De otro México los ingresos del Poder Judicial
El 67% de los trabajadores en México gana cinco mil pesos mensuales o menos, la mitad de lo que perciben los funcionarios peor pagados del Poder Judicial, quienes recibirán 11 mil 400 pesos mensuales el próximo año, monto que sumado a las prestaciones se eleva a 28 mil pesos.
Los sueldos y prestaciones del Poder Judicial no corresponden a la realidad del país, pareciera que fueron planeados en un México diferente, donde por ejemplo, el crecimiento económico fuera superior al 2% anual.
No en el país donde 6 de cada 10 trabajadores son informales, donde en los últimos diez años el salario mínimo se ha incrementado a razón de cuatro pesos anuales, donde hay 11 millones de personas en pobreza extrema ó donde el 70% de sus pobladores no tiene un salario que le permita adquirir los productos de la canasta básica.
Donde la realidad no los hiciera parecer obscenos.
El Analítico de Plazas y Remuneraciones 2015 revela que 1,370 funcionarios del Poder Judicial de la Federación tienen ingresos —sueldo más prestaciones— mayores a las del propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
Dicho de otra manera, perciben entre sueldo y prestaciones un monto que rebasa los 286 mil 702 pesos mensuales, un ingreso -cuando menos- cinco veces superior al que reciben los 33.3 millones de mexicanos que ganan cinco mil pesos mensuales o menos.
Los 1,370 forman parte de los ocupados en México con ingresos superiores a ocho mil pesos. Un grupo que podría considerarse de élite, no tanto por el monto de sus percepciones, sino por lo pequeño del conjunto, pues representan tan sólo al 6.7% de la fuerza laboral del país con 3.3 millones de personas de un total de 49.7 ocupadas.
Codo a codo con Slim
El Poder Judicial de la Federación ofrece sueldos y prestaciones que superan a los de la iniciativa privada.
Hace cuatro años, varios medios de comunicación registraron -según el dato del biógrafo José Martinez- que Carlos Slim, el hombres más rico de México y el mundo, percibía un sueldo mensual de 24 mil dólares, equivalentes a 300 mil pesos con el tipo de cambio del 2010.
Para ese entonces los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tenían un sueldo de 208 mil pesos mensuales, al que si le sumaban las prestaciones laborales se elevaba a 245 mil 782 pesos, 54 mil menos que las percepciones del hombre que produce cerca del 6% del Producto Interno Bruto nacional, según datos del mencionado biógrafo.
La gran justificación que se dio respecto a por qué necesitaban esos enormes sueldos, fue para que los ministros tuvieran reconocimiento y sobre todo para que no fueran corrompidos, explicó la profesora e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Issa Luna Pla.
“Ningún estudio de corrupción ha demostrado que eso funciona, porque hay mucho más dinero dentro de otras fuerzas económicas que en el gobierno para pagar, para contrarrestar el combate a la corrupción con más dinero”, aclaró.
El próximo año los ministros de la SCJN percibirán por sueldo y prestaciones 563 mil 416 pesos mensuales, un ingreso 129% mayor que en 2010, equivalente a 317 mil 634 pesos más que hace tan sólo cinco años.
En contraste, del 2010 al 2014 el salario mínimo —que hoy percibe el 13.4% de los trabajadores en el país, equivalente a 6.7 millones de personas— pasó de 57.46 pesos diarios a 67.29 pesos. Con una jornada de seis días semanales el ingreso mensual de estos mexicanos asciende a 1,614 pesos.
De acuerdo con Issa Luna los salarios de los altos mandos en el Poder Judicial crean cacicazgos, ya que colocan a los funcionarios en un lugar "altísimo" y “esas jerarquías empiezan a generar formas no solamente no democráticas dentro de los gobiernos, sino que también puedan llevar a abusos del poder.”
Niñeras de altos vuelos
Sin ir más lejos, los sueldos y prestaciones aprobados para funcionarios de perfiles más bajos en el Poder Judicial también sorprenden. Por ejemplo, para el 2015 el Consejo de la Judicatura contará con 45 niñeras y 16 cocineras que ganarán más de 41 mil 600 pesos al mes o medio millón de pesos al año.
En la Suprema Corte de Justicia de la Federación habrá 30 técnicos en alimentos con sueldos superiores 30 mil pesos mensuales —o 360 mil pesos al año— y 31 choferes que ganarán 44 mil pesos al mes o 528 mil pesos al año.
En diez años el presupuesto del Poder Judicial se ha incrementado 80% al pasar de 31 mil 169.7 millones de pesos en 2005 a 56 mil 269 millones de pesos en el 2015, es decir, el próximo año recibirán 25 mil millones de pesos más que en el penúltimo año de gobierno de Vicente Fox.
Mientras que el 60% de los trabajadores en México se encuentran en el sector informal, es decir, no reciben prestaciones sociales básicas como producto de sus trabajo tales como seguro médico del IMSS o el ISSSTE, créditos para la vivienda, fondo de ahorro para el retiro, entre otros.
