Lo mejor del 2014: A dos años de gobierno, el acuerdo que le urge a México
El Pacto por México con sus grandes reformas económicas es, a todas luces, insuficiente para fincar el desarrollo que prometió el gobierno de Peña Nieto dentro y fuera del país.
Si bien las reformas legales para alentar la competencia económica y para abrir el mercado energético fueron bien recibidas en el mundo después de décadas de tolerancia a la dominancia de empresas privadas en sus mercados y a un decadente monopolio petrolero, han crecido los cuestionamientos sobre un pobre estado de derecho, una educación pública con pésimos resultados, una raquítica rendición de cuentas en el ejercicio público y una hacienda pública débil y que no incentiva la inversión.
Han cambiado las actuales circunstancias políticas y sociales del país respecto al tiempo en que se firmó aquel Pacto por México. Ahora ciudadanos de a pie, empresarios, líderes religiosos e intelectuales han mostrado su desesperanza, exasperación y hasta hartazgo por un gobierno paralizado y tolerante ante la corrupción; y una clase política ajena e indolente.
“Los ciudadanos mexicanos están muy por delante de sus políticos. Tengo la impresión de que la clase política en general –no solo el PRI- no entiende qué tanto ha cambiado la sociedad mexicana y las expectativas de los mexicanos, porque operan como si estuvieran 20 años atrás”, dice Andrew Selee, un experto sobre México del Wilson Center en Washington.
La circunstancia actual está obligando al Presidente a tomar decisiones sobre un acuerdo nacional que, a diferencia del Pacto por México, incluya a la ciudadanía. “Desde el inicio el Pacto por México careció del involucramiento de la sociedad. Hoy es la oportunidad que tiene la sociedad para demandar un acuerdo no solamente político, sino institucional de los tres poderes de la nación y de los tres órdenes de gobierno”, propone Juan Pablo Castañón, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX.
CUMPLIMIENTO DE LA LEY
Las movilizaciones sociales derivadas de los hechos violentos de Ayotzinapa y sobre los que el gobierno federal aún no ofrece resultados, ha hecho coincidir a diferentes voces en que el mayor problema del país es su precario estado de derecho.
“Ayotzinapa destapó lo que preocupa a los mexicanos: No sienten que el país ha construido un sistema de justicia adecuado para que vivan con seguridad”, dice Selee desde Washington.
Pero la inseguridad pública es solo una manifestación de la falta de cumplimiento de las leyes en el país. “El desarrollo institucional para hacer posible el Estado de Derecho –que es un proyecto de largo plazo- es el principal reto y oportunidad que tiene el país. En realidad no es un costo, es una inversión que tiene que hacer el país para volverse realmente más competitivo”, afirma Luis de la Calle, economista y ex ministro para la negociación del TLCAN en Washington.
El historiador Enrique Krauze coincide con esta prioridad para el país, pero la construcción del estado de derecho –dice- se enfrenta a dos obstáculos: A la supeditación de la justicia al poder y la corrupción política. “En años recientes ha habido ciertos avances. La Suprema Corte es autónoma. Pero la procuración de justicia, con todo su gigantesco aparato policíaco, no lo es: depende del Poder Ejecutivo (como el “Procurador del rey” en la tradición monárquica). Una idea práctica para remontar este obstáculo sería crear la figura del Fiscal General Independiente”, sugiere Krauze en un artículo reciente.
De la Calle coincide con Krauze. Pero además de una fiscalía autónoma, Juan Pablo Castañón y Luis de la Calle plantean la urgencia de implementar en todo el país el sistema de juicios orales. “El Poder Judicial de la Federación no lo ha hecho todavía y debería poner el ejemplo, no estar detrás de algunos estados que ya lo han hecho exitosamente”, denuncia de la Calle.
Por su parte Castañón apunta a los recursos que los legisladores deben destinar para dinamizar la implementación de los juicios orales. “Tiene que haber voluntad política de los partidos para asignar los presupuestos”, dice el presidente de Coparmex y agrega, “donde hemos avanzado con los juicios orales también se ha avanzado en la transparencia y la protección de las víctimas”.
