Insensible a la austeridad, SCJN gastó en salarios 200 millones más de lo presupuestado
Los tiempos de austeridad no son problema para los salarios de los servidores públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Con dificultades presupuestales o sin ellas seguirán creciendo.
Durante la administración encabezada por Enrique Peña Nieto el presupuesto de los ciudadanos ha sufrido el desplome del precio del petróleo desde los 100 dólares por barril a principios de 2013 hasta los 40 en que se ubica actualmente.
Lo que se ha traducido por lo menos durante los dos últimos años en una merma para el presupuesto público, menos recursos para gastar en salud, educación, seguridad.
Los ingresos petroleros representaban la tercera parte del total hasta 2013, es decir, la mayoría. En palabras del Presidente “se acabó la gallina de los huevos de oro”.
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Las nuevas circunstancias exigían de los administradores del dinero público austeridad, priorizar y reducir gastos.
En 2016 Peña Nieto anunció dos recortes por más de 164 millones de pesos e hizo un llamado a los funcionarios públicos que imparten justicia y a los legisladores para que hicieran lo propio.
Acorde con la desafortunada situación presupuestal la Suprema Corte anunció un recorte de 150 millones de pesos a su presupuesto de 2016 en febrero de ese año, el cual se aplicaría a: adquisiciones, servicios personales -nómina-, espacios físicos y tecnologías de la información.
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Pero la Cuenta Pública del año pasado -que se dio a conocer a finales de abril- reveló que, por lo menos en lo que respecta a la nómina no lo hizo.
El máximo tribunal gastó 242 millones de pesos más respecto de un año antes tan sólo en conceptos relacionados con sus salarios: remuneraciones al personal permanente; remuneraciones adicionales y especiales, remuneraciones al personal transitorio, así como en otras prestaciones sociales y económicas.
El ahorro anunciando quedo anulado tan sólo con el incremento de 8% anual que experimentó su gasto de nómina.
A pesar de que la Suprema Corte prometió cancelar plazas temporales en 2016 como parte de sus medidas de austeridad, ese gasto de nómina fue el que más creció, 28 % anual o 11 millones de pesos más respecto de 2015.
En lo que va de la administración el gasto en remuneraciones no ha metido el freno, se ha incrementado a un promedio de 7% anual de 2012 a 2016, es decir, la austeridad demandada por menores ingresos petroleros no ha tocado a los salarios de la Suprema Corte.
Los impartidores de justicia son unos de los menos vigilados en el país, esa podría ser una de las razones que explique la insensibilidad con la austeridad. En 15 años la Auditoría Superior de la Federación los revisó 20 veces.
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En contraste, a la secretaría de Desarrollo Social, por ejemplo, la auditaron 125 veces de 2000 a 2015.
Aunque los dichos de la autoridad que vigila el presupuesto en el país parecen tener poca mella.
La Auditoría denunció que la Suprema Corte acumuló casi 3,800 millones de pesos en un fideicomiso para garantizar pensiones complementarias y seguros de atención médica en hospitales privados a los ministros, altos funcionarios y personal operativo.
El detalle es que lo hizo a través de subejercicios, es decir, el presupuesto que no gasta en un año lo retiene en lugar de devolverlo a la federación como es debido.
La autoridad lo señaló desde 2015 y en la Cuenta Pública de 2016 la Suprema Corte gasto más de 11 millones de pesos en transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos, un gastó que -por cierto- no fue aprobado.
MÁS INFORMACIÓN: Cuenta pública, secretaría de Hacienda, 2016
MÁS INFORMACIÓN: Cuenta pública, secretaría de Hacienda, 2015
