Denunciar cobranzas bajo intimidación será un viacrucis
Denunciar una cobranza bajo intimidaciones telefónicas o por escrito, pude ser un viacrucis para los mexicanos.
Cuando entre en vigor la reforma al Código Penal Federal que establece una pena de uno a cuatro años de prisión y multas de hasta 300 mil pesos a los despachos que incurran en el delito de cobranza extrajudicial ilegal, los ciudadanos afectados por esta práctica deberán acudir a presentar su denuncia en el Ministerio Público (MP).
Esto ocurrirá cuando el presidente Enrique Peña Nieto publique en el Diario Oficial de la Federación las reformas aprobadas por el Senado para lo cual no hay plazo ni fecha.
Solo 25% de los mexicanos confía en el MP, de acuerdo con una encuesta aplicada por Parametría en 2016 que mide la percepción que tienen los ciudadanos de diversas instituciones, un nivel de desconfianza similar al de las policías estatales, los sindicatos y los partidos políticos.
Ante el MP la responsabilidad de probar el abuso recaerá en el denunciante, es decir, es recomendable guardar los documentos que recibe de los despachos de cobranza o grabar las conversaciones con los cobradores para poder comprobarlo.
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El papel de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para este procedimiento será solo canalizar a los quejosos en la denuncia.
“La Condusef dará vista a la autoridad cuando tenga conocimiento de la queja de un usuario, siempre que tenga también pruebas que presentar para canalizarlo”, explicó el presidente del organismo, Mario Di Costanzo.
La modificación al Código Penal Federal fue aprobada por el Senado el 26 de abril de 2017 y define cobranza extrajudicial ilegal como el uso de la violencia o intimidación para requerir el pago de una deuda derivada de actividades reguladas en leyes federales.
Con ello se busca terminar con la práctica de los despachos de cobranza que acosan telefónicamente a los deudores y dejan en sus domicilios escritos en los que amenazan con embargos, arrestos o acciones judiciales al margen de la ley.
La multa para las empresas que falsifiquen sellos del Poder Judicial o de otras autoridades se duplicará, establece el dictamen que deberá ser publicado en el Diarios Oficial de la Federación para que entre en vigor.
Se trata de la primera ocasión en que se tipifica esta conducta como delito.
No se considera como intimidación ilícita informar las consecuencias reales del impago de una deuda o iniciar acciones legales en contra del deudor, aval o el obligado solidario.
Desconfianza fundada
Ahora que la cobranza extrajudicial se convierta en un delito, hay que mirar la evaluación que haga la ciudadanía del organismo encargado de dar con los culpables.
En México, solo se denuncia ante el Ministerio Público uno de cada 10 delitos, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) elaborada en 2016.
De los presuntos delitos denunciados, el Ministerio Público inició averiguación previa o carpeta de investigación únicamente en 60% de los casos.
La pena aumenta si se falsifican nombre de autoridades judiciales para el cobro.
La cosa se pone peor, en 46% de los delitos denunciados -y por los cuales se inició una investigación- no pasó nada ni se resolvió la denuncia.
Por eso, entre las razones para no denunciar, según la encuesta, destacan que son una pérdida de tiempo y desconfianza en la autoridad ya que el ciudadano teme terminar siendo extorsionado.
Cobro extrajudicial, una práctica usual
Tan solo en los primeros cuatro meses de 2017, 7 mil 960 personas presentaron una queja en la Condusef por malas prácticas de cobranza.
La queja más común es el cobro a una persona que no es realmente el deudor, seguida de la falta de respeto o amenazas por parte de los despachos.
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La Condusef estimó que 5 mil 477 quejas hubieran podido ser tipificadas como delito, pero debido a que la reforma al Código Penal Federal no ha entrado en vigor quedarán en la impunidad por la vía judicial.
Las irregularidades más comunes por parte de los despachos son la gestión de cobro mediante maltratos y ofensas, el uso de nombres o logotipos de instituciones públicas de impartición de justicia y amenazar a familiares del deudor.
Ya están identificados por la Condusef los despachos con más quejas: Consorcio Jurídico de Cobranza Especializada, Muñoz C. y Asociados ; Servicios Técnicos de Cobranza ; Recuperación Crediticia de México y Grupo de Abogados ASG, principalmente.
Además, 46% de estas denuncias las interponen personas que viven en la Ciudad de México o en el Estado de México.
Y a todo esto, ¿cómo andamos de deudas?
Al cierre de enero de 2017, la cartera vencida por créditos al consumo aumentó 14% con respecto al mismo mes del año anterior.
El monto de los adeudos no pagados en tarjetas de crédito, prestamos vía nómina y personales era, de 34 mil 800 millones de pesos en enero de 2017, según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), hace un año era 30 mil millones.
Este incremento en la cartera vencida se debe al aumento en las tasas de interés, y al débil entorno económico, justifica la Comisión.
“El alza en las tasas de interés repercute en el pago mínimo que el deudor tiene que realizar cada mes y en el saldo total de su deuda”, explicó el director general de la reparadora de crédito Libere, Rodrigo Prada.
MÁS INFORMACIÓN: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, INEGI, 27 de septiembre de 2016.
MÁS INFORMACIÓN: Dictamen de reforma al Código Penal Federal, Senado de la República, 6 de abril de 2017.
MÁS INFORMACIÓN: Condusef ha recibido cerca de 8 mil reclamaciones por prácticas indebidas de cobranza durante el 2017, Condusef, 8 de mayo de 2017.
