Desigualdad disfrazada de meritocracia

La prolongada y arbitraria omisión del presidente de México de nombrar comisionadas de entre las listas de mujeres finalistas que obran en su escritorio hace más de un año, es discriminatoria, amén de una violación flagrante a nuestra Constitución y a la autonomía del IFT y COFECE.

Hoy, tras otra larga y dañina omisión, el IFT anunció que finalmente interpondrá una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, para impugnar tal omisión del Ejecutivo, por ser violatoria de su autonomía, y añado, del artículo 41 constitucional en materia de paridad de género en órganos autónomos. Mientras tanto el órgano continúa incompleto, gobernado por cuatro varones y ninguna mujer. Cómo éste, hay miles de ejemplos de cómo se van arraigando y ahondando desigualdades discriminatorias, con mucha más eficacia que la larga lista de derechos humanos reconocidos por la constitución mexicana. ¿Qué nos falta?

La desigualdad cruza por el género, etnia, edad, capacidades, clase socioeconómica y accesos a bienes, servicios y derechos fundamentales. Se deconstruye desde las leyes, para empezar, pero se erradica en su totalidad desde las estructuras, los procesos y la cultura. Requiere de un Estado garante, eficaz y honesto y profesional que pueda abolir, en la vida diaria de las personas, la discriminación en todas sus facetas y matices y la impunidad que permite su permanencia.

Requiere también de cambios profundos desde la familia, la escuela, la empresa, los medios de comunicación y desde luego desde el poder político, para erradicar todo aquello que sugiera o materialice en los hechos, aunque sea sutilmente, que deben persistir ciertos privilegios de ciertos grupos de personas, sobre los derechos y oportunidades de cualesquiera otros grupos humanos.

Por ejemplo, cada vez que un grupo criminal atenta en contra de una ciudad o pueblo, secuestra el espacio público o extorsiona a empresarios o a la ciudadanía, sin que se haga justicia, tolera palpablemente la desigualdad y la impunidad que hacen imposible el goce pleno de derechos y libertades ciudadanas. Se vuelve también evidente la falta de Estado y de eficacia del derecho o de sus operadores, en esas situaciones.

Negocios

OMVs ganan terreno en servicios de telefonía móvil

Pero existen también asaltos graves a la igualdad, aunque quizá no criminales, cuando un empleador, sea público, privado o universitario, discrimina a las mujeres, sea en sus procesos de reclutamiento, trato, promoción o en su sueldo, en comparación con aquéllos aplicables a los hombres que ahí laboren. Esto detona una serie de violaciones a la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, a la Ley de Educación Superior, a la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, a la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación y la Ley General de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia toda forma de violencia contra las mujeres, entre otras.

Como abogada e integrante de Conectadas¹ he podido atestiguar el alarmante desconocimiento en nuestro país de cómo aterrizar todos los derechos, principios y normas sobre igualdad. Cómo pasarlos del papel a la vida diaria de las instituciones, para que cobren vida los derechos humanos en nuestro país y ello permee en nuestra cultura e idiosincrasia.

En pleno 2022 muy pocas instituciones en México han abierto el paso y asignado recursos suficientes para aplicar una metodología transversal, bien diseñada, de perspectiva de igualdad, -de género y diversidad- de modo que tanto las estructuras institucionales como sus procesos, puedan ser diagnosticados adecuadamente, y reconstruidos para obtener resultados positivos, medibles y creíbles de igualdad.

Sin estos lentes, sin esta herramienta de análisis y diseño de política pública y privada, presupuestos y estrategias, no será posible la deconstrucción de la desigualdad y la reconstrucción transformadora, y la misma discriminación y sesgos acompañarán al mundo digital, al de la inteligencia artificial y a la economía de datos, si no cambiamos estructuras y procesos.

El añejo recurso de la simulación está deteriorando cada vez más el tejido social y el del Estado. No es cuestión de ideologías sino de eficacia gubernamental y social.

Bajo el velo de la meritocracia, expresado de diversas maneras sobre todo por los hombres (pero también por mujeres no conscientes de las barreras y las históricas asimetrías de poder) bajo expresiones coloquiales de  “que gane el mejor”, “aquí se abren las puertas a todos” (eso sí unas puertas con silueta de hombre blanco) o, “las acciones afirmativas o cuotas no sirven y son injustas”, las instituciones tanto en su carácter de empleadoras como en su función o negocio central, siguen resistiendo el cambio o no saben cómo instrumentarlo.

Lo que pocos investigan es la enorme cantidad de asimetrías, privilegios y pisos no parejos que conforman la supuesta meritocracia mexicana. Aplaudo a las heroínas y héroes que logran superar adversidades, carencias, discriminación estructural para alcanzar sus metas. Lo que no aplaudo es que hayan tenido que empezar la carrera en el sótano 5 mientras una minoría arranca desde el piso 1.

