Un año de riesgo político alto

Por: Paulina Creuheras, subdirectora de Riesgo Político en Integralia Consultores

La semana pasada dimos a conocer nuestro reporte anual Diez riesgos políticos para 2025, en el que analizamos los principales escenarios que creemos podrían materializarse e impactar el entorno de negocios en el transcurso del año. 

El análisis se basa en una metodología propia de Integralia que evalúa el impacto potencial y la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo, con base en indicadores cuantitativos y cualitativos. Cada riesgo presenta una probabilidad de ocurrencia distinta, que puede cambiar durante el año.

En concreto, los riesgos que identificamos para 2025 son: 

Economía

Los cisnes negros para México en 2025

1. Se producen incertidumbre económica, disrupciones comerciales, tensiones diplomáticas y una intensificación de la crisis migratoria como resultado inmediato del regreso de Donald Trump: pues ha anunciado un plan de cambio político acelerado y radical que podría resultar perjudicial para México en distintos frentes. Por un lado, la imposición de aranceles generaría incertidumbre económica y afectaría el interés de inversionistas en el nearshoring. Las deportaciones masivas de migrantes también podrían ocasionar problemas aislados de conflictividad social y provisión de servicios en estados fronterizos. Mientras que operativos encubiertos en territorio mexicano derivados de la designación de cárteles como organizaciones terroristas “enfriarían” la colaboración entre agencias de seguridad y ocasionarían un aumento en enfrentamientos violentos en algunas entidades. En última instancia, todo ello aumentaría las tensiones diplomáticas y comerciales entre ambos países.

2. Se profundiza un entorno de concentración de poder que afecta la certeza para el sector privado y el clima de negocios dada la falta de equilibrio político, la erosión de los contrapesos y la debilidad de la oposición: el triunfo electoral de Morena y aliados relegó a la oposición a una presencia casi testimonial a nivel federal y local. Esta hegemonía política se ha fortalecido por la captura parcial de instituciones como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la desaparición de organismos autónomos reguladores (i.e. Cofece, IFT, CNH y CRE). Este contexto facilita la toma de decisiones arbitrarias que priorizan criterios políticos sobre técnicos, así como el uso discrecional de recursos públicos. Reduce, finalmente, la capacidad correctora del gobierno. 

3. Se debilita el espíritu de integración económica de América del Norte y se pone en duda la continuidad de la estructura actual del T-MEC: si Trump impone tarifas a sus socios comerciales, éstos responderán con medidas retaliatorias, desatando una escalada arancelaria en la región. Además, tras la reciente dimisión de Trudeau, ha crecido la probabilidad de victoria del Partido Conservador en Canadá, que llegaría al gobierno con una agenda adversa al T-MEC. Finalmente, no puede descartarse que los embates retóricos de ambos países hacia México puedan desatar una reacción nacionalista al interior de Morena, lo cual tensaría las relaciones con sus socios comerciales y haría aún más compleja la revisión del tratado en 2026. 

4. Se detona un proceso gradual de indefensión jurídica para las empresas a causa de una desaseada implementación de la reforma judicial, así como por una gradual pero creciente parcialidad e incapacidad para resolver disputas de todo tipo: este año se modificará radicalmente la conformación del Poder Judicial tras la elección de la mitad de las personas juzgadoras a nivel federal y de algunos integrantes de los poderes judiciales locales. Lo más probable es que en las listas finales de candidaturas aparezcan figuras cercanas a la coalición gobernante, abonando a la politización de la justicia. Además, las personas que resulten electas y las que se mantendrán en su cargo deberán ejercer bajo un marco normativo que contiene omisiones y un periodo de transición muy corto. En última instancia, ello generará incertidumbre e indefensión gradual para privados, sin que existan mecanismos legales confiables y efectivos para hacer frente a posibles actos arbitrarios de las autoridades. 

