¿Cuáles son los retos de corrupción en las instituciones autónomas?
A pesar del buen desempeño de las instituciones autónomas, hay riesgos de corrupción que parecen haber crecido los últimos años.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dio a conocer su actualización 2018-2020 de su Índice de Riesgos de Corrupción (IRC). Esta medición, según la misma organización, permite “identificar las malas prácticas en las compras públicas de cada institución” con el fin último de identificar “problemas potenciales”.
A través de su reporte de resultados, el IMCO destacó los resultados de las instituciones y organismos constitucionales autónomos. En los tres años analizados, estos órganos públicos se distinguieron, consistentemente, por presentar los índices de riesgos de corrupción más bajos entre las dependencias analizadas.
Por ejemplo, la Comisión Nacional de Bioética tuvo un puntaje de 100 en 2020, lo que refleja el mayor nivel de riesgo para actos de corrupción dentro de sus compras públicas. Por el contrario, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), tuvieron calificaciones por debajo de los 20 puntos. También la Fiscalía General de la República (FGR) se destacó, aunque con un puntaje más alto.
Lo que llama la atención en la comparación entre 2018 y 2020, es que algunas instituciones autónomas parecen haber empeorado en su calificación de riesgos de corrupción entre 2018 y 2020. Así parece el caso para la Cofece, el Inai, el Inegi y el IFT, que el año pasado tuvieron calificaciones generales más altas que al inicio del sexenio.
Los riesgos de corrupción de los autónomos
El IRC del IMCO se calcula identificando 27 indicadores en tres verticales específicas: Competencia (para identificar qué instituciones no priorizan la licitación pública), Transparencia (para determinar qué organismos no publican la información de las compras realizadas) y Cumplimiento de la ley (para ver qué agencias realizan prácticas ilegales en las transacciones públicas).
En varios de estos indicadores, el IFT, Inegi, Cofece e Inai replican el movimiento general que se puede percibir en el IRC final: Un aumento en los riesgos de corrupción en 2019 seguido de una caída en 2020 que no basta para recuperar el terreno perdido.
En entrevista, Pablo Montes Mendoza, coordinador anticorrupción del IMCO, advierte que parte de este fenómeno se explica por un proceso de normalización de datos que se aplica a los componentes antes de integrarlos en el IRC final.
Por este proceso, asegura que “el puntaje de cada año está en función del desempeño de otras instituciones. Agarramos al peor, y de ahí vemos cómo lo hicieron los demás hacia abajo. Entonces las variaciones en el puntaje a veces pueden deberse a los resultados de otras instituciones”.
Tal es el caso del Inegi y el Inai, que a pesar de tener puntuaciones más altas para 2020 en competencia y Cumplimiento de la ley con respecto a 2018, su rendimiento ha mejorado o se ha mantenido más o menos igual; con mejoras en algunos indicadores y bajas negativas moderadas en otros.
Sin embargo, ese no es el caso del IFT. El monto de transacciones que fueron por adjudicación directa o invitación restringida más que se duplicó, de 12 a 32%, entre 2018 y 2020. También se vio un ligero incremento en el porcentaje de contratos publicados tarde y en el de los concursos con plazos cortos. Asimismo, cuando hace tres años no había contratado a proveedores riesgosos, en 2020 entregó 4.2 millones de pesos a una empresa de reciente creación.
También en Cofece se puede ver un retroceso en la vertical de transparencia. El porcentaje de documentos para la Junta de Aclaraciones que se dejó de publicar en los portales oficiales de gobierno casi se triplicó entre 2018 y 2021.
Montes apunta que justamente esta vertical de transparencia representa el punto más importante que atender en materia de corrupción para las instituciones autónomas de México y, en general, para todos los organismos públicos del país.
Apunta que “en todas las instituciones hay casos en donde no se publican ciertos documentos. Pero éste es justo el componente en el que todas las instituciones deberían tener la máxima calificación porque es una obligación de ley publicar estos documentos. Y, además, es una función que va más allá de la interpretación. Es simplemente ver si se publica o no el documento”.
Autónomas se mantienen como ejemplo
Incluso con los fallos del IFT o Cofece, o bien con los pendientes y altibajos del Inai en materia de riesgos de corrupción, Montes apunta que las instituciones autónomas siguen siendo un referente para el resto de los organismos públicos en México.
También reconoce que estas calificaciones “hablan de un esfuerzo intencional y activo. Si se revisan los informes de resultados del Inegi y otros, mencionan que están haciendo un esfuerzo en contrataciones públicas que se ve reflejado en estas cifras”. Asimismo, cree que su desempeño en el IRC podrían ser usados como un estándar a seguir “para que las autónomas mantengan sus calificaciones, pero también para que otras instituciones puedan reducir riesgos de corrupción”.
