Gobiernos y Finanzas Públicas

En México la justicia tiene un límite: los intocables funcionarios de gobierno

15-02-2017 13:15

Los funcionarios señalados por algún delito se fugan, son investigados por personas con claros conflictos de interés o se libran de la justicia cuando el ministerio Público no encuentra pruebas que acrediten su falta.

Nunca, por lo menos en las últimas ocho décadas, un Presidente de México ha ido a parar a la cárcel. Agrandar
Nunca, por lo menos en las últimas ocho décadas, un Presidente de México ha ido a parar a la cárcel.

¿Cuándo fue la última vez que un Presidente fue a la cárcel en México?

Nunca, por lo menos en las últimas ocho décadas, un Presidente ha ido a parar tras las rejas.

Y no precisamente por su ejemplaridad.

La aplicación de la justicia en el país tiene un tope, ser funcionario de alto nivel: Presidente, secretario de Estado, ministro, gobernador, diputado, o al menos eso parece repetirnos la historia.

En México los funcionarios señalados por algún delito se fugan, son investigados por personas con claros conflictos de interés o se libran de la justicia cuando el ministerio Público no encuentra pruebas que acrediten su falta.

Tan sólo en lo que va de la administración de Enrique Peña por lo menos ocho ex gobernadores cuentan con procesos judiciales en curso:

  • Rodrigo Medina, ex gobernador de Nuevo León, acusado de abuso de poder y desvío de recursos por más de 3,600 millones de pesos.
  • Miguel Alonso Reyes, ex gobernador de Zacatecas, acusado por actos de corrupción por más de 1,300 millones de pesos.
  • Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, enfrenta cargos por enriquecimiento ilícito y apropiación indebida de recursos del Estado -peculado- a través de contratos a empresas fachada.
  • Guillermo Padres, ex gobernador de Sonora, se le acusa de enriquecimiento ilícito, desvío de recursos superior a 30 mil millones de pesos y uso de recursos de procedencia ilícita por 8.8 millones de dólares que obtuvo mediante sobornos para conceder contratos.
  • Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila, acusado de malversación de recursos, blanqueo y organización criminal.
  • Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, enfrenta cargos por corrupción, vínculos con el narcotráfico y delitos contra la salud, se presume que recibió millones de dólares en sobornos del Cartel del Golfo y otras organizaciones criminales. 
  • Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo, acusado de vender cerca de 10 mil hectáreas de terrenos de reservas en Cozumel y Tulum familiares y amigos a un precio muy por debajo del real que eran propiedad de los gobiernos municipales.
  • Cesar Duarte, ex gobernador de Chihuahua, se la acusa de enriquecimiento ilícito, uso indebido de atribuciones y apropiación indebida de recursos del Estado.

El saldo de la vergonzosa lista es un ex gobernador que enfrenta su proceso legal en prisión, Guillermo Padres y dos más prófugos de la justicia, Javier Duarte y Tomás Yarrington.

El resto se mueve como si no tuviera fuertes acusaciones en su contra, a Roberto Borge se le captó en un partido de la NBA en Miami, mientras que Miguel Alonso es actualmente director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, por ejemplo.

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En contraste, países de América Latina como Guatemala y Perú dan a México un ejemplo de la aplicación de justicia a todo nivel.

 

Crímenes de lesa humanidad

Desde hace ocho años el ex Presidente de Perú, Alberto Fujimori, cumple una condena de 25 años en prisión por crímenes de lesa humanidad y apropiación indebida de recursos del Estado. Fue sentenciado en 2009 tras haber ostentado el poder por una década, de 1990 a 2000.

En México 23 mil personas realizaron una petición a la Corte Penal Internacional en noviembre de 2011 para que se realizara un juicio penal internacional contra el hoy ex Presidente de la República, Felipe Calderón, por crímenes de lesa humanidad y guerra.