5. Se mantiene el clima de incertidumbre por la aprobación de nuevas reformas de la agenda de Sheinbaum que toman poco en cuenta la opinión del empresariado y de otros actores afectados, y donde predominan los criterios políticos en temas laborales, medioambientales, administrativos, entre otros: una vez concluido el llamado “Plan C” de AMLO, la presidenta Sheinbaum ya anunció que presentará aproximadamente 20 iniciativas para fortalecer los cambios constitucionales en las leyes secundarias del “Plan C” y nuevas reformas a la Constitución, incluyendo en materia electoral, contra el nepotismo, a la ley del Infonavit, entre otras. Además, es probable que surjan iniciativas “independientes” al interior de los grupos parlamentarios del oficialismo para empujar agendas particulares o ganar visibilidad mediática. Éstas posiblemente priorizarán criterios políticos sobre técnicos, aumentando la incertidumbre para el sector privado. 

6. Se proponen reformas electorales que merman las garantías para la competencia política libre, equitativa y justa, y que acotan la representación de los partidos de oposición: la presidenta ya anunció que enviará reformas para prohibir el nepotismo en candidaturas y cargos públicos, eliminar la reelección legislativa y de cargos públicos, reducir el financiamiento público a partidos, reducir el costo de elecciones, entre otras. Aunque algunos de estos cambios podrían ser benéficos, podrían suponer riesgos para la celebración de elecciones libres y equitativas, así como para la pluralidad y la alternancia políticas. 

7. Se ponen en pausa proyectos de inversión en sectores clave como el energético y de telecomunicaciones, entre otros, como resultado de la incertidumbre generada por las reformas constitucionales aprobadas (principalmente áreas y empresas estratégicas, judicial, y desaparición de órganos autónomos) y el impasse por la ejecución de sus leyes secundarias correspondientes: en 2025 se deberán presentar al legislativo las reformas secundarias en materia energética, de telecomunicaciones y de competencia derivadas de las reformas constitucionales mencionadas. La incertidumbre respecto a sus contenidos y el largo periodo de transición, abrirán un impasse para la inversión. 

8. Aumentan enfrentamientos violentos como resultado de fracturas internas en grupos del crimen organizado y la implementación de una estrategia de captura de liderazgos, lo cual dificulta el traslado de bienes por carreteras y la operación de MiPyMes en algunas regiones del país con alta presencia criminal: si bien el nuevo gobierno ha iniciado la implementación de una estrategia más técnica y operativa, es probable que ella genere escalada de violencia criminal. No puede descartarse, además, que esto aumente las presiones internas en Morena por abandonar la estrategia y regresar a prácticas del sexenio anterior que evitaron atacar o limitar de forma estratégica y directa las operaciones del crimen organizado. 

9. El gobierno propone una (mala) reforma fiscal para aumentar la recaudación (ya sea de forma integral o por medio de ajustes sectoriales), como resultado de finanzas públicas limitadas y la necesidad de seguir financiando los proyectos y programas prioritarios del gobierno: dado que aumentar el IVA o eliminar exenciones en alimentos y medicinas es políticamente anticlimático para el actual gobierno, se estima que el énfasis estará en los impuestos sobre la renta para personas tanto físicas como morales, así como en impuestos sectoriales u otros impuestos “progresivos”. 

10. Se degrada aún más la capacidad operativa y de planeación de los gobiernos locales para atender de forma eficaz problemas y necesidades locales (i.e. infraestructura y servicios básicos) como resultado de la corrupción, la escasez de recursos públicos, la falta de personal calificado y una creciente centralización del poder que los desincentiva de asumir esa responsabilidad: estas dinámicas impactan al entorno de negocios de tres formas principales: (i) las autoridades estatales invierten menos en el desarrollo de proyectos que fomenten el crecimiento local; (ii) los gobiernos locales se vuelven interlocutores menos eficientes para destrabar temas que afectan la operación de empresas en sus territorios, y (iii) las autoridades locales no asumen la responsabilidad o costo político de problemas que afectan al sector privado. 

Todo lo anterior señala que 2025 será un año de riesgo político muy alto para el entorno de negocios. 

Nuestro reporte completo puede consultarse en la página de Integralia (integralia.com.mx) o a través de nuestras redes sociales.