México sospechosamente lento para investigar contratos con Odebrecht
Una tortuga es un cohete frente a las autoridades mexicanas.
Quienes han reaccionado de manera lenta para investigar a la brasileña Norberto Odebrecht, la constructora que se dedicó a sobornar a funcionarios por toda América Latina para conseguir contratos públicos.
En diciembre de 2016 directivos de la empresa admitieron ante el departamento de Justicia de Estados Unidos que sobornaron a servidores públicos en una docena de países de la región, incluyendo a los mexicanos, a quienes ofrecieron 10.5 millones de dólares a cambio de contratos entre 2010 y 2014.
Pero el escándalo estalló desde 2015, en junio de ese año Marcelo Odebrecht, ex presidente de la compañía y nieto de Norberto, fue detenido en Brasil por los delitos de corrupción pasiva -dejarse corromper- lavado de dinero y asociación para delinquir.
Nueve meses después fue condenado a 19 años de prisión por el pago de más de 30 millones de dólares en sobornos a funcionarios de la petrolera del Estado brasileño, Petrobras.
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Ecuador, Panamá y Perú actuaron rápido, poco después de la detención del empresario iniciaron auditorías a los contratos que otorgaron a Odebrecht.
Como resultado recientemente la fiscalía de Panamá solicitó ayuda a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para localizar y detener a dos hijos del ex Presidente Ricardo Martinelli, quienes están acusados de haber recibido 22 millones de dólares en sobornos de la constructora.
Izq. Ricardo Alberto Martinelli Linares/ Der. Luís Enrique Martinelli Linares
En Perú el ex Presidente Alejandro Toledo se encuentra en prisión preventiva para enfrentar los cargos por sobornos de Odebrecht. En total más de una docena de funcionarios llevan un juicio por los mismos cargos en diversos países de América Latina.
A pesar de las evidentes muestras de corrupción desde junio de 2015, las autoridades mexicanas han reaccionado de manera tibia y lenta.
A penas en diciembre de 2016 la Secretaría de la Función Pública y Petróleos Mexicanos difundieron un escueto comunicado para informar que trabajarían en conjunto para recopilar toda la información disponible en torno a posibles sobornos que Odebrecht -a través de su subsidiaria, Braskem- pudieron haber pagado a servidores públicos.
La lentitud de reacción de las autoridades mexicanas cuando menos genera desconfianza, puesto que altos funcionarios como los ex directores de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Juan José Suárez Coppel y Emilio Lozoya Austin, incluso el propio Presidente, Enrique Peña Nieto, están relacionados con los contratos que se concedieron a Odebrecht.
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Suárez Coppel estuvo al frente de PEMEX cuando firmó con Odebrecht el contrato para la construcción del complejo petroquímico Etileno XXI, el más grande de América Latina.
Luego Emilio Lozoya Austin le concedió a Odebrecht la potestad de construir y operar el gasoducto los Ramones II Norte, el eje principal para la modernización del sistema de distribución de gas natural de México.
El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, también les adjudicó obras, en 2015 concesionó a Odebrecht la operación del Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano por 30 años, antes, en 2014, se asoció con la empresa para construir una planta hidroeléctrica que suministraría energía a Etileno XXI.
Al centro: Javier Duarte Ochoa y Marcelo Odebredcht durante la presentación del proyecto Etileno S. XXI
En octubre de 2013 Enrique Peña Nieto sostuvo un encuentro privado con Marcelo Odebrecht, quien le anunció que invertiría 8,100 millones de dólares en México, principalmente en Veracruz.
Los comprobados actos de corrupción de Odebrecht a lo largo de América Latina hacen difícil pensar que en México sus funcionarios hayan tenido un comportamiento distinto al relacionarse con el Presidente, los directores de PEMEX y el ex gobernador de Veracruz, un hilo que las autoridades no han jalado con contundencia.
