Este año EPN decide qué Suprema Corte tendrá el país
Actualización: Esta nota fue realizada antes de que el presidente Enrique Peña Nieto enviará el martes 17 de febrero la terna de candidatos para ocupar el lugar del fallecido ministro Sergio Valls en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Este año el presidente Enrique Peña Nieto tendrá en su poder decidir qué Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrá México para los próximos años.
En medio de un hervidero social que exige el establecimiento de un Estado de derecho efectivo en el país, a raíz de los recientes escándalos de corrupción en la clase política, la elección de sus tres nuevos magistrados este año no pasará desapercibida.
El presidente, quien ha asegurado que su gobierno empujará una agenda de reformas para hacer de la legalidad una constante en el actuar de los tres poderes de la Unión, conformará la terna de candidatos para sustituir al fallecido ministro Sergio Valls a la brevedad.
En tanto, también deberá hacerlo para los reemplazos de los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza, quienes terminan sus labores en la Suprema Corte en noviembre de este año.
Tres nuevos ministros por elegir, tres posibles Supremas Cortes para México.
Equilibrios rotos y posibles cambios
Hasta la muerte del ministro Sergio Valls de 73 años el pasado diciembre, la Corte se encontraba dividida y en relativo equilibrio entre una postura liberal y conservadora.
Mientras que decisiones como la despenalización del aborto y la apertura hacia los matrimonios de personas del mismo sexo han sido posibles, casos como la exoneración de altos funcionarios por el caso ABC y la no atracción del caso del maestro chiapaneco Alberto Patishtán para su liberación rondan el vasto expediente de decisiones polémicas —y criticadas— de la primera instancia judicial en el país.
Este equilibrio se debía a un marcado enfrentamiento entre la fracción “de carrera” —ministros forjados desde sus inicios en el Poder Judicial y generalmente cercanos a posturas conservadoras— y la fracción “de fuera” —ministros que en su carrera han transitado por las aulas o por instancias no pertenecientes al Poder Judicial—.
En el primer bando se encuentran los ministros Luis María Aguilar Morales (actual presidente de la Corte), Margarita Luna Ramos, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alberto Pérez Dayán.
En contraparte, los ministros Arturo Zaldívar y José Ramón Cossío representan al ala más liberal de la Suprema Corte, cuyas decisiones y proyectos se caracterizan por una lectura del marco legal mexicano más progresista, así como también el ministro Juan Silva Meza y la ministra Olga Sánchez Cordero.
En medio de estas dos fuerzas se encuentran los ministros Fernando Franco y Sergio Valls.
El fallecimiento del segundo vino a romper este complejo equilibrio en la fomra de ver la Ley al interior de la SCJN, cuyas decisiones sientan precedentes para darle lectura al sistema judicial mexicano.
Junto con Fernando Franco, el ministro Valls funcionaba como una especie de bisagra entre ambos proyectos; a veces apoyando una postura u otra. Por ejemplo, él mismo hizo posible la despenalización del aborto en el DF.
El impacto de la ausencia del ministro quedó patente en la reciente elección para el nuevo magistrado presidente de la Corte; en un evento inédito, tuvieron que pasar 28 rondas de votación para que Luis María Aguilar Morales por fín quedara electo.
La investigadora del Instituto Procesal Penal, Ruth Zenteno, señala que la Suprema Corte de Justícia de la Nación es un “tribunal de legalidad”: una instancia que se dedica a resolver qué es y qué no es legal respaldándose en la ley mexicana.
La resolución de fondo de los casos o el fijar una postura específica, comenta, no le caracteriza; cosa que cada vez más se la ha exigido por parte de la sociedad a la SCJN y que se decidirá con los nuevos magistrados.
La investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Ana Laura Magaloni, señala que en la elección de los nuevos ministros está también la elección de qué tipo de narrativa impregnará las resoluciones de la Corte: una más cercana a las personas o una que meramente interpreta la ley al pie de la letra.
“Lo que está en juego es la retórica, y la retórica es importantísima. Es la capacidad de que la gente te entienda. Creo que (con ministros de fuera como Zaldivar y Cossio) se está apostándo a una retórica fresca, nueva, que comunique mejor, que nos explique mejor de qué está hecha la justicia”, señala Magaloni.
Y añade: “los tribunales constitucionales son un foro privilegiado para discutir los valores que nos unen como colectividad y nos dan identidad y creo que la capacidad de tribunal de comunicarlos es fundamental para generar un nuevo parámetro social”.
El nuevo magistrado, posible fiscalista
La Constitución obliga al presidente a enviar al Senado una terna de tres candidatos para que por mayoría absoluta se nombre un nuevo ministro de la Corte ante la ausencia o retiro de uno. Si el Senado rechaza las postulaciones el presidente debe enviar de nuevo tres candidatos.
Aunque se espera que el nuevo nombramiento para el reemplazo del ministro Valls se haga a la brevedad, desde su fallecimiento el presidente Peña no ha hecho tal cosa y la ley no le impone un plazo para hacerlo.
La actual mayoría relativa en el Senado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) —con 52 asientos de 128—, partido ocupante de Los Pinos, podría ser aprovechada por la administración peñista para darle mayor fluidez al proceso y evitar que los candidatos presidenciales sean rechazados.
De esta forma se evitaría lo sucedido en noviembre de 2012 con la elección de los reemplazos de los exmagistrados Guillermo Ortiz y Salvador Aguirre. En aquella fecha el Senado rechazó las primeras ternas enviadas por el expresidente Calderón con lo que los magistrados Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez fueron elegidos para el cargo de 15 años hasta la segunda ronda.
Entre los pasillos de la academia y el Poder Judicial aún no está claro qué personas serán convocadas por el presidente Peña para conformar la terna en sustitución del ministro Valls, pero un nombre se repite como posible candidato: Javier Laynez Potisek, el procurador fiscal de la federación.
El investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México, Saúl López Noriega, señala que entre los muchos temas a discutir por la Suprema Corte destacan los amparos hechos por contribuyentes ante la Reforma Fiscal, impulsada por la administración peñista, como contra las llamadas “listas negras” o el buzón electrónico del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El que llegue un fiscalista a la SCJN —explica el académico— apunta a una necesidad de darle celeridad a las decisiones del órgano, así como respaldo a la estrategia recaudatoria del gobierno.
“Al ser una Reforma fiscal y que pueda ser declarada eventualmente inconstitucional lo que está en juego es el tema de la recaudación, (...) lo cual si lo ubicamos en el contexto actual de baja en el precio del petróleo se vuelve todavía más relevante”, comenta.
A pesar de estos juicios previos, advierte, hay que esperar qué mujeres u hombres serán propuestos por el presidente para completar a la Suprema Corte.
“El proceso de renovación de la vacante que dejó Valls se vuelve muy relevante, así como las vacantes de Sánchez Cordero y Silva Meza, porque ahí sí dependiendo de qué tipo de ministros entren por estos tres se decidirá en buena medida el futuro de muchos casos de la Suprema Corte, se puede acabar de darle un rostro conservador o liberal”, finaliza López Noriega.
MÁS INFORMACIÓN: Conservador y poco flexible, nuevo presidente de la SCJN. Nota de Arena Pública del 8 de enero de 2015.
MÁS INFORMACIÓN: La Suprema Corte que no fue; el proyecto del ministro Zaldívar. Nota de Arena Pública del 5 de enero de 2015.
MÁS INFORMACIÓN: De otro México los ingresos del Poder Judicial. Reportaje de Arena Pública del 8 de diciembre de 2014.
