Peña pide 3,100 millones para Edomex como gobernador, ya como presidente los autoriza
Las escenas de esta historia parecen haber sido parte de un plan fríamente calculado.
Una jugada maestra.
Así puede describirse el plan trazado por el presidente Enrique Peña y el secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz, como funcionarios del Estado de México, para transferir 3,100 millones a la entidad cuando ganaran la presidencia.
Los recursos transferidos a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes entre 2014 y 2016 se sustentaron en un convenio con el Estado de México (Edomex) cuyo fundamento es, cuando menos, endeble… Si no ilegal.
Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT y el Presidente, Enrique Peña Nieto.
Entre otras razones porque los recursos reclamados desde el Estado de México pasaron de 50 millones de pesos a más de 3,671 millones de pesos corrientes.
El plan maestro fue detallado y denunciado ante la Procuraduría General de la República (PGR) en 13 hojas y 15 anexos por el abogado Paulo Díez Gargari, quien también es representante legal de Infraiber, la empresa que lleva un litigio legal contra la constructora OHL, el viernes 26 de mayo.
De esta historia son protagonistas también el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas y al candidato del PRI a la gubernatura de esa entidad, Alfredo del Mazo Maza.
Un viejo acuerdo carretero firmado en 1992 fue el medio para que la administración del Estado de México bajo el mandato de Peña Nieto reclamara al gobierno federal recursos que un cuarto de siglo atrás había entregado para la construcción de la autopista Chamapa-Lechería.
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Todo comenzó hace 25 años
Corría el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari cuando el gobierno del Estado de México, liderado por Ignacio Pichardo Pagaza, otorgó 50 millones de pesos al gobierno federal como pago para liberar los derechos de vía de la carretera Chamapa-Lechería en 1992.
Cinco años después, en 1997, el gobierno federal ahora encabezado por Ernesto Zedillo, decretó un rescate a diversas carreteras, entre estas la Chamapa-Lechería, por considerarlas bienes de utilidad e interés público.
El decreto firmado también por el secretario de Comunicaciones de aquel año, Carlos Ruiz Sacristán, especificaba que el capital de riesgo aportado directa o indirectamente a las carreteras no se consideraría parte de la indemnización que ofrecería el gobierno federal a los concesionarios.
En otras palabras, el gobierno de Zedillo no se obligó a devolver al Estado de México, encabezado por César Camacho Quiroz en 1997, los 50 millones que aportó para la liberación de vía de la carretera Chamapa-Lechería que aportó cinco años antes.
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Inflar el monto, luego reclamarlo… 12 años después
A cambio del pago por 50 millones de pesos que la administración mexiquense realizó en 1992 para que el gobierno federal ejecutara los derechos de vía para el tramo Chamapa-Lechería.
El secretario de Comunicaciones federal, Andrés Caso Lombardo , se comprometió a devolver al Estado de México la concesión de la carretera cuando concluyera el plazo de concesión por entonces a cargo de la empresa Promotora y Administradora de Carreteras (Pacsa).
El Estado de México se haría cargo de la concesión por 20 años a fin de recuperar su inversión mediante el cobro de las cuotas de peaje.
Pero cuando se decretó el rescate carretero de 1997 las concesiones carreteras pasaron a manos del Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), que además fungió como agente financiero del rescate para pagar las indemnizaciones.
Doce años después… O nos devuelven la concesión o nos indemnizan.
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Reclamó en 2009 el secretario de comunicaciones del Estado de México, Gerardo Ruiz Esparza, al secretario federal del ramo, Juan Francisco Molinar Horcasitas mediante un oficio.
Puesto que la Secretaría de Comunicaciones incumplió con devolver la concesión al Estado de México para su explotación cuando la Pacsa concluyera su periodo.
Pero Ruiz Esparza fue cuidadoso al aclarar, si la opción es indemnizar, entonces no serían 50 millones sino 3,671 millones.
¿Cómo se llegó a esta cifra?
Además de los 50 millones para el derecho de vía, el Estado de México aportó 75 millones más para “obras sociales”, lo que da un total de 125 millones de pesos, que actualizados con la inflación y con una tasa de interés de 10% real se convertían en más de 3,500 millones, de acuerdo con el oficio de Ruiz Esparza.
El secretario demandó al gobierno federal encabezado por Felipe Calderón ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que resolvió la nulidad de lo actuado y la reposición del procedimiento.
El Estado de México no tenía fundamentos para reclamar una indemnización ya que cualquier derecho sobre los acuerdos pactados en 1992 prescribieron en 2007, asegura el abogado de Infraiber, Paulo Díez.
Carretera Champa- Lechería.
Cuando Peña ganó la presidencia, se lo dejó más barato
Ya como presidente, Enrique Peña y como secretario de Comunicaciones federal, Gerardo Ruiz, se firmó un convenio de transacción con el Estado de México para terminar la controversia.
Mediante el convenio el gobierno federal se obligó a pagar 3,500 millones de pesos, 171 millones menos que lo que supuestamente se debía en realidad a la entidad gobernada por Eruviel Ávila.
El gobierno federal no pudo asumir ese recurso como deuda puesto que en 1997 no contrajo ninguna obligación para devolver los 50 millones de pesos que aportó el Estado de México para la liberación de vías de la carretera Chamapa-Lechería.
Al momento, alrededor de 3,100 millones de pesos ha transferido el gobierno de Enrique Peña al estado que vio nacer y crecer su carrera política, pero de forma muy poco transparente.
Una parte de esos recursos se han registrado en la Cuenta Pública como subsidio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al Estado de México y otra más se depositó al Sistema de Autopistas, Aeropuertos y Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (Saascaem).
MÁS INFORMACIÓN: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Diario Oficial, 27 de agosto de 1997.
MÁS INFORMACIÓN: Costo Fiscal, 31 de julio de 1997.
MÁS INFORMACIÓN: Acta de la XXXIV Sesión Ordinaria de 1997, Comisión intersecretarial de gasto financiamiento, 28 de julio 1997.
MÁS INFORMACIÓN: Oficio dirigido a Mony de Swaan, Secretaría de comunicaciones, 21 de abril de 2009.
MÁS INFORMACIÓN: Denuncia de hechos de Paulo Jenaro Díez Gargari, Procuraduría General de la República, 26 de mayo 2017.
MÁS INFORMACIÓN: Reestructuración Financiera de Autopistas Concesionadas, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 25 de julio 1997.