El argumento fue que su estrategia contra el crimen organizado causó la muerte de 60 mil personas, 10 mil desapariciones y 1.6 millones de desplazados. De acuerdo con el abogado redactor de la petición, Netzaí Sandoval, en México no se podía llevar el juicio porque en la ley no están tipificados ambos delitos.

Cinco años después Felipe Calderón impulsa la candidatura de su esposa, Margarita Zavala, a la presidencia de la República por el mismo partido que lo encumbró, Acción Nacional.

 

Justicia con la vista gorda

En Panamá el gobierno solicitó la captura y extradición del ex Presidente Ricardo Martinelli en septiembre de 2016, quien es investigado por la Corte Suprema de Justicia por interceptar dispositivos telefónicos de empresarios, periodistas, activistas y opositores durante su gobierno.

El 13 de febrero pasado la fiscal anticorrupción, Tania Sterling, solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) la “notificación roja” contra los hijos del ex mandatario, Ricardo y Luis, es decir pidió ayuda para localizarlos y detenerlos.

Los hijos de Martinelli están acusados de ser los presuntos destinatarios de 22 millones de dólares en sobornos por parte de la constructora Odebrecht, empresa que sobornó a diversos gobiernos en América Latina para obtener contratos.

A pesar de que Ecuador, Panamá y Perú iniciaron desde 2015 auditorías sobre los contratos que otorgaron a la empresa, de que en Brasil Marcelo Odebrecht fuera declarado culpable de soborno, lavado de dinero y asociación delictiva y de que directivos de la constructora admitieran ante el departamento de Justicia de Estados Unidos que sobornaron también a funcionarios mexicanos entre 2010 y 2014 con 10.5 millones de dólares a cambio de contratos.

En México no se sigue un proceso penal contra los funcionarios de alto nivel que le otorgaron contratos a los Odebrecht, como Emilio Lozoya Austin, quien como director de Petróleos Mexicanos concedió a la empresa la potestad de construir y operar el gasoducto los Ramones II Norte, antes, con Juan José Suárez Coppel la empresa firmó un contrato para la construcción del complejo petroquímico Etileno XXI.

En contraste, en Perú el ex Presidente Alejandro Toledo y más de una docena de funcionarios en América Latina enfrentan cargos por haber recibido sobornos de Odebrecht.

 

Un gabinete en la cárcel vs investigaciones a modo

En Guatemala la fiscalía encarceló a casi todo el gabinete del ex Presidente Otto Pérez Molina, quien gobernó de 2012 a 2015. Fue desaforado por su participación en el caso “La Línea,” una red de contrabando aduanero. Desde hace dos años tanto el ex Presidente como la vicepresidenta, Roxana Baldetti, se encuentran en prisión.

Junto con ellos, seis altos funcionarios de la administración fueron enjuiciados y llevados a prisión, los casos más recientes fueron los del ex ministro de Defensa, Manuel López Ambrosio; el ex ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla y el ex ministro de Defensa, Ulises Anzueto.

Los tres funcionarios fueron detenidos por utilizar recursos públicos para comprar lujosos regalos para el ex Presidente Pérez Molina y la vicepresidenta Baldetti.

En México el Presiente Enrique Peña y el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, fueron señalados por conflicto de interés luego de que trabajos periodísticos revelaran que un contratista -antes beneficiado con obras públicas por el mandatario- les había construido una mansión tanto a la Primera Dama, Angélica Rivera, como al secretario.

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Ambos funcionarios públicos fueron reconocidos como inocentes por el secretario de la Función Pública en turno, Virgilio Andrade, un servidor público nombrado por el propio mandatario para realizar la investigación y que además es abiertamente amigo del secretario Videgaray.

Perú y Guatemala ya dieron ejemplo a América Latina de la aplicación de justicia a los más altos niveles, mientras tanto en México la impunidad de los funcionarios de alto rango continúa siendo el mejor incentivo para que la corrupción siga replicándose.

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