Lo mejor de 2014: La política pone en riesgo la economía

Cuando el presidente Enrique Peña Nieto llegó a Los Pinos el 1 de diciembre de 2012, lo hizo sacudiendo las viejas estructuras del entramado político del país y convenciendo a los dos grandes partidos opositores a firmar un acuerdo sin precedentes. Fue el histórico Pacto por México que hizo rememorar a algunos a los Pactos de la Moncloa de la transición española de 1977.

Aquel fue el cimiento desde donde se construiría el edificio de las reformas económicas que había planteado durante su campaña presidencial y que tanta simpatía generó en el mundo desarrollado. Peña Nieto fue el mandatario favorito de la prensa internacional.

En momentos en que los países desarrollados se debatían entre la recesión y la deflación, el nuevo gobierno mexicano impulsaba modernas reformas constitucionales para abrir el monopolio estatal del mercado petrolero a la inversión extranjera y desconcentrar el mercado de las telecomunicaciones dominado por unos cuantos.

Como destacó la revista Time en su portada del 24 de febrero de este año, por fin México seguía el camino de la transformación económica al que se había negado por décadas, alejándose de la figura del narco-estado incubada en los últimos años. Aquella portada de Time con la imagen de un Peña Nieto triunfador bajo el título de ‘Saving Mexico’, era el mejor reflejo de la política reformadora del gobierno priista que regresaba al poder.

Sin embargo, aquel espíritu reformador que exhala el Presidente, no parece haber llegado al interior de su gobierno.

Incluso –y contradictoriamente a las reformas emprendidas- en el primer tercio del gobierno se han extendido las sombras del proteccionismo en algunos sectores de la economía.

Un gobierno reformador que no se ha reformado a sí mismo es la principal crítica que subyace entre sus detractores que ganan cada vez más adeptos. Mientras que las encuestas ciudadanas muestran el descontento por los malos resultados económicos en este primer año de gobierno, los gremios empresariales –afectados por algunas de las reformas legales, como la reforma fiscal- no han dejado de señalar su descontento por el manejo de la economía desde la Secretaría de Hacienda.

POLÍTICA INTERVENCIONISTA

Una de las primeras señales de inquietud la dio el propio Presidente al incumplir –a 10 meses de su gobierno- la promesa hecha en su discurso de toma de posesión de mantener finanzas públicas sólidas basadas en un déficit cero para 2013. Aquella promesa de equilibrio presupuestal no se cumplió, como tampoco ocurrió recientemente al presentar su paquete económico para 2015 al Congreso y constatar que las promesas económicas siguen quebrándose con cierta facilidad.

Hay un asomo de populismo, de manejo político y de férreo control desde el Ejecutivo a través de Hacienda sobre las decisiones económicas, que preocupan a analistas y empresarios del sector privado.

La economía mexicana se desaceleró de una tasa de 4% en 2012, a un crecimiento de 1.1% en 2013, para mejorar ligeramente y expandirse a una tasa de 1.7% durante la primera mitad de 2014.

La desaceleración de la economía se explica tanto por factores internos, como el derrumbe del sector de construcción por el cambio de política de la vivienda, el rezago en la obra pública, el efecto negativo que ha tenido la Ley anti lavado, el aumento del ISR al 35% en las operaciones de bienes y raíces; como factores externos entre los que destaca el menor dinamismo de la actividad manufacturera en Estados Unidos.

Ante esa situación, y con el fin de reactivar el crecimiento, el gobierno solicitó al Congreso autorización para romper, de manera excepcional y con carácter transitorio la Ley de “déficit cero” establecida en el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), y alcanzar un déficit público de 1.5% del PIB en 2014, para reducirlo a 1.0% en 2015, y regresar al equilibrio presupuestario en 2017.

Esa política, en sí misma, es un principio loable que bien ejecutada puede rendir buenos frutos: lo hizo Estados Unidos durante la crisis y le va bien; se resistió a hacerlo Europa y corre la suerte contraria. Tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial han aplaudido la estrategia fiscal de México siempre y cuando sea temporal y no comprometa la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Y es que recurrir a políticas fiscales contra cíclicas como estrategia de política pública es deseable. Lo importante de la disciplina fiscal es preservarla a lo largo del tiempo, a lo largo de los ciclos expansivos y contractivos de la economía.

Según los expertos, una adecuada política fiscal contra cíclica es elemental para mantener la disciplina económica y suavizar los ciclos económicos. El objetivo es que durante la época de auge, el gobierno ahorre y registre superávits fiscales gracias a los mayores ingresos tributarios que genera la mayor actividad.

En esas etapas, la demanda de consumo e inversión privada es suficiente para cargar con el peso del crecimiento y lo recomendable es ahorrar en vez de incurrir en déficits y políticas de estímulo, que lo único que logran es sobrecalentar la economía y provocar, a la larga, desequilibrios y recesiones más profundas.

Por el contrario, en las fases de recesión, el gobierno debe recurrir a déficits públicos para contrarrestar la caída de la demanda privada y salir de forma rápida y poco dramática, con bajos costos sociales, de la fase de contracción económica. Por tanto, una política fiscal discrecional y responsable, preservando la disciplina fiscal de mediano plazo, es aconsejable.

Pero lo que debe ser examinado es cómo esa política fiscal contra cíclica, de corte keynesiano, se está articulando con la calidad del gasto. Y allí, sorprende la propuesta del gobierno.

Una política fiscal expansiva se puede articular, en esencia, a través de una disminución de impuestos que libere recursos a los agentes privados para estimular el gasto de consumo e inversión privada. También a través de un incremento del gasto público que compense la debilidad de la demanda privada. O, ambas políticas conjuntamente, como hizo Estados Unidos durante la llamada “Gran Recesión”.

