tal fin, el restante 95% o 22.7 millones de pesos con la asignación presupuestal del alto tribunal, también en 2014.
“Cabe señalar que en los Acuerdos Generales de Administración números I/2006 del 30 de enero de 2006 y VII/2005 del 17 de octubre de 2005, así como en los propios contratos de los fideicomisos, se estipuló claramente que las pensiones complementarias no tienen carácter de obligatorio y permanente, e incluso pueden suspenderse de no contar”, aclaró el informe de auditoría.
El que parte y recomparte…
El fideicomiso para las pensiones de los servidores públicos de mando superior para la Suprema Corte acapara el 13% de los recursos totales de los seis fideicomisos o 545 millones de pesos al primer trimestre de 2017.
Si ese fideicomiso se suma al de las pensiones par a mandos medios y personal operativo del mismo organismo su participación conjunta se eleva a 60% del recurso o 2,371 millones de pesos.
Ministros de la Suprema Corte con el presidente Enrique Peña e integrantes del gabinete.
En contraste, representan 2.3% o 95 millones de pesos los recursos del fideicomiso para el plan de prestaciones médicas para todos los empleados del Poder Judicial de la Federación, es decir, para los trabajadores de la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Recursos ociosos, fideicomisos sin reglas
Los recursos de los fideicomisos están ociosos porque ni se aplican para los objetivos que fueron creados, ni coadyuvan a lograr objetivos institucionales alineados con la situación económica del país.
Además, su constitución, operación, administración y extinción se rigen por acuerdos que no se ajustan a los criterios de austeridad y racionalidad que limiten su ejercicio, duración y captación de recursos, concluyó el informe de la Auditoría Superior de la Federación al 2014.
Para evitar la opacidad en su administración y que los recursos continúen ociosos el organismo regulador hizo dos recomendaciones a la Cámara de Diputados.
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A la Comisión de Puntos Constitucionales para que emita una legislación general para regular la creación, operación, duración, vigilancia y extinción de los fideicomisos. De esa forma se podría tener un control de todos los recursos públicos que se encuentren disponibles en los mismos y de los que se hayan transferido.
Y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que considere en la asignación presupuestal los recursos que la Suprema Corte tiene en fideicomisos.
Eso fue en 2014 y hasta la fecha no existe tal legislación y además la Suprema Corte sigue abusando del presupuesto utilizando una ínfima parte de los recursos contenidos en los fideicomisos para pagar sus pensiones y prestaciones médicas complementarias.
MÁS INFORMACIÓN: Auditoría Financiera y de Cumplimiento 14-0-03100-02-0034 a los fideicomisos donde SCJN es fideicomitente, ASF, 2014.