CORRUPCIÓN POLÍTICA
Sin embargo el clamor popular de los últimos meses se ha concentrado en el combate a la corrupción y particularmente en la corrupción política, como sugiere Krauze, y quien recuerda a Gabriel Zaid en “La Economía Presidencial” afirmando que la corrupción solo se combate desde fuera “con mecanismos autónomos de transparencia”.
Algunos intelectuales de izquierda como Lorenzo Meyer son escépticos al respecto. “Un combate frontal a la corrupción es como hacerse una especie de harakiri”, dice el profesor emérito del Colegio de México. “Y ahora con aquello de la ‘Casa Blanca’, ¿con qué reserva moral puede lanzarse (el Presidente)?”, se pregunta Meyer. Ya el New York Times se extrañaba recientemente sobre la tibia reacción de los partidos de oposición al escandaloso asunto de la ‘Casa Blanca’ presidencial, mostrando tolerancia de la clase política mexicana a la corrupción.
En todo caso para algunos expertos en el tema, un verdadero programa anticorrupción deberá incluir el otorgamiento de plenos poderes a la Auditoría Superior de la Federación para revisar el ejercicio de las cuentas públicas de manera expedita, independiente y sin estorbos políticos. Una labor de auditoría que debe ser acompañada de una fuerte presencia ciudadana en la comisión anticorrupción y que ha sido un reclamo insistente desde las organizaciones civiles sin mucho eco, por cierto, en el gobierno federal y en las élites de la clase política.
El politólogo Carlos Elizondo Mayer-Serra añade una serie de acciones concretas para avanzar en el combate a la corrupción: “Nombrar a un buen profesionista como titular de la fiscalía especial en materia de corrupción y como titular de la fiscalía especial en materia de delitos electorales y darles todo el apoyo para que puedan realmente hacer su tarea. Fortalecer al IFAI a través de las reformas secundarias que están pendientes, obligar a los estados a completar lo que ya es una obligación legal que es ajustarse a los nuevos criterios de contabilidad que permitan mayor auditoría y transparencia en sus finanzas y sancionar a quienes lo merezcan”. Y añade Elizondo Mayer-Serra: “No debemos enterarnos por Estados Unidos que fulano o mengano tienen recursos de procedencia desconocida. Son medidas que pueden hacerse si hay voluntad política y hasta ahora no la ha habido. Esperemos que esta crisis los lleve a eso”, dice el doctor en ciencia política por Oxford y ex director general del CIDE.
Y es que la clave para disminuir la corrupción es la voluntad política del gobierno que –a pesar de la crisis que vive- no ha sido manifiesta. El propio líder de los empresarios del país, Gerardo Gutiérrez Candiani, no se muestra convencido de ello. “Necesitamos que haya un compromiso claro”, dice en entrevista.
RENDICIÓN DE CUENTAS
En México la corrupción se ha escondido detrás de las cortinas de la opacidad y de una ausencia absoluta de rendición de cuentas sobre todo a nivel de los gobiernos municipales y estatales.
“Necesitamos que el sistema político sea más ciudadano”, lanza Luis de la Calle y recuerda que la reelección es todavía un asunto pendiente en México. “No hay manera de gobernar los municipios sin reelección para darle la responsabilidad a los ciudadanos de a quién están eligiendo”. Para ello –dice de la Calle- se requiere transparencia haciendo públicas las declaraciones patrimoniales y “las declaraciones de impuestos sobre la renta de los últimos cinco años” de todos los candidatos a puestos de elección popular.
Los casos de enriquecimiento sospechoso de parte de presidentes municipales y gobernadores han sido frecuentes en México. En ese sentido, Elizondo Mayer-Serra es partidario de generar una institución a nivel nacional que tenga la fuerza para iniciar acciones penales en contra de gobernadores que no demuestren el destino de los recursos públicos solicitados, dado que los procuradores estatales responden a los intereses particulares del gobernador en turno.
La crisis que ha sumido al gobierno de Enrique Peña Nieto también le ofrece una oportunidad de relanzar los temas pendientes del Pacto por México con inteligencia, a través de un acuerdo nacional. No hay tiempo que perder ante un hartazgo social que crece; pero serán los políticos los que tienen que actuar escuchando a la ciudadanía. Como advierte Selee, “que no sea un acuerdo para cuidarse entre ellos y que nadie se castigue”. Sería hundirse más en el hoyo que han cavado.
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