El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es una de las herramientas más valiosas para el desarrollo del país, no sólo por su aporte a derechos y libertades fundamentales, sino también por sus consecuencias socioeconómicas. Dificultar el funcionamiento del INAI no solo limita el ejercicio de la ciudadanía sino también puede traducirse, a la larga, en una reducción del nivel de vida de las personas.
El elemento que promueve el INAI que representa un mayor valor propio y tiene las más amplias consecuencias para el desarrollo es la transparencia del sector público. Un gobierno que oculta o manipula la información sobre lo que los individuos pueden ser o hacer en una sociedad, y reclamar como un derecho, restringe gravemente la libertad de cada uno para elegir la vida que desea.
Un ejemplo claro del valor intrínseco de la transparencia gubernamental se percibe cuando esta se pierde, como en el ocultamiento de muchas de las condiciones que derivaron en la muerte de 40 migrantes mientras se encontraban bajo la responsabilidad del Estado mexicano. A pesar de que numerosas violaciones a los derechos de los migrantes fueron expuestas y denunciadas, otras apenas están siendo descubiertas e investigadas penalmente.
Quizás la consecuencia social y económica más importante de la transparencia gubernamental es el combate a la corrupción. Frecuentemente se resalta el papel del INAI para exponer casos como la ‘Casa Blanca’ (105 millones de pesos de riqueza inexplicable) o la ‘Estafa Maestra’ (7 mil 670 millones de pesos desviados). Sin embargo, estos montos palidecen respecto a su intervención en casos como el de SEGALMEX (15 mil 300 millones de pesos en gastos irregulares) o las condonaciones discrecionales de impuestos reveladas por la OSC FUNDAR (172 mil 332 millones de pesos).
La mera recuperación de una fracción de los montos involucrados en estos pocos casos bastaría para financiar al INAI algunos años. Sin embargo, el valor del INAI va más allá de la información que permitiría armar a la Fiscalía General de la República de casos contra prácticas corruptas. La reducción de la corrupción y su percepción trae distintos beneficios.
Distintas investigaciones muestran que, aunque la corrupción no puede ser eliminada por completo, su control está asociado con mayores recursos públicos y efectividad gubernamental para aplicarlos, lo que se traduce en más años de esperanza de vida, mayor escolaridad