Los 42 mil 296 trabajadores del Poder Judicial, además de recibir las prestaciones anteriores, tienen derecho a generar un ahorro peso a peso con el erario público, cuentan con un Fondo de Reserva Individualizado, mediante el cual pueden elegir ahorrar 2%, 5% o 10% de su sueldo básico y el Poder Judicial aportará el mismo porcentaje.
También cuentan con un seguro de vida equivalente a 40 meses de sueldo básico; un seguro colectivo de retiro de hasta 25 mil pesos, un seguro de gastos médicos mayores que cubre al trabajador, su cónyuge e hijos menores de 25 años, entre otros.
Los trabajadores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuentan con una prestación llamada ayuda por jornadas electorales que se les ofrece en retribución de “cargas de trabajo adicionales” a los horarios ordinarios durante los procesos electorales federales y locales.
“Cuando hay elecciones (el Tribunal Electoral) tiene una carga de trabajo y entonces solicita un presupuesto amplio, pero al siguiente año solicitará un presupuesto con base en el año electoral, cuando ni siquiera habrá elecciones. Estas cosas se pueden hacer dentro de lo legal, pero dentro de lo moral son sumamente cuestionables”, señaló el analista de Fundar, Oscar Arredondo.
Pensiones de lujo
La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dispone en el artículo 183 que los ministros de la SCJN tienen derecho a una pensión vitalicia del 100% de su ingreso mensual cuando era activo durante los dos primeros años y del 80% de ese monto durante el resto del tiempo.
En cambio, el porcentaje del salario que un trabajador recibirá como pensión al momento de jubilarse es de 24.7% de su último salario, según un reporte elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Si el 67% de los trabajadores gana menos de cinco mil pesos, en el mejor de los casos podrían recibir una pensión de 1,235 pesos mensuales, ello en caso de que laboren en el sector formal y llegue a los 65 años con 1,250 semanas cotizadas, escenario difícil debido a la constante tránsito del sector formal al informal y viceversa durante la vida laboral de un empleado.
El presupuesto de la SCJN es una de las más caros de América Latina.
Con datos al 2010 un artículo elaborado por los profesores e investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Ana Laura Magaloni y Carlos Elizondo, reveló que la Suprema Corte de Estados Unidos cuesta el 37% de lo que cuesta la mexicana.
La Suprema Corte de Canadá el 15.2%, la alemana 13.4%; la española 12.8%, la colombiana 3.3% y la peruana 2.9% de lo que cuesta en el país.
El artículo denominado ¿Por qué nos cuesta tanto dinero la Suprema Corte? muestra —con datos del 2009— que el sueldo anual de los ministros mexicanos es el 108% de lo que perciben sus homólogos en Canadá; el 144% en Estados Unidos; el 162% en Alemania; el 186% en España; el 234% en Colombia y el 311% en Perú.
En la opinión de la investigadora del la UNAM, Issa Luna, lo importante no es reducir el presupuesto del Poder Judicial, sino homologar los salarios de los poderes judiciales de los estados y la federación.
"Por supuesto que si tu dejas a estos ministros ganando 500 mil pesos al mes pues entonces no vas a poder homologar no hay presupuesto que alcance, entonces tienes que bajar esos salarios para poderlos homologar a algo que alcance en función de los presupuestos que tienen”, dice.
Sin vigilancia
En promedio —hace cuatro años— la SCJN contaba con 2 mil 800 funcionarios más que las Cortes de los países antes mencionados. En dicho documento, Magaloni y Elizondo, aseguran que más allá del volumen excesivo de plazas existe un profundo desorden en la creación y administración de las plazas, algunas de ellas:
1.- Discrecionalidad en la creación de plazas.
2.- Un tabulador que se modifica constantemente y sin justificación.
3.- Se autorizan plazas sin definir el rango del puesto.
“Es posible que tal nivel de desorden interno tenga una explicación. Una hipótesis es que la generación de plazas al interior de la Corte puede ser una forma de buscar apoyos internos y generar consenso entre los ministros… Ello no va a suceder si no existen recortes a su presupuesto que les obligue a administrar eficientemente sus recursos,” aseguró el análisis del CIDE.
La mayoría de las instancias relacionadas con el control, la evaluación, la sanción y regulación del manejo del gasto no vigilan al Poder Judicial, por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública o leyes como la de Adquisición, Arrendamiento y Servicios del sector público o la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, explicó el analista de Fundar, Oscar Arredondo.
En su opinión, para que exista una vigilancia más efectiva del presupuesto del Poder Judicial debería crearse un órgano autónomo de control de los tres poderes de la Unión que haga las auditoría públicas, pero que tenga autonomía y que no dependa de ningún titular, con la capacidad de coordinar a los órganos de control interno de todas las instancias del poder del ejecutivo, del legislativo, y del judicial.
A FONDO: Consulta el documento analítico de plazas del Poder Judicial de la Federación para el 2015.
A FONDO: Consulta el presupuesto asignado al Poder Judicial para el ejercicio fiscal 2015.
A FONDO: Sueldos y salarios de ministros de la SCJN al 2010.
OPINIÓN. La corte de privilegios. Columna de Samuel García del 18 de noviembre del 2014.
