La Suprema Corte que no fue; el proyecto del ministro Zaldívar

El viernes pasado, después de 32 rondas de votaciones, el ministro Luis María Aguilar Morales fue elegido como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Considerado como un juez más cercano al ala conservadora de la Corte, su elección como presidente de la SCJN ha generado dudas sobre la posibilidad de una modificación a profundidad de la principal instancia judicial en México; esto, en medio de una coyuntura de exigencia social por la instauración de un Estado de derecho efectivo a raíz de los recientes escándalos de corrupción en los tres niveles de gobierno y los hechos violentos con el poder público como aliado.

Junto con la candidatura del ministro Aguilar Moreno, la del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea protagonizaron un cerrado cierre que prolongó de manera inusitada la elección del nuevo magistrado presidente de la SCJN. 

Este segundo proyecto representaba una opción más abierta a la crítica y la transformación del Estado mexicano, según los planes de trabajo expuestos por ambos candidatos; el cual terminó por quedarse en el camino ante la votación mayoritaria en favor del ministro Aguilar Morales.

Arena Pública enlista algunos de los conceptos más destacados enunciados en el Proyecto de Plan de Desarrollo Institucional 2015-2018 del ministro Zaldívar, documento donde se expresan los temas y problemas que la Suprema Corte debe atajar y plasma el papel que el Poder Judicial debe tener en la vida nacional, según la visión de los candidatos... y que ya no fue.

• Es necesario reivindicar la legitimidad del Estado perdida ante la ciudadanía, ya que la incapacidad de las instituciones en México para consolidarse representa el mayor obstáculo para la democracia.
• La respuesta institucional del Poder Judicial de la Federación debe estar a la altura de las demandas de desarrollo, justicia, democracia y respeto a los derechos humanos de la población.
• Se debe renovar el compromiso institucional con la sociedad y poner todos los recursos al servicio del fortalecimiento del sistema judicial con el fin de alcanzar una mayor legitimidad, transitar hacia una impartición de justicia moderna y eficaz.
• Se necesita impulsar un cambio integral de la cultura organizacional del Poder Judicial y una transformación profunda de las prácticas, normas y procedimientos administrativos.
• El Poder Judicial Federal debe dar viabilidad a una Nueva Constitucionalidad en torno al respeto a los derechos humanos, al nuevo modelo de justicia penal y las reformas estructurales aprobadas.
• Los jueces deben ser especialmente sensibles con los reclamos de justicia provenientes de grupos vulnerables, como las mujeres, personas con discapacidad, niños, personas con preferencias y orientación sexual diferentes y otras minorías.
• Es necesario que los jueces se asuman también como partícipes en la construcción de la democracia.
• Se debe repensar la forma como se elaboran las tesis en el juicio de amparo, acompañadas de la publicación completa de las sentencias que les dieron origen para comprender los hechos que las motivaron.
• Es necesario intensificar las relaciones con las Universidades e Institutos de Investigación con el objeto de promover la enseñanza del nuevo paradigma de derechos humanos.
• Es necesario que todos los esfuerzos permeen en la actividad jurisdiccional, no sólo al seno de la Suprema Corte, sino en todos los juzgados y tribunales que componen el Poder Judicial de la Federación.
• La perspectiva de género debe estar presente en todas las áreas del Poder Judicial; el hostigamiento y acoso sexual y laboral no pueden ser tolerados.
• Se debe hacer más sencilla la consulta de las decisiones judiciales, deben generarse buscadores conectados por voces o temas específicos que den cuenta de todas las sentencias que se han emitido en torno a los mismos.
• Se propone la creación de un órgano encargado de coordinar y homologar exclusivamente los esfuerzos en la consolidación del sistema penal acusatorio, así como un Programa Integral e Intensivo de Capacitación.
• Es necesario retomar la iniciativa en la SCJN de proponer a la Secretaría de Educación Pública y a la Subsecretaría de Estudios Superiores y Universidades Autónomas un programa actualizado para la asignatura Derecho Procesal Penal o Sistema Procesal Penal Acusatorio.
• Es necesario un rediseño de los procesos de adquisición de bienes y contratación de servicios y obra pública, para lo cual se debe simplificar el marco regulatorio.
• Se debe actuar en cuatro ejes fundamentales frente a la sociedad: comunicación social, transparencia, atención ciudadana, y vinculación interinstitucional.
• Se debe constituir desde  la Presidencia de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura auxiliar la publicación de bases de datos actualizadas y comprensivas, que permitan desagregar la información con base en diferentes indicadores.

“Estoy convencido de que, para reivindicar la legitimidad, el prestigio y la confianza ciudadana en la tarea que realizamos debemos apostar por un Poder Judicial cercano a las personas, comprometido con los derechos humanos, con una visión renovada del derecho constitucional y absolutamente transparente.

“Un Poder Judicial de la Federación en el que se abran más canales de diálogo, tanto al interior como al exterior de la institución, a fin de que los grandes temas sean debatidos y las decisiones sean tomadas con una visión de largo plazo, desde el consenso, y siempre orientadas a la máxima calidad en la impartición de justicia, reflejada en cada sentencia”, aseguraba el ministro Zaldívar en su proyecto para dar forma a una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

A FONDO: Consulta el Proyecto de Plan de Desarrollo Institucional 2015-2018 del ministro Zaldívar.

A FONDO: Consulta el Proyecto de Plan de Desarrollo Institucional 2015-2018 del ministro Aguilar.

MÁS INFORMACIÓN: De otro México los ingresos del Poder Judicial. Reportaje de Arena Pública del 8 de diciembre de 2014. 

MÁS INFORMACIÓN: Luis María Aguilar, nuevo presidente de la SCJN. Nota de Arena Pública del 2 de enero de 2015.