No hay mejor espejo de la realidad política que vivimos en México que el presupuesto de gasto público que acaban de aprobar los diputados para 2015. Y es que en el reparto y en el uso del dinero público es dónde se desnudan los verdaderos intereses de funcionarios y políticos, más allá de los discursos retóricos que lanzan al pueblo desde los balcones del poder.
Las élites del poder judicial son una casta política privilegiada, casi intocable por los otros poderes, que perciben ingresos que casi nadie, o nadie, cuestiona.
Tanto es así que la semana pasada, sin ningún comentario ni discusión de por medio, los diputados aprobaron millonarios sueldos y prestaciones para las élites del Poder Judicial, en momentos en que la economía apenas si crece y los empleos y salarios de la mayor parte de las familias del país acumulan ya un deterioro de varios años.
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los magistrados del Tribunal Electoral y los consejeros de la Judicatura Federal percibirán –según lo aprobado por los diputados- remuneraciones brutas totales anuales por 6.76 millones de pesos cada uno. El ingreso más alto en todo el sector público del país. Es decir, más de 563 mil pesos mensuales en promedio, entre salarios y prestaciones monetarias; sin incluir en ello la ya larga lista de prestaciones no monetarias que reciben cada uno de estos funcionarios públicos a través de choferes a su servicio, automóviles, viajes en condiciones de lujo, etcétera.
Pero además, los diputados aprobaron un incremento de 6.5% en las percepciones de los integrantes del Poder Judicial de la Federación para el próximo año, lo que implicará un crecimiento real de sus ingresos de más de 3%. Un incremento salarial de privilegio en las condiciones actuales de la economía y en relación a los incrementos salariales (si es que los obtienen) de millones de trabajadores que laboran en el sector público o privado. De hecho se espera que la economía crezca el próximo año apenas la mitad del incremento aprobado en las percepciones de los magistrados.
Los altos ingresos que percibe la élite del poder judicial en el país son indefendibles en una economía con enormes carencias, con elevados impuestos sobre los contribuyentes y con una mayoría de la población sumida en cualquiera de las categorías de la pobreza establecida por Coneval.
Pero además, en los últimos años los ingresos de estos funcionarios se han incrementado meteóricamente, llegando al insulto. En el presupuesto de gasto público aprobado por los diputados para 2010, se aprobó una percepción bruta anual para los magistrados de la SCJN por 3 millones 999 mil 413 pesos; por lo que en los últimos cinco años –tomando en cuenta sus remuneraciones aprobadas para 2015- estas percepciones han crecido en 2 millones 761 mil pesos; ¡un 69 por ciento más!
Un porcentaje de incremento muy similar ocurrió en este tiempo en las percepciones totales que reciben los consejeros de la Judicatura Federal y los magistrados del Tribunal Electoral. Y es que bajo el argumento de contar con personal altamente competente y alejado de la corrupción por la vía de altas percepciones, se creó una casta de funcionarios privilegiados, fuera de toda realidad económica y presupuestal; que –además- no se ha traducido en una mayor confianza ciudadana en estas instituciones.
Ayer Reforma publicó los resultados de una encuesta telefónica realizada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados en la que se muestra que la confianza de la ciudadanía en la SCJN y el Tribunal Electoral es escasa: El 59% dice que confía poco o nada en la SCJN y en el Tribunal Electoral y solo el 13% y 12%, respectivamente, dicen confiar mucho en estas instituciones.
Claro que se requiere un poder judicial fuerte, independiente y competente. Pero se ha equivocado el camino al hacerlo creando castas de burócratas puestos en el Olimpo.
Ahora que la realidad de Ayotzinapa, de Tlatlaya, y de tantos abusos y de miles de muertos que han aflorado el cansancio, el hartazgo y el rechazo ciudadano ante una corrupción e impunidad que supura por todos lados –incluyendo la casa presidencial- hizo surgir la esperanza de un alto en el camino. De una rectificación a fondo.
Pero no. El presupuesto aprobado por los diputados muestra que la corte de privilegios continuará.
MÁS INFORMACIÓN: Diputados sólo modifican en 2.4% la propuesta presupuestal 2015 de EPN. Nota de Arena Pública del 14 de noviembre del 2014.
MÁS INFORMACIÓN: Resuelven diputados aumentar en 26.7 mil mdp estimado de ingresos 2015. Nota de Arena Pública del 15 de octubre del 2014.
Samuel García
Es economista y periodista económico. Es fundador y director de Arena Pública. Fundó y dirigió El Semanario de Negocios y Economía. Fue director editorial de Negocios del Grupo Reforma y del diario El Universal. Director fundador de Infosel. Fue profesor de la Maestría en Periodismo y Asuntos Públicos del CIDE y Coordinador-profesor del Diplomado en Periodismo Económico de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Columnista y comentarista en diversos medios de comunicación en México.