El legado económico del gobierno y los retos para Claudia Sheinbaum
Cerrar un ciclo significa dar fin a una etapa, reconociendo y valorando todo lo aprendido y experimentado durante ese periodo. Este no es sólo el último paso en una larga lista de tareas, sino que es el momento de celebrar los éxitos, reflexionar sobre lo que funcionó (y lo que no). Tras la resaca del proceso electoral considero que es necesario hacer un corte de caja para saber en dónde estamos y cuáles serán los retos que enfrentará el nuevo gobierno.
En primer lugar, habría que destacar que se mantuvo el marco macroeconómico general, lo que permitió hacer frente a un hecho inédito como fue la pandemia. Este incluye un banco central autónomo, un régimen de tipo de cambio flexible y un sistema bancario bien capitalizado. A esto hay que añadir un crecimiento del salario medio en términos reales de 26.9%, el mayor visto en este siglo. La administración actual también deja un nivel de desempleo en mínimos históricos (2.5% de acuerdo con datos del INEGI) y la pobreza laboral (que se define como la situación en la que el ingreso laboral de un hogar no es suficiente para alimentar a todos sus miembros) en niveles de 35.8% (de 40.7% a fines del sexenio anterior).
En un área un poco más gris tenemos el crecimiento, el gran pendiente de la economía mexicana. La administración de Andrés Manuel López Obrador deja un crecimiento acumulado de 5.7% (1% en promedio anual), por debajo del 12.2% de su antecesor (crecimiento promedio en el sexenio de Enrique Peña Nieto: 1.9%) e inclusive de Felipe Calderón (8.6% de crecimiento acumulado durante su sexenio, 1.4% anual en promedio). Este indicador es un poco engañoso pues no necesariamente refleja el éxito o el fracaso de una administración. Al fin y al cabo, en este sexenio tuvo lugar un hecho sin precedentes, como fue la pandemia del Covid 19. No obstante, el resultado está muy lejos de las tasas del 6% en promedio prometidas por el presidente López Obrador.
En términos de inflación, el promedio de este sexenio ha sido hasta ahora de 5.1%, superior al promedio observado en los tres sexenios anteriores, con la inflación promedio en 4.5%. El resultado de este indicador tampoco se puede achacar únicamente al desempeño de un gobierno. En el caso de este sexenio, la pandemia tuvo, entre muchas otras consecuencias, la disrupción de las cadenas de valor que generaron presiones sobre los precios. Adicionalmente a esto, el conflicto entre Rusia y Ucrania también contribuyó al alza de los precios a nivel global.
En cuanto al tipo de cambio, el peso mexicano alcanzó una cotización máxima de 24.27 pesos por dólar de 2020 y un mínimo de 16.79 este año. El promedio durante los últimos seis años ha sido, hasta ahora, de 19.6 pesos por dólar con una expectativa de cierre del año en 18.70 según la última Encuesta de Expectativas de Citibanamex (20 de junio), lo que implicaría un nivel menor al observado al cierre del sexenio anterior (20.1 pesos por dólar). La narrativa del nearshoring así como el diferencial de tasas con Estados Unidos han venido explicando el comportamiento del tipo de cambio, al menos durante los últimos dos años.
Mientras tanto, la inversión extranjera directa (IED) acumulada al 1T24 es de 202.2 mil millones de dólares de los cuales 71.5 mil millones son nuevas inversiones, cifra muy similar a la observada en el sexenio pasado tanto en monto como en términos del PIB (2.4% del 2019 al 2023 vs. 2.9% del 2013 al 2018).
Quizá el balance más negativo está en las cuentas fiscales. Si bien aparentemente se mantuvo la disciplina en las finanzas públicas, el deterioro en el último año de gobierno fue significativo. La administración actual dejará el déficit en 5.9% del PIB, vs. 2.1% a finales de la administración de Peña Nieto. Adicionalmente, la deuda pública se ubica en niveles de 50.2% del PIB (de 42.4% en el sexenio anterior).
La promesa del actual gobierno es reducir de nuevo este déficit a niveles de 3% del PIB. Sin embargo, un ajuste de esta magnitud no se había visto desde la Crisis del Tequila lo que aumenta significativamente las probabilidades de una recesión. Además, los recortes y supuestos ahorros (reducciones de personal, sueldos, etc.) han dejado desmantelada a la administración pública con una calidad de servicios muy deteriorada, una reducción de los fondos, fideicomisos y otros mecanismos de ahorro, con la asignación de recursos a obras que costarán al erario por las próximas décadas. A esto hay que añadir la precaria situación de las empresas productivas del estado y otras instituciones.
A primera vista estas cifras no muestran un deterioro significativo de los fundamentales macroeconómicos y en términos de crecimiento y bienestar pudieran resultar no muy diferentes a los resultados entregados por administraciones anteriores. No obstante, el diablo está en los detalles.
La disciplina fiscal se pudo llevar a cabo gracias a presiones recaudatorias de una sola vez y a los mecanismos de ahorro implementados en sexenios anteriores y que esta administración deja en muy mala forma. El incremento en los niveles de bienestar se hizo a costa de subir los salarios y subir los costos a las empresas, sin medidas que también promovieran el incremento de la productividad. Además, se incrementaron sustancialmente las transferencias, pero desmantelando los programas de seguridad social (como por ejemplo el sistema de salud, las estancias infantiles, etc.).
En el largo plazo, esto producirá un deterioro importante en los niveles de bienestar de la población además de que pone en riesgo la estabilidad fiscal. Finalmente, los niveles de crecimiento e inversión están sustentados en la narrativa del nearshoring. Sin embargo, para poder aprovechar plenamente las ventajas que puede ofrecer este fenómeno, es necesario fortalecer el estado de derecho, mejorar la seguridad e implementar políticas que promuevan el crecimiento con mejores niveles de infraestructura y acceso a energías limpias y eficientes.
La administración de Claudia Sheinbaum recibe un país con relativa buena salud, pero con pronóstico reservado. Hacia delante es necesario mantener y fortalecer el marco macroeconómico y adoptar políticas que no sólo promuevan el crecimiento, sino que también lleven a elevar los niveles de bienestar de la población pero que, sobre todo, sean sustentables, objetivo que sin duda tiene la próxima presidenta de México.