Fin de la emergencia sanitaria y comienzo de la emergencia educativa
Con la declaración del término de la emergencia sanitaria por el COVID-19 empiezan a vislumbrarse con claridad las secuelas presentes y futuras de la pandemia en materia educativa. También, comienza a resultar claro que las medidas necesarias para atender esta situación no están presentes, lo que anticipa una seria afectación a las posibilidades de movilidad social.
El reciente reporte del Banco Mundial “De la infección a la inflación” muestra que México fue el segundo país de América Latina, empatado con Bolivia, con la mayor pérdida educativa durante el inicio de la pandemia. Este costo consiste en la proporción efectiva del tiempo de aprendizaje que se sacrificó ante el cierre de las escuelas, tomando en cuenta las medidas de educación a distancia vía computadora, teléfono celular o televisión. Para el caso de México, la pérdida fue del 78%, pero fue mucho mayor para los estratos de menores ingresos.
Otra forma de ver el impacto inmediato del COVID-19 es considerando que en promedio sólo el 22% del tiempo de aprendizaje fue salvado por las políticas educativas adoptadas, aunque este valor oculta las grandes desigualdades debidas a que el mayor abandono escolar se concentró en los estratos de menor nivel educativo.
El impacto inmediato puede parecer pequeño, pues en las estadísticas oficiales los años de escolaridad esperada para los alumnos inscritos apenas disminuyen en cerca de tres meses de 2020 a 2022, aunque en términos de aprendizaje efectivo esto puede representar hasta tres años para algunas regiones del país. Sin embargo, el impacto de largo plazo es duradero e importante.
Al abandonar la escuela, rezagarse o tener un menor aprendizaje efectivo, se reduce el potencial de ingresos futuros de las personas en el mercado laboral. Se estima que el grupo en edad escolar afectado por la pandemia reduciría su ingreso 15% respecto a una situación normal cuando en 2044 alcance entre los 30 y 45 años, en caso de no existir medidas de atenuación de los rezagos educativos.
La caída en los ingresos laborales, sólo por el efecto del menor ingreso de la población en edad escolar afectada por la emergencia ante el COVID-19, se estima que podría incrementar la pobreza por ingresos en casi 2 puntos porcentuales dentro de dos décadas, lo que en el caso de México representaría cerca de 2.5 millones de personas.
Pese a estos posibles efectos, las medidas para contrarrestar el impacto educativo de la pandemia, como mejorar su conectividad a clases a distancia, y una política pública enfocada en atender los rezagos de grupos específicos podría reducir las consecuencias adversas en más de la mitad de lo estimado.
Las políticas para recuperar parcialmente lo perdido son simples. Primero, se requiere poner el foco en el regreso a la escuela de los alumnos que la abandonaron y procurar su permanencia. En segundo lugar, evaluar los rezagos en el aprendizaje para concentrar los esfuerzos de regularización en las carencias más agudas. Y, en tercer lugar, dar prioridad a lo básico, como el aprendizaje del lenguaje, la aritmética y las habilidades socioemocionales.
Desafortunadamente, el nuevo marco curricular general de la Secretaría de Educación Pública para 2023 descuida las necesidades más urgentes de los alumnos proponiendo un pretencioso cambio de enfoques, contenidos y prácticas de enseñanza. Este marco deja de estructurar los planes de estudio según asignaturas e introduce “campos formativos”, enfatiza más a la comunidad que al individuo y la práctica de conceptos en ella, más que los saberes abstractos.
Estos cambios, apropiadamente justificados, pueden llegar tener mérito, pero representan un riesgo innecesario en las actuales circunstancias. Con ellos se relega la emergencia educativa, se deja de recabar información estandarizada para un diagnóstico certero y se descuida la formación elemental.
Con el fin de la emergencia sanitaria el exceso de mortalidad podrá haber desaparecido y los niveles de actividad económica regresado a los previos a la pandemia, pero con ello también inicia una emergencia educativa cuyas consecuencias, de no atenderse, se sentirán por generaciones.
Rodolfo de la Torre
Actualmente es Director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Ha sido coordinador de la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Director del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, y Director de El Trimestre Económico, del Fondo de Cultura Económica (FCE). Fue parte del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México. Es economista por el ITAM, y maestro en Filosofía de la Economía por la Universidad de Oxford.
