A discreción estados obtienen más de 315 MMP de la Federación
Las reformas de 2006 y 2007 al Sistema de Coordinación Fiscal disminuyeron sustancialmente la inequidad en la distribución de recursos federales a los estados gracias a, entre otras medidas, las metodologías claras para el reparto.
Sin embargo, diversos fondos destinados a proyectos como la construcción de infraestructura educativa o resistir el impacto de un fenómeno meteorológico, quedaron exentos de las reformas y a merced de las habilidades de negociación de cada gobernador.
Zacatecas, Colima y Baja California Sur parecen ser los estados más influyentes, pues los recursos que recibieron en 2016 a través de convenios específicos –según los datos más recientes disponibles- ascienden a la tercera parte del total que les entregó la federación.
Te puede interesar: Moreno Valle hizo de Puebla el estado panista consentido del gobierno federal.
Las secretarías federales son las responsables de estos fondos y los gobernadores acceden a estos recursos mediante convenios llamados específicos, si antes claro, tienen éxito en el proceso de cabildeo. Estos convenios se pactan de forma tan diversa, que algunos de ellos ni siquiera precisan cuál será el destino específico de los recursos.
“Como resultado, [los estados] reciben recursos adicionales a los estipulados en las fórmulas de participaciones y aportaciones que varían año tras año, resultantes de un proceso de asignación discrecional” advirtió José Carlos Rodríguez Pueblita, director senior en ManattJones Global Strategies, en un análisis elaborado para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Sin formulas claras para su asignación, el gobierno federal tiene en sus manos una bolsa mayor a 315 mil millones de pesos para repartir de forma discrecional, a través de convenios específicos, el triple de lo presupuestado para seguridad nacional en 2018 por 102 mil millones de pesos.
Los gobernadores deben cabildear la entrega de recursos federales. Foto: Conago.
El monto a distribuir a través de estos convenios ha crecido constantemente como porcentaje del total de las transferencias federales; en 2000 representaba 6%, para 2014 se había elevado a 23% y en 2016 quedó en 20%, de acuerdo con los datos más recientes de finanzas públicas estatales registrados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Zacatecas es el estado con el porcentaje más alto de recursos asignados mediante convenios específicos. De los 30 mil 771 millones de pesos que recibió de la federación en 2016, 34% o 10 mil 394 millones los obtuvo sin fórmulas claras de asignación, es decir, por su habilidad de negociación.
La opacidad en la asignación de recursos a través de convenios específicos provoca desigualdades de ingreso entre los estados, tomando en cuenta que alrededor de 80% de su presupuesto proviene de la federación.
Ejemplo de ello es que Guanajuato recibió más de 3 mil 138 millones de pesos en convenios para educación, cultura y deportes en 2016, 68% más recursos que Veracruz; un estado con similar aportación al PIB nacional que obtuvo mil 873 millones.
En contraste, siete estados no recibieron recursos a través de uno de los tipos de convenios existentes etiquetado para mejorar los servicios públicos ese mismo año, entre ellos Baja California, Chihuahua, Querétaro y Veracruz.
Te puede interesar: Hacer uso del Sistema Nacional Anticorrupción, el gran reto de los mexicanos: Ethos Lab.
Para eliminar la discrecionalidad, los recursos para convenios específicos deberían distribuirse a partir de los resultados que cada estado obtenga en la lucha contra la pobreza multidimensional, sugiere Rodríguez Pueblita.
El analista propone modificar el Sistema de Coordinación Fiscal para introducir variables objetivas, relevantes, monitoreables y no manipulables a través de las cuales se puedan medir los resultados.
Por ejemplo, para el rezago educativo, medir la taza de población analfabeta y la de población sin escuela primaria; para el acceso a la salud, tomar en cuenta la tasa de mortalidad infantil y de mortalidad materna.
La calidad de los espacios y la vivienda podrían medirse con la tasa de población con hacinamiento en la vivienda y población cuya vivienda tiene piso de tierra; el acceso a los servicios básicos con la taza de población sin acceso a agua potable y población sin acceso a drenaje.
MÁS INFORAMCIÓN: Finanzas públicas y municipales, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), consultado el 2 de julio de 2018.
