2025
Debilidad económica y gran concentración del poder político prefiguran el inicio del 2025. ¿Qué puede ocurrir? La falta de crecimiento y recursos públicos anticipan tiempos de penurias así como recortes adicionales al gasto público y mayor presión sobre los contribuyentes. El oficialismo usará su gran poder para buscar alivio por la vía legislativa, ya sea compensando la falta de una economía fuerte o reduciendo los márgenes para expresar el descontento. La falta de soluciones de fondo agravarán los problemas.
Los especialistas encuestados por Banxico tenían hace un año una expectativa de crecimiento económico para 2024 de 2.29%. Ésta se ha recortado a 1.55% en este diciembre. Para 2025 anticipan una expansión de 1.23%, sin embargo esta previsión ha disminuido desde mediados de 2023, de forma continua. Lo anterior se traduce en un déficit económico del sector público para 2025 de 3.63% del PIB y con requerimientos financieros del sector público de 4.23% del PIB, ambos persistentes y altos respecto al pasado reciente.
En el campo político, la concentración de poder derivada de las elecciones se está magnificando con los cambios constitucionales que debilitaron el Poder Judicial y desaparecieron los órganos autónomos. Para 2025 es de esperar que este proceso continúe con la captura de distintas instituciones, como ya ocurrió con la CNDH y el INFONAVIT. Debe enfatizarse que estamos en presencia de un cambio de régimen con una oposición que persistirá en ser inoperante y una sociedad civil prácticamente testimonial.
La debilidad económica hace vulnerable el país a la incertidumbre que generen las políticas migratorias y comerciales que decida implementar el futuro presidente Trump. Estas podrán no alcanzar toda la radicalidad de las deportaciones y tarifas anunciadas, pero incluso si se moderan notablemente generarían una incertidumbre que podría deprimir el flujo de remesas y la actividad comercial con los Estados Unidos. Esto significaría desacelerar aún más de la tasa de crecimiento nacional con la consecuente caída de ingresos para el sector público.
El presupuesto gubernamental se ha construido sobre bases optimistas que se pueden deteriorar fácilmente. Esto significa que a la normal atonía económica de inicios de cada sexenio, ahora profundizada por los cambios en el Poder Judicial y la desaparición de los órganos autónomos, se puede sumar la impredictibilidad de las políticas de Trump para hacerlo menos sólido. Esto conduciría a ajustes adicionales al gasto público, que suelen tomar la forma de subejercicios, y a una búsqueda apresurada de nuevo financiamiento.
El gran poder político del oficialismo le permitiría explorar una ambiciosa reforma fiscal, pero este camino parece haberlo reservado como recurso de última instancia, por lo que la fuerza de sus mayorías buscaría disponer de fondos por otras vías, como el manejo con menos controles que se tendrá de las cuentas de los trabajadores en el INFONAVIT, la actualización de cobros al turismo marítimo y la revisión de permisos y derechos diversos. Todo ello ayudaría a ganar tiempo, pero no resolvería el problema presupuestal de fondo.
El deterioro de los servicios públicos, particularmente de salud, educación y seguridad, y el cobro de ciertos derechos o el uso de ciertos fondos públicos podrían traer descontento, pero la propia concentración de poder político podría usarse para dificultar que este se exprese. Ya se han limitado los alcances del derechos de amparo y cada vez es más amplia la presencia de la visión oficial en medios de comunicación públicos o privados. Nuevas disposiciones legales podrían restringir la participación ciudadana en asuntos públicos.
En último término, el nuevo régimen puede intentar administrar las consecuencias del pobre desempeño económico y de los menores márgenes de libertad ciudadana mediante políticas redistributivas, como transferencias monetarias adicionales o mayores aumentos del salario mínimo, y tratando de ejercer un mayor control de la agenda pública. Esto puede dar resultados durante un plazo limitado, probablemente la mayor parte de 2025, pero estas medidas mostrarán eventualmente su insostenibilidad y requerirán nuevas acciones.
2025 será un año crítico para el nuevo régimen, en donde probará hasta qué punto su poderío político puede hacer control de daños de su debilidad económica.
Rodolfo de la Torre
Actualmente es Director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Ha sido coordinador de la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Director del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, y Director de El Trimestre Económico, del Fondo de Cultura Económica (FCE). Fue parte del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México. Es economista por el ITAM, y maestro en Filosofía de la Economía por la Universidad de Oxford.