Estado e iniciativa privada, academia, familia y escuelas no hemos logrado incubar en lo más profundo de cada organización y sus procesos, la perspectiva de género y de diversidad, o lo que es lo mismo, la transversalización en su operación diaria, de aquellos factores, causas y estructuras que impiden la igualdad y que por tanto son campo fértil para una discriminación silenciosa, menos visible y menos brutal quizá, pero ciertamente nociva, sea ésta intencional o no.

En la medida que esa discriminación es cometida por acto u omisión de alguna autoridad estatal que califica como autoridad responsable en materia de amparo, la persona afectada, la parte quejosa podrá acudir al amparo sea directo o indirecto, en el momento procesal adecuado, para hacer justicia frente a quien no aplicó una perspectiva de género, obligatoria, por cierto en México, en sus procesos de reclutamiento, contratación, pago, promociones, licencias, teletrabajo, y otros tantos recovecos laborales o profesionales en los que se puede colar, como un virus, la discriminación.

Sin embargo, cuando esta misma conducta de exclusión o discriminación -sea laboral o no-, es cometida por una organización privada o social, sea en su carácter de empleadora, patrona o en cualquier otra, la raquítica justiciabilidad de dicha conducta, puede llegar a ser tan inasequible o ineficaz para la víctima, que generalmente triunfa la discriminación y la impunidad.

En otros tantos órdenes en que la discriminación de género, raza, edad, clase ha logrado infiltrarse como las bacterias, generalmente el recurso más fácil es acudir a la retórica de la igualdad, a usar un lenguaje incluyente, a sacarse fotos que proyecten una imagen de inclusión y diversidad, pero eso, lo sabemos, no transforma ni a las organizaciones ni sus procesos, y por ende, no hay avance en los resultados.

Aplicar la perspectiva de igualdad, por ejemplo de género lo mismo al legislar, regular o juzgar, pero también a la hora de diseñar productos y servicios, contratar personal, diseñar políticas públicas o bien una campaña publicitaria igualitaria, implica ponerse unos lentes distintos, para poder apreciar de manera diferenciada la magnitud y naturaleza de las asimetrías, de poder, accesos y goce efectivo de derechos entre los dos o más grupos a comparar: hombres y mujeres, hombres indígenas y mujeres indígenas, o bien personas con discapacidad frente a otras que no las tienen a grado de ver restringidos sus derechos.

Ello implica investigar y recabar datos diferenciados, escuchar a ambos grupos y entender sus necesidades, barreras y riesgos. Conocer sus aspiraciones y prioridades de acuerdo con cada categoría de análisis, para entonces sí, poder diseñar leyes, reglas, políticas, empleos, bienes y servicios que respondan a las barreras y necesidades de cada grupo y que no obvien las diferencias entre ambos grupos.

Este es el gran reto de la lucha por la igualdad del siglo XXI, del feminismo actual, ésta es la cara moderna de una lucha que empezó aproximadamente en el siglo XVIII por la no discriminación entre los sexos, por los derechos de hombres y mujeres, no sólo de los hombres.

La igualdad ante la ley se ha logrado en diversos ámbitos del derecho, aunque no hay que cantar victoria pues aún en nuestro país hay actividades y conductas reservadas a ciertos grupos sociales, que gozan de privilegios ante la ley. Pero el titánico reto de hoy es que en la vida diaria de todas las personas que viven en México se disfrute la igualdad, o sea, que se erradique la discriminación en todas sus formas y velos en la vida diaria de todos y todas.

Ello requiere inexorablemente pasar por la transversalización de esta metodología de análisis de diferencias entre grupos para hacer diagnósticos y propuestas de cambio tanto en lo estructural, como en los procesos y las prácticas no escritas, que han incidido en contra de la igualdad sustantiva, de modo que las acciones afirmativas, diseños, políticas, presupuestos y demás medidas que pretenden ser remedios contra la desigualdad, sean realmente eficaces e idóneas para para combatir la discriminación de facto, sea o no intencional, y desmontar tanto las estructuras como los procesos y mensajes de discriminación. Sólo entonces veremos resultados positivos en todo el quehacer de la humanidad, público, privado o social.

Toda organización que tenga una estrategia seria de igualdad, y de sostenibilidad social y ambiental, necesariamente habrá de incorporar transversalmente la perspectiva de género y otras perspectivas interseccionales para entender, atender, prevenir y sancionar la discriminación y la violencia para que dejen de ser parte de su cultura diaria, implícita y explícita en los hechos. Todo lo demás sería simulación.