Exministra Olga Sánchez Cordero viola ley al convertirse en consejera de Banorte
Al concluir su periodo como vigilante de la justicia se saltó las trancas de la ley.
Por 20 años Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila se dedicó a velar por la correcta aplicación de la justicia en el máximo tribunal de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Apenas unos meses luego de terminar el encargo la exministra se convirtió en consejera propietaria del Grupo Financiero Banorte, uno de los cuatro bancos más grandes de México, con ello incurrió en conflicto de interés, pues violó lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Cuando un trabajador cuyo salario se pague con impuestos de los ciudadanos concluya su encargo debe esperar por lo menos un año antes de aceptar empleos, cargos o comisiones que procedan de personas o empresas cuyas actividades estuvieron vinculadas o supervisadas por este cuando funjía como servidor público.
Así lo señala el artículo 8, fracción XII, de la ley de responsabilidades administrativas, que aplica a toda persona que desempeñe un empleo en el Congreso de la Unión, la Administración Pública Federal o el Poder Judicial de la Federación, como es el caso.
Sánchez Cordero se convirtió en consejera de Banorte el 22 de abril de 2016, menos de cinco meses después de concluir su encargo en la Corte el 30 de noviembre de 2015; es decir, incumplió con la espera de un año establecida por la ley.
Como ministra en el máximo tribunal del país, de 1995 a 2015, Sánchez Cordero participó en la resolución de diversos asuntos relacionados directamente con el Grupo Financiero Banorte.
En 2013, por ejemplo, le tocó participar en la resolución de una controversia constitucional del estado de Nuevo León relacionada con contratos y convenios firmados con la institución financiera para reestructurar la deuda pública.
Además de que tomó parte en recursos de reclamación contra el banco, contradicciones de tesis, amparos y otros que le involucraban.
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La relación de Sánchez Cordero con los asuntos empresariales de la familia González, propietaria del Grupo Financiero Banorte e Interacciones, tiene antecedentes importantes.
En 2006 se le turnó a la exministra un amparo interpuesto por Grupo Industrial Maseca (Gruma) en contra de la resolución de la Comisión Federal de Competencia, que le impedía adquirir Agroinsa ya que la operación implicaba una concentración en el mercado de la harina de maíz y de trigo.
Finalmente Agroinsa pasó a formar parte de las subsidiarias de Gruma, empresa que en aquel año era presidida por Roberto González Barrera, abuelo de Carlos Hank González, el presidente de Grupo Financiero Banorte.
Impunidad por huecos legales
La violación a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que cometió Olga Sánchez Cordero se considera una infracción grave e implica sanciones económicas de hasta tres veces el lucro obtenido.
Las infracciones graves prescriben en cinco años contados a partir del día siguiente en que se cometió, en este caso hasta el 22 de abril de 2021, así que aún hay tiempo para sancionar a la exministra.
La infracción de Olga Sánchez Cordero -aunque grave- no podrá ser sancionada a menos que se modifique la ley de responsabilidades administrativas.
Sin embargo, hay un hueco legal que permitirá la impunidad a la exministra y a todo aquel que cometa este tipo de violación: la ley solo aplica a servidores públicos y Sánchez Cordero ya no lo es.
A pesar de que la ley especifíca que los funcionarios públicos deberán abstenerse de ser contratados por empresas a las que regularon desde el ámbito público hasta un año después de concluir el encargo, la ley no aplica a los exservidores públicos, solo a los trabajadores en funciones.
Es por ello que hoy, sin tapujos, la experiencia en impartición de justicia y resolución de controversias que Olga Sánchez Cordero acumuló durante dos décadas está al servicio del grupo financiero que acapara la deuda de gobierno.
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La familia Hank González, propietaria de Grupo Financiero Banorte y Grupo Financiero Interacciones, acapara alrededor de 45% de la deuda de estados y municipios.
La violación a la ley de responsabilidades administrativas por parte de una exministra, incluso cuando no se le pueda sancionar, es una mala señal de la administración pública para la ciudadanía en su camino por combatir la corrupción.
MÁS INFORMACIÓN: Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
MÁS INFORMACIÓN: Semblanza de los miembros y secretario del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte, abril 2017.
