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Venta de OHL fue orquestada por el gobierno y la empresa: Paulo Díez

18-07-2017 10:43

La venta de OHL México y su desliste de la Bolsa Mexicana de Valores “es el pago de un favor” de parte del gobierno federal, asegura el abogado.

Paulo Díez lleva más de dos años denunciando actos de corrupción de OHL y el gobierno federal. Agrandar
Paulo Díez lleva más de dos años denunciando actos de corrupción de OHL y el gobierno federal.

La venta de OHL México al fondo IFM Global Infrastructure Fund (IFM) es una operación orquestada entre funcionarios del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y la empresa española, denuncia el abogado Paulo Díez Gargari.

“El proceso de salida de OHL de la bolsa se reanudó el 2 de junio de 2017, dos días antes de las elecciones del Estado de México. El incentivo de deslistarse no es solo de OHL, sino de sus socios en el gobierno, porque salirse baja la presión ya que hay menos información, menos acceso de la sociedad”, dijo.

Entrevistado a propósito del anuncio de la española OHL Concesiones por la venta de las acciones de su filial OHL México al fondo australiano IFM, el abogado de Infraiber señala que la operación “es el pago de un favor”.

“Es evidente la vinculación de OHL con el gobierno del Estado de México, con el actual gobierno federal, con actos de corrupción muy graves. Como lo he denunciado y parece que las investigaciones en España me dan la razón: el financiamiento ilegal de campañas políticas no solo es en México sino también en España”.

 

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El 14 de junio OHL Concesiones –una división del grupo español OHL- anunció en conjunto con IFM Global Infraestructure Fund la oferta pública de adquisición (OPA) de hasta el 100% de las acciones de OHL México en manos del público inversionista a un precio de 27 pesos por acción.

La operación se anunció después de que por varios años los funcionarios y accionistas de OHL México han sido acusados de cometer una serie de ilegalidades con las concesiones del Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario.

Así como de manipular sus estados contables con la complicidad de funcionarios del gobierno del Estado de México y del gobierno federal.

OHL no tiene argumentos para responder ante los graves señalamientos de corrupción en México y España, asegura Díez Gargari.

 

Desde que se dio a conocer la operación de venta de OHL México y el desliste de sus acciones de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el abogado Paulo Diez ha insistido en los medios de comunicación, sobre la autorización del organismo supervisor del mercado de valores, a pesar de la ilegalidad de la OPA.

“Es un papel muy triste el que está representando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, porque es una de esas instituciones que durante años ha mantenido la institucionalidad y cierto prestigio” dice Diez Gargari.

El abogado recuerda que, hasta marzo de 2016, cuando la CNBV impuso una sanción en contra de OHL y Deloitte, había actuado razonablemente, “pero a partir de ahí ya no pudo con la presión del gobierno federal”.

En una amplia entrevista para Arena Pública el abogado recuerda que el precio derivado del valor contable de OHL México es de 41.32 pesos por acción, precio que se debería pagar a los accionistas minoritarios según los estatutos de la empresa.

Sin embargo, IFM, el comprador, ofreció un precio de 27 pesos a través de una asociación llamada Magenta. Esa oferta pública fue autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

“Es increíble. Presenté una denuncia penal ante la PGR porque la autorización que hizo la comisión es ilegal. Y hay un tipo delictivo específico que dice que el servidor público que emita una autorización ilícitamente comete uno de estos delitos que deben perseguirse de oficio”, asegura Díez Gargari.

OHL comenzó el proceso para deslistarse de la bolsa en junio del 2016; pidió la autorización a la comisión y esta le pidió información por última vez en agosto de 2016, desde ese momento y hasta mayo de 2017 el proceso se quedó dormido, relata el abogado.

 

La autorización es ilegal.

 

El 2 de junio OHL reactivó el proceso y en cuestión de 10 días obtuvo la aprobación de la CNBV. Hay evidencia documental de que la comisión le pidió a la empresa revelar cierta información, como el valor contable por acción, pero la empresa se negó y aun así la comisión decidió autorizarla, explicó el abogado.

 

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Para Díez Gargari OHL abandona la BMV porque sabe que no puede cumplir con la exigencia de la CNBV de reformular sus estados financieros. El día que lo haga va a enfrentar “una cascada de demandas y denuncias penales por haberlos engañado”.

La otra razón que esgrime el abogado es porque OHL no tiene argumentos para responder ante los graves señalamientos de corrupción en México.

El abogado de Infraiber –a quien se le cuestiona ampliamente sobre sus motivaciones para insistir en las denuncias en contra de la empresa española- espera que las denuncias que presentó ante la PGR se resuelvan pronto.

De no ser así agotará las instancias nacionales y, si no hay una respuesta favorable, acudirá a los tribunales internacionales, sentenció.

 

Este tema va a tener que ser resuelto de fondo por alguien que diga si había o no razón en mis reclamos y si hay o no responsabilidad penal de todas estas personas que participaron.

 

¿Se ha reunido con los altos funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto para abordar el asunto? Se le cuestiona.

“No he tenido reuniones con nadie del gobierno desde hace dos años”, responde.

¿Presiones? “He recibido un arma en mi coche, una detención ilegal de unos días y presión con algunos de mis clientes para que no me contraten. Cosas de ese tipo que se hacen todos los días”.

 

MÁS INFORMACIÓN: Entrevista completa con Paulo Díez Gargari.

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