Lucha contra la corrupción en México sigue siendo lenta y opaca
La lucha contra la corrupción en México continúa siendo lenta, ineficiente y opaca a pesar del discurso del Gobierno federal.
De acuerdo con el Observatorio de los Sistemas Anticorrupción, una investigación realizada por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey (ITESM), los resultados en la batalla de la actual administración contra la corrupción a través de este mecanismo ha sido lenta, pues solo se han atendido una fracción de los casos y sanciones en los últimos dos años.
La investigación observó únicamente los resultados para 2019 y 2020 de los Sistemas Nacionales Anticorrupción en 10 entidades del país, más los casos de nivel federal. De todas las quejas administrativas presentadas estos dos años, se resolvieron apenas el 31%. Y de ese 31%, solo 28% han resultado en sanciones a servidores públicos. Es decir, solo 8.8% de todas las quejas administrativas recabadas terminaron en castigos concretos a funcionarios.
A eso se debe de sumar que persiste la opacidad en el combate a la corrupción, con una alta proporción de no respuesta en las solicitudes de acceso a la información. En el intercambio de datos a nivel estatal, tres de las entidades no respondieron a cuatro de cada 10 solicitudes de acceso a la información. En ningún caso, con excepción de las solicitudes presentadas al Sistema Nacional Anticorrupción a nivel federal, se respondió más del 90% de las peticiones de datos.
Asimismo, se puede notar una caída entre 2019 y 2020 en los resultados que entregaron los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción. Si bien la variación anual en quejas resueltas, sentencias obtenidas, funcionarios multados y montos recuperados podría responder a las dificultades vividas en medio de la crisis sanitaria, también es una evolución consistente con otras mediciones de la corrupción en México que muestran un entorno en constante deterioro.
Opacidad y lentitud en el Sistema Nacional Anticorrupción
Desde los primeros años de su presidencia, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que una de sus principales prioridades en el gobierno sería justamente la lucha contra la corrupción. La adecuada implementación del Sistema Nacional Anticorrupción fue identificada por varios agentes como crucial para sancionar las acciones indebidas de los agentes de gobierno.
Sin embargo, la investigación piloto del ITESM sugiere que la implementación ha sido menos que ideal. La Escuela de Gobierno y Transformación Pública de la institución analizó los resultados del Sistema Nacional Anticorrupción a nivel federal y en diez entidades específicas: Coahuila, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Sonora y Tamaulipas.
Entre 2019 y 2020, reporta el estudio, se presentaron 16 mil 277 quejas administrativas entre las entidades estudiadas. De ellas, sin embargo, solamente se resolvieron poco más de cinco mil. Y de estos procesos que lograron llegar al final del camino, solamente se ha sancionado a mil 434 servidores públicos.
Asimismo, de seis mil 713 denuncias penales realizadas en los últimos dos años, el ITESM reporta que solo se han obtenido 13 sentencias penales condenatorias. Los montos recuperados por actos de corrupción y faltas administrativas sumaron poco más de 3.6 millones de pesos (MP) en esos dos años.
Fuente: Escuela de Gobierno y Transformación Pública del ITESM
Juan José Tena García, profesor investigador de la iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del ITESM apunta que estos resultados podrían reflejar que el progreso es lento, y sí admite que se trata de un avance pequeño. Sin embargo, defiende que se trata de una evolución natural, considerando el contexto mexicano.
“Así como la corrupción no se generó en un año o dos o a lo largo de un sexenio, sino que fue un largo proceso, un caldo de cultivo con faltas en el desarrollo institucional, del estado de derecho, de la cultura de la legalidad, pues igual el combate a la corrupción […] va a tomar mucho tiempo. Es una batalla no de meses, sino de años; posiblemente décadas”, asegura.
Lo que sí es notable y preocupante, opina, es el nivel de opacidad importante alrededor de los datos necesarios para evaluar el desempeño de la iniciativa. La información de la investigación, apuntó el ITESM, provino de los Comités de Participación Ciudadana y la Plataforma Nacional de Transparencia. Pero solo los órganos de nivel federal y los de Colima respondieron a más del 80% de las solicitudes de información.
