Lecciones históricas de la ‘4T’
Decir que una administración federal hará historia, como lo decía la anterior, es soberbia o mera propaganda. Se requieren décadas para pasar la prueba del tiempo. El gobierno que inicia haría bien en repasar las lecciones de gobiernos de hace un cuarto de siglo o más para entender las claves de una transformación económica duradera, conservar su legado positivo y no repetir sus errores. En este sentido, el sexenio que acaba de concluir puede fortalecer al que comienza ayudando a entender mejor la historia del fin del siglo XX.
El gobierno que más se acerca a la pretenciosa idea de una ‘transformación histórica’ es el de Carlos Salinas de Gortari. Esta administración redujo notablemente la actividad empresarial del gobierno ampliando significativamente la participación el libre mercado. Destaca de este cambio la profundización de la apertura comercial comenzada por Miguel De la Madrid y especialmente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Con este acuerdo se consolidó un cambio estructural de la economía que aún se conserva.
El TLCAN, con todas sus limitaciones, ha sido la acción de gobierno que más transformó la economía nacional desde la segunda mitad del siglo pasado. Este acuerdo lo ha ratificado como legado histórico la autodenominada pomposamente ‘cuarta transformación’, pese a su hostilidad a los mercados competitivos, a los que llama ‘neoliberalismo’. La nueva presidenta haría bien en apuntalarlo ante su inminente revisión con EEUU y Canadá. También debería ampliar su impacto positivo integrando más a él al sureste del país.
Una lección clave del siglo anterior puesta en evidencia por la ‘4T’ es que la estabilidad económica es necesaria para el desarrollo, aunque no suficiente. La inflación, las devaluaciones y las crisis económicas que se sucedieron desde 1970 hasta el fin del siglo significaron escasos avances económicos y requirieron un enorme esfuerzo para reducir los riesgos de las decisiones de inversión privada y de la política pública. Esta última tarea distrajo buena parte de los esfuerzos de la administración del presidente Ernesto Zedillo.
La crisis de 1994 muestra que las consecuencias de unas finanzas públicas frágiles pueden ser duraderas. Por ello, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum haría bien en recoger esta lección histórica y desactivar la bomba de tiempo que representa el enorme déficit fiscal que le fue heredado. Sin embargo, esto no sería suficiente para reconstruir las bases del desarrollo social. También haría bien en reconsiderar pronto su negativa a una reforma hacendaria para no arrastrar una carencia crónica de recursos fiscales.
Finalmente, una enseñanza para el largo plazo es que el uso partidista de la política social reduce su efectividad. Con Carlos Salinas se inicia un periodo donde la palabra pobreza comienza a tomar preeminencia en el discurso político y los programas sociales intentan capturar apoyo partidista de forma explícita. Sin embargo, pese al notable aumento que hubo en el gasto social tras la renegociación de la deuda externa en 1988 la pobreza extrema apenas se redujo, en parte por la difusa focalización de su combate.
La nueva administración haría bien en evitar los errores de la política de combate a la pobreza de hace treinta años que en cierta forma fueron repetidos en la administración pasada. En el sexenio recién concluido se duplicó el presupuesto para los programas de transferencias de dinero haciendo una gran promoción política con ellos, y sin embargo la pobreza extrema aumentó. Si la nueva presidenta quiere realmente beneficiar a los mas pobres debe corregir los errores de corte salinista y su amplificación reciente.
En suma, el juicio de la historia para la ‘cuarta transformación’, que en sentido estricto apenas estaría comenzando con un nuevo régimen, debe esperar al menos unas décadas. Sin embargo, las lecciones del gobierno de hace treinta años para el que ahora comienza son claras: preservar mercados competitivos abiertos al exterior, mantener la estabilidad económica que permita inversión para el crecimiento y políticas de desarrollo, y enfocarse en el bienestar de los más pobres, y no en la rentabilidad política del gasto social.