Política industrial

En el inicio de la administración de Carlos Salinas de Gortari, su entonces secretario de Comercio y Fomento Industrial, Jaime Serra, repitió una declaración que después se le atribuyó a él, de que la mejor política industrial es la que no existe. A partir de ahí muchos de sus detractores lanzaron indignados una avalancha de críticas por haber “quitado” la política industrial.

Siempre me ha sorprendido esa discusión, pues en ambos casos es como si se dijera que se puede hacer pan sin harina. Tan luego como exista un gobierno que mínimamente realice las funciones que le corresponden, siempre la habrá. 

La política industrial es la sumatoria de toda acción gubernamental que mínimamente afecte a la industria. Es decir, es la agregación de cualquier ley que regule de alguna forma a la industria, cualquier publicidad que promueva al país, o cualquier intervención del estado digamos en la producción de electricidad o petróleo, entre muchas otras. Lo que cabe preguntarse no es si existe sino qué tipo de política industrial se tiene o se quiere diseñar. Nunca desaparece.

Hoy día se propone retomar otros instrumentos, distintos a los que se utilizaron en los últimos 30 años del mal llamado neoliberalismo mexicano, algunos de ellos ya utilizados durante el modelo desarrollista que siguió el país entre 1950 y 1980. Debe recordarse que, para dicho periodo del desarrollismo, en realidad se diseñaron herramientas para proteger a las compañías mexicanas de la competencia extranjera, con el argumento de la industria infante. En adición, la coyuntura internacional de entonces favoreció la estrategia, en especial al inicio de dicho periodo.

Las circunstancias hoy son completamente distintas. El reto aquí es más bien diseñar instrumentos acordes al contexto de la relocalización de empresas. Eso no pasa por la nostalgia de una vieja política industrial implementada en el inicio de modelo de sustitución de importaciones. 

Finanzas

Sale Gabriel Yorio de la subsecretaría de Hacienda en un momento clave

El discurso oficial en esta temática es que se tomará ventaja de la relocalización de empresas para, simultáneamente, impulsar la industria nacional. Es decir, el instrumento para potenciar la relocalización es la participación de la empresa nacional. 

Suena sexy, pero como todo plan se necesita de una estrategia clara, y de una infraestructura física y jurídica adecuada. Todavía no conocemos el programa. En unos 60-70 días deberá darse a conocer el Plan Nacional de Desarrollo y posteriormente los Programas sectoriales. Ahí, tal vez, conoceremos un poco más, porque lo que se ha dado a conocer hasta ahora, son simplemente anuncios en los que se transmiten buenas intenciones. Y como afirma el afamado economista William Easterly, la estrategia debe cuidar de no irse al extremo de “poco mercado” para combatir el “mucho mercado”, en estos tiempos de extremismos.

Una cosa se sabe, independiente a la estrategia. Tanto para el impulso de la relocalización de empresas como para el emprendimiento nacional se requiere siempre de una buena infraestructura física en tres elementos clave: energía, transporte (carretera, puertos, aeropuertos y ferrocarril) y agua. Si alguno de estos es deficiente, eso hace que el inversionista la piense dos veces. Y, segundo, sin reglas del juego claras, cualquier estrategia, aunque esté bien diseñada, también generará dudas. De aquí la importancia de repensar el marco jurídico mexicano en el marco de la relocalización de empresas.

Así que una política industrial, cualquiera que sea su diseño, debe contener modernización de los medios de transporte, generación de energía de calidad, y abastecimiento de agua potable. En adición, un marco jurídico apropiado. Todos los demás instrumentos, ya sea sistemas de proveeduría, incentivos fiscales, aranceles, o lo que sea, son una segunda derivada.

Como se aprecia, siempre ha habido política industrial, quien diga lo contrario, sobre todo hoy día, pues está equivocad@.