Auditoría Superior: ¿dónde quedó la evaluación de la política educativa 2020-21?
Al incremento en el rezago educativo por la pandemia, se añade la falta de transparencia en la evaluación de la política educativa del país. Y es que, hasta ahora, no se han dado a conocer las auditorías al desempeño de la política educativa correspondiente a 2020 y 2021.
El 11 de febrero pasado, una semana antes de la tercera entrega de la fiscalización de la cuenta pública 2020, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una serie de modificaciones al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior (PAAF) de la Cuenta Pública (PAAFSCP) 2020 y, entre ellas, se dio de baja la evaluación de la política educativa “por recalendarización”.
Sin embargo, “misteriosamente -dice Marco Fernández, investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (TEC de Monterrey)- unos días antes de la entrega [en febrero 2022], el auditor sacó del informe la auditoría de desempeño, ya hecha, que se iba a entregar a los legisladores y jamás se volvió a retomar”, dijo en entrevista.
“Tenemos un problema de rezago educativo sin duda, pero tenemos problemas todavía mayores en la política educativa, la propia auditoría sabe que existen y que por una razón que no justificó no quiso dar a conocer”, dice enfático Fernández.
Para la primera entrega de la fiscalización de la cuenta pública 2021, el rubro sobre la política educativa continúa sin auditarse, pese a la pobreza de aprendizajes y al aumento del rezago educativo en México. “Al cierre de 2021, la población en rezago educativo (28,039,332 personas) superó en 14% a los 24,597,234 alumnos de educación básica matriculados en el sistema escolarizado en el ciclo escolar 2020-2021”, señala la ASF.
"Ante este panorama de irregularidades es primordial la definición del programa anual de auditorías, pues en él se establece qué se audita y cómo se audita", dijo Roberto de la Rosa, investigador de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey.
En este mismo sentido, Fernández, quien también coordina el Programa de Anticorrupción y Educación de México Evalúa, dice que se tiene que "cambiar la Ley de Fiscalización para que se le quite la facultad unilateral al auditor, que es el que hoy determina de manera unilateral la labor de definición de las auditorías, los cambios de la misma y los enfoques”. Y es que entre 2016 y 2020 las auditorías de desempeño han caído en picada al pasar de 146 a 99, un 32.2% menos.
ASF, ¿Menos corrupción?
Durante la primera entrega de la fiscalización de la cuenta pública 2021 la ASF realizó 207 auditorías de un total de 2 mil 34 para la revisión de esta cuenta. Encontró irregularidades por mil 38 millones 195 mil 800 pesos y realizó 75 pliegos de observaciones.
Sin embargo, “no es ideal, no es óptimo (diferir el 90% en las próximas dos entregas) porque esto deberían llegar cuanto antes a los diputados, que sea un insumo que utilicen en la ejecución presupuestaria”, comenta De la Rosa, quien también es investigador asociado en el Programa Anticorrupción de México Evalúa. Agrega, “eso no va a pasar porque la siguiente ronda se presenta en octubre y la última en febrero; y prácticamente se la discusión presupuestaria para 2023”
Esto pese al cambio a la Ley de fiscalización que promovió tres entregas para promover información más oportuna. “En promedio, cerca de una de cada dos auditorías no llegan a la Cámara de Diputados con el tiempo necesario”, dicen los investigadores en un análisis reciente de la ASF publicado en Nexos.
En las últimas cinco cuentas públicas (2016-2020) el mayor porcentaje de auditorías se concentran en la tercera entrega. En 2016 la primera entrega fue de 25.2%; en 2017 de 20.6%; en 2018 de 15%; en 2019 de 0%; y en 2020 sólo de 8%. Pero también el universo como la muestra auditada han caído entre 2016 y 2020. En 2016 el universo era de 22.5 billones de pesos, de estos el 74.1% fue auditada; es decir, por cada 2.9 pesos fiscalizados no se auditaba uno. No obstante, para 2020 está cifra cayó a 16.4 billones de pesos y por cada peso fiscalizado no se auditaba otro.
Además, los montos observados también han disminuido. En 2016 fueron 2,700 pliegos de observación por un monto observado de 128.8 miles de millones de pesos (mmdp), para 2020 fueron mil 139 pliegos por un monto de 29.7 mmdp. “El monto promedio por pliego ha bajado sistemáticamente entre revisiones, acumulando una disminución de 45.2% entre las cuentas públicas de 2016 y 2020”, se lee en el análisis.
“Podría parecer una buena noticia, porque es lo que se espera que no existan irregularidades o que estas disminuyan, que se controle el gasto del ejercicio, la aplicación de recursos públicos. Sin embargo, lo que encontramos es de que no hay evidencia o soporte para poder asegurar que efectivamente hay un mejor uso de recursos por los las deficiencias en los procesos de auditoría”, sentencia De la Rosa.
En este sentido Fernández concluye que “seguramente encuentras menos, porque revisas menos; haces cambios en las auditorías sin que expliques los cambios que se hacen, se hace con enfoques inadecuados”.
