Con reforma a Ley Minera, México desperdicia oportunidad con el litio
La reforma a la Ley Minera en materia de litio únicamente desaprovecharía la oportunidad de México para explotar adecuadamente este mineral.
Tras aprobarse de forma exprés en ambas cámaras del Congreso de la Nación, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una reforma a la Ley Minera que busca reforzar el control del Gobierno mexicano sobre la explotación y aprovechamiento del litio.
Aunque el presidente ha dicho que está trabajando en alianzas con otros países productores y potenciales productores de litio para construir una empresa del estado para su aprovechamiento, la industria minera asegura que el estado no tiene la capacidad para explotarlo adecuadamente.
No solo eso, sino que hay precedentes históricos claros de que el Gobierno no tiene la capacidad de gestionar adecuada y rápidamente estas tareas. “En 1979 se creó Uramex, Uranio Mexicano, una empresa paraestatal que se creó con un objetivo muy similar que ahora se tiene con el litio. Había expectativas muy altas para generar electricidad con sistemas nucleares. Y lo que pasó fue que duró cuatro o cinco años. Fue realmente un fracaso”, recuerda Rigoberto García Ochoa, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef).
El ejemplo de Uramex ya ha sido citado por diversos expertos, pues las potenciales similitudes con el mercado del litio van más allá de la intención de crear una paraestatal minera. Según el experto del Colef, el uranio pasó rápidamente de ser un mineral estratégico a un proyecto sin gran valor económico para el estado luego que se popularizaron otros combustibles, particularmente el shale gas, por su potencial de generación de electricidad sin el riesgo de accidentes nucleares. Algo que también podría repetirse en el caso del litio, señala García Ochoa.
“Nada garantiza que el litio vaya a seguir teniendo esta importancia que ahora tiene para la producción de baterías para vehículos eléctricos […]. Cada vez hay más innovaciones tecnológicas con diferentes materiales. Incluso ya hay baterías que no usan litio, sino que utilizan iones de sodio. Si logran penetrar más en el mercado, el litio va a perder importancia. Ahí valdría la pena preguntarnos si vale la pena que se destinen recursos públicos a este mercado”, advierte.
El problema no es solo que el Gobierno de México no pueda explotar el litio en la potencialmente limitada ventana de oportunidad que tiene el mineral. Sus esfuerzos legales también impedirían a los privados hacerlo, desaprovechando por completo la alternativa de dejar la tarea a las empresas para que los recursos no pierdan valor en el suelo y pueda, cuando menos, cobrar regalías por los derechos de explotación.
Si bien la administración federal, el partido en el poder y el mismo Presidente han definido la aprobación de la reforma a la Ley Minera como un recurso para asegurar la nacionalización del mineral, en realidad su principal función es establecer una explotación exclusiva por parte del estado, señala Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“Querer establecer una exclusividad en la explotación genera una suerte de monopolio que tendría que estar contemplado en la Constitución y no en una ley secundaria. Por eso, eso abre la puerta a que la norma pueda ser impugnada, especialmente por los particulares que ya tienen concesiones, porque parece que se quiere una aplicación retroactiva”, asegura el especialista.
La posibilidad ya ha generado nerviosismo entre representantes del mercado. La Cámara de Comercio de Canadá (CanCham) en México aseguró que el país no se podía reservar el derecho exclusivo de explotar el litio sin que las modificaciones apropiadas fueran aprobadas por los tres integrantes del T-MEC. Y cuando menos tres empresas podrían presentar recursos de inconstitucionalidad contra esta legislación, según como sea aplicada por la administración.
Si bien es muy probable que estos agentes eventualmente puedan hacer valer sus derechos por la vía legal, hay precedentes muy recientes que hacen pensar que este proceso de impugnación y conflicto legal entre el Gobierno federal y los privados podría extenderse por varios años, de acuerdo con Martín Reyes.
“Ni siquiera en el caso de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) hemos visto un desenlace. Si en ese conflicto se han tardado tanto, en éste podrían tardarse mucho más. Por eso el voto sobre la inconstitucionalidad es tan importante. Si la Corte hubiera invalidado esas disposiciones, ya se habría resuelto el asunto, porque tiene efectos generales. Los amparos pueden tardar muchísimo. Y en el caso de los amparos se tienen que resolver uno por uno […]. Podría pasar algo similar con esta ley [sobre el litio], y eso le mete incertidumbre al sector […] y las empresas lo que necesitan es claridad sobre qué cosas se valen y qué no”, afirma el especialista.
Esta incertidumbre, como ya ha advertido la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), congelaría la inversión nacional y extranjera en el litio, dificultando que se pueda aprovechar el mineral en la corta ventana que se tiene disponible.