En el resto, la tasa de no respuesta a las solicitudes de información osciló entre el 20% (Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Puebla) y el 40% (Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas). Juan José Tena apunta que la falta de apertura de la información no solo impacta en la relación entre el Sistema Nacional Anticorrupción y la ciudadanía. Incluso los comités de participación ciudadana, que por ley deberían poder tener acceso pleno a la información de las instituciones que integran la iniciativa, no logran obtener respuesta en muchas de las solicitudes.
Este fenómeno, apunta el profesor investigador del ITESM, podría responder a varios factores “las instituciones creen, o siguen pensando, que la información es patrimonio de ellas. [Además], muy poco sistemas han diseñado lineamientos o protocolos de intercambio de información entre ellos mismos […]. Y también hay fallas de archivo importantes. No se procesa bien toda la información […]. Ahí traemos un problema de que tenemos que ponernos de acuerdo y empezar a crear sinergias con las instituciones para poder transmitirles que es importantes sistematizar esto”.
Deterioros en la lucha contra la corrupción
El número de quejas, sentencias, sanciones y montos recuperados, según los datos recopilados por el ITESM, también tuvieron ajustes importantes a la baja entre 2019 y 2020. Lo anterior podría responder, en parte, al efecto de la pandemia; admite Juan José Tena. Pero también, apunta el especialista, podría responder a la naturaleza misma de los procesos anticorrupción.
“Los procedimientos legislativos y penales en muchas ocasiones se llevan más de un año. A veces tardan años. Entonces esperamos que en la próxima medición del 2021, podamos ver un repunte de la actividad institucional en estas tareas”, agrega.
Sin embargo, también podría ser parte de una tendencia más amplia. El World Justice Project (WJP) liberó hace unas semanas su Índice de Estado de Derecho. En el apartado de “ausencia de la corrupción”, México se posicionó en el lugar 135 de 139 países analizados; por debajo de naciones infames por sus problemas estructurales a nivel gobierno, como Venezuela, Paraguay y Afganistán.
Más importante, la calificación de 0.26 (donde 0 es el peor estado de corrupción y uno es la ausencia total de corrupción) representa la quinta caída consecutiva de México en este indicador desde 2015. Y desde 2018, cuando entró en poder la actual administración, el indicador ha registrado una caída de cinco centésimas de punto; sugiriendo un deterioro (y no la mejora que presume el actual gobierno) en el combate a la corrupción.
También el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) de Americas Society y Council of the Americas refleja este deterioro. En 2021, el puntaje general de México fue de 4.25 (en una escala del cero al 10, donde la mejor calificación son 10 puntos y representa las condiciones ideales para identificar y castigar abusos de poder entre funcionarios de gobierno), una décima menos que en 2020 y dos décimas por debajo de los 4.65 obtenidos en 2019.
En ese análisis, justamente el pilar de “Independencia y eficacia de los organismos anticorrupción” fue identificado como uno de los puntos débiles más importantes de México, con una puntuación específica por debajo de la media de los países analizados. También los “Procesos legislativos y de gobierno” probaron ser un reto crucial para el país, con una puntuación de apenas un punto en la misma escala de cero a 10.
Juan José Tena alerta que los sistemas nacionales anticorrupción son frágiles por naturaleza, pues tienen muchos engranes y agentes involucrados en ellos. Y con cualquier pieza que falle o agente malicioso que meta mano, se puede atascar todo el aparato. En este contexto, advierte que sí se empiezan a vislumbrar amenazas que podrían deteriorar la efectividad de la iniciativa, como parecen reflejarlo los rankings internacionales.
“En términos institucionales sí se han visto mermadas las capacidades. Yo veo un peligro, a la vuelta de cinco años, para los sistemas anticorrupción; en la forma de una enorme tentación de fuerzas políticas de cooptar la iniciativa. Vieron en ellos un espacio que todavía no alcanzaban y ya han empezado a intentar cooptarlas vía las comisiones de selección que eligen los poderes legislativos. Y por otro lado, también han empezado a apretar en la falta de recursos para programas específicos”, advierte.
