Empresas abusan de protección a inversionistas, renegociar el TLCAN podría corregirlo
Abrir las puertas del país a empresas multinacionales genera altos costos a los contribuyentes, pero la próxima renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) podría aminorarlos.
En 2004 México fue obligado a pagar 84.3 millones de dólares a la corporación de alimentos agrícolas, Cargill.
¿Las razones? agregar como requisito para la importación de jarabe de maíz de alta fructosa el solicitar un permiso en 2001, así como un impuesto de 20% a las bebidas endulzadas con edulcorantes distintos del azúcar de caña en 2002.
De acuerdo con Cargill estos requisitos fueron utilizados por México para proteger a sus productores azucareros, al tiempo que intentaba desplazar el alta fructosa del mercado, producto que comercializa la empresa en el país, infringiendo parte del capítulo 11 del TLCAN.
Este capítulo protege a los inversionistas extranjeros no financieros ante eventualidades en los países miembros del Tratado y establece condiciones mínimas que deben recibir las compañías privadas, como ser tratadas de manera justa, equitativa y en igualdad de condiciones, tal como a la nación más favorecida de otros tratos comerciales o a los inversores nacionales.
A la fecha Cargill cuenta con 30 instalaciones dentro de 13 estados de la República mexicana.
Si se incumplen las condiciones las compañías pueden solicitar un arbitraje en el que se intente solucionar las diferencias. Este mecanismo se encuentra presente en gran parte de los tratados comerciales del mundo.
En la historia del TLCAN México ha sido demandado 18 ocasiones, Estados Unidos 16 y Canadá 25. Cada resolución que los Estados pierden es pagada con los impuestos de los ciudadanos.
Sin embargo, las motivaciones que llevan al uso de esta protección se han puesto en duda.
En la actualidad las empresas demandan para obtener compensaciones financieras si algún gobierno introduce nuevas políticas medioambientales, sanitarias o sobre derechos humanos que afecten sus resultados financieros, asegura la presidenta nacional del Consejo de Canadienses, Maude Barlow.
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Christian Odendahl, del instituto de investigación Centro de Reformas Económicas Europeas, comentó a The Economist que los arbitrajes Estado-inversor eran vistos por los corporativos como vías para demandar a los gobiernos electos cuando aplicaban políticas que no les gustaban.
La tabacalera Philip Morris, por ejemplo, utilizó el arbitraje para impugnar reglas sobre el embalaje de cigarros en Australia, una medida aplicada para promover la salud pública.
Es por ello que la renegociación del TLCAN se presenta como una oportunidad para cambiar las reglas del juego.
Geoffrey Gertz, investigador del Instituto Brookings en Estados Unidos, propuso tres posibles formas de renegociar este capítulo en el tratado.
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La más sencilla de ellas busca únicamente actualizar las prácticas comerciales y tener mayor transparencia en los procesos, así como una definición más clara de los derechos y obligaciones de los Estados al regular las inversiones.
La más radical de las propuestas de Gertz es eliminar por completo la protección a los inversores. Sin embargo, advierte que esto podría provocar miedo en las compañías y los Estados al existir la posibilidad de que disminuya la inversión extranjera directa por falta de mecanismos de seguridad.
Ello podría fortalecer el propósito del gobierno de Donald Trump por desincentivar la inversión de empresas estadounidenses en México y Canadá.
Una tercera opción son las negociaciones Estado-Estado, lo que significa que el corporativo tendría que hacer la petición a su país natal para que realice el trabajo en su defensa, manteniendo las protecciones de inversores.
Se espera que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte inicie en junio de 2017.
MÁS INFORMACIÓN: Renegociando el TLCAN: Opciones para la protección de inversores, Instituto Brookings, marzo 2017 (versión en inglés).
