Suprema Corte privilegia intereses del gobierno por encima de los trabajadores
La Suprema Corte "salvaguarda" los intereses económicos del gobierno sobre los de la ciudadanía.
Esta vez el golpe fue directo a los empleadores y trabajadores. La segunda sala de la Suprema Corte aprobó -el 21 de septiembre- un dictamen que impedirá deducir de impuestos el 100% de las prestaciones laborales a los empleadores. Las deducciones posibles se reducirán entre el 47% y el 53%.
La resolución "llevará a los empleadores a un aumento [del gasto] en la nómina que oscila entre el 5% y el 8%," aseguró el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos.
El ministro Eduardo Medina Mora fue quien emitió la resolución a favor de la presidencia y la Cámara de Senadores y contra los ciudadanos, quienes interpusieron el amparo 1010/2014 contra el decreto presidencial publicado el 11 de diciembre de 2013, el cual modificó diversas disposiciones fiscales, entre ellas la deducibilidad de las prestaciones sociales prevista en el artículo 28, fracción XXX de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Medina Mora ha sido uno de los ministros más cuestionados de la Suprema Corte. Académicos, abogados y miembros de la propia legislatura, pusieron en duda su capacidad para asumir el cargo en marzo de 2015, entre otras razones, por su escasa experiencia como abogado litigante y por las violaciones a derechos humanos que se suscitaron durante su encargo al frente de dos de las principales instancias de seguridad pública del país.
Las modificaciones hechas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta -y que están vigentes desde 2014- desestimulan a las empresas para que contraten a los trabajadores vía nómina y les otorguen prestaciones de ley como aguinaldo o prima vacacional, ya no se diga beneficios adicionales a la ley como vales de despensa, fondos de ahorro, entre otras, coinciden abogados y empleadores.
El hecho ha desatado críticas y ha evidenciado la preocupación tanto de la iniciativa privada, como del gremio de abogados fiscalistas.
“La sumisión gradual del Poder Judicial al gobierno en materia tributaria es ya patente, lo ratifican tres elementos: la desaparición del amparo contra las leyes en materia fiscal; el desmedido crecimiento del presupuesto en los últimos diez años a favor de la Corte, y la designación de ministros con claros conflictos de interés por haber velado por los intereses económicos del Estado y nunca de los particulares”, denuncia el abogado fiscal, Eduardo Revilla.
“No es posible que en estos momentos difíciles para nuestra economía se preserven prestaciones de altos funcionarios del sector público e incluso de legisladores, jueces y ministros, con planes benévolos de retiro y seguros, mientras se aplica la restricción fiscal para que los trabajadores reciban prestaciones,” señala el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos.
En los últimos diez años el gasto del Poder Judicial, por ejemplo, ha crecido a un promedio de 10% anual. A precios corrientes su gasto pasó de 29,420 millones de pesos en 2007 a 75,477 millones de pesos aprobados para 2017, de acuerdo con los proyectos de presupuesto de egresos para esos años.
La Suprema Corte justifica el límite que le impuso a las deducciones en prestaciones sociales con el argumento de que ello evitará la pérdida de recaudación que se originó cuando se eliminó el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), explica el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).
A través de comunicados y la red social Twitter -con el hashtag #SCJNvsContribuyentes- se hizo sentir la crítica de los abogados fiscales, quienes aseguran que la decisión tomada por la Suprema Corte es una violación a los derechos humanos y que contiene errores técnicos.
Abogados fiscalistas se pronunciaron en redes contra la resolución de la Suprema Corte:
A FONDO: Posicionamiento Coparmex, 22 de septiembre de 2016.
A FONDO: Posicionamiento IMEF, 20 de septiembre de 2016.
MÁS INFORMACIÓN: Intocable, gasto del Poder Judicial no conoce de austeridad, crece 156% en una década, Arena Pública, 12 de septiembre de 2016.
MÁS INFORMACIÓN: A pesar de cuestionamientos, Eduardo Medina será ministro hasta el 2030, Arena Pública, 10 de marzo de 2015.