Sin embargo la administración del gobierno actual realizó una política fiscal contradictoria: por un lado, y a través de la reforma hacendaria, subió impuestos, que es una medida de carácter restrictivo menguando el ingreso disponible de las familias y generando inflación. Así que, en vez de alentar el consumo y la inversión privada, la reprimió; si bien, en contrapartida, incrementó los ingresos tributarios no petroleros.

Por otro lado, y con el objetivo de cumplir el déficit fiscal de 1.5% del PIB, ha conducido un colosal programa de gasto público en el que ha empleado tanto el aumento de la recaudación derivado de la reforma hacendaria, más los recursos establecidos para alcanzar la meta de déficit.

Así que todo el esfuerzo fiscal para reanimar la actividad quedó en manos del gasto público. Visto así, el gobierno de Peña Nieto recurrió a la política fiscal más intervencionista posible: extrajo recursos del sector privado para hacer uso de ellos a través del consumo de gobierno. Es decir, en vez de alentar el consumo privado mediante una reducción de impuestos, primero lo reprimió con un alza en los tributos con el propósito de más que compensarlo ampliando el gasto público.

Ese comportamiento se observa en los números de las finanzas públicas: el gasto público durante el período enero-agosto de 2014 se incrementó 15.2% nominal a 2.911 billones de pesos respecto al mismo período del año pasado. Un crecimiento que sobrepasó en mucho al de los ingresos, que aumentaron a un ritmo de menos de la mitad, de 6.6%, para situarse en 2.545 billones de pesos. El resultado es un déficit público acumulado hasta agosto de 353 mil 441 millones de pesos, más del triple de lo registrado durante el mismo período de 2013.

La estrategia en sí no ha traído muy buenos resultados durante la primera mitad del año. Un caso es el consumo privado, que representa en torno a 68% del PIB y que había crecido a una tasa promedio de 2.5% en el 2013, apenas se expandió 1.4% durante la primera mitad de 2014 como resultado, en gran medida, del impacto negativo del alza de impuestos de la reforma hacendaria.

Esa decisión restó en torno a 0.8 puntos porcentuales en el crecimiento del PIB. El efecto contrario se produjo en el consumo de gobierno: pasó de crecer, en promedio, 1.2% en 2013, a aumentar 2.5% en la primera mitad de 2014. Sin embargo, el consumo de gobierno representa sólo algo más del 10% del PIB. Pero esa mejora en el gasto público sólo aportó 0.2 puntos porcentuales al crecimiento del PIB.

Tampoco se observa un efecto multiplicador por el lado del gasto público: la inversión privada, medida por la formación bruta de capital fijo, permanece deprimida: se contrajo 1.8% durante 2013 y durante la primera mitad de 2014 se redujo 0.6%.

Así que si bien la orientación de la política fiscal era aceptable, la manera de articularla no ha sido la más propicia para estimular el crecimiento debido al elevado costo infligido al sector privado. Pero además, tampoco la calidad del gasto parece haber sido la mejor, pues hay indicios que apuntan a que los recursos públicos no se están destinado a los sectores productivos, sino que  se están dirigiendo a actividades que generan algún tipo de retribución política,  tendencia que se puede acentuar conforme se acercan los comicios de 2015 en los que se renovará la Cámara de Diputados federal y las autoridades de 18 de las 32 entidades del país. 

LOS RIESGOS QUE ASOMAN

Para el economista en jefe de Moody´s Analytics, Alfredo Coutiño, la política económica que se ha venido aplicando incumple el objetivo de la llamada  Regla Fiscal Estructural con la cual se buscaba garantizar la disciplina económica; contratando deuda sólo cuando fuera necesario y reduciendo el gasto corriente. “Eso no está sucediendo”, lamenta el experto en macroeconomía.

Para 2015 el gobierno de Enrique Peña Nieto estaría frente a una camisa de fuerza que no sólo le impediría –mediante una revisión de la política fiscal– incrementar ingresos, sino incumplir disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  Además, la SHCP – bajo estos escenarios- corre el riesgo de frenar la economía lejos de estimularla. 

Así, la promesa del Presidente Enrique Peña Nieto de no impulsar nuevos impuestos, ni elevar los vigentes, también generaría un incremento en el nivel de endeudamiento contraviniendo las responsabilidades establecidas en el artículo 17 de la LFPRH en la cual se establece la obligación de revisar todas las condiciones posibles para reducir el déficit público y, por lo tanto,  el endeudamiento.

Pero de no crearse nuevos impuestos, ni subir los existentes, se coloca al fisco ante una rigidez recaudatoria que podría poner en aprietos al Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo ejercicio, si los efectos de las reformas estructurales no se dejan sentir en el corto plazo, advirtió el director general del CEESP, Luis Foncerrada.

Pero el escenario anterior puede complicarse aún más ante el deterioro reciente en el balance de riesgos externos -como la fuerte caída en los precios petroleros, la agudización del estancamiento económico europeo y el previsible aumento de las tasas de interes en Estados Unidos , que han potenciando los riesgos para la economía ante una política fiscal errática y politizada.

Ante este escenario de altos riesgos potenciales, el gobierno debe incentivar el crecimiento del mercado interno a través de una verdadera reforma fiscal que disminuya la carga tributaria a fin de liberar recursos a los agentes privados, y no de depender solo de las aún no probadas inversiones externas.

Pero además, y en aras de la construcción de confianza en la conducción económica, es imperativo que se retome la disciplina fiscal ejercida en los últimos 20 años y que sentó las bases de la estabilidad económica.

De no ser así, México estará a un paso de revivir los episodios de las crisis cíclicas que caracterizaron a la economía y a las que, seguramente, ningún mexicano estaría dispuesto a regresar. Allí está el reto que enfrenta el gobierno para el crecimiento sustentable prometido.

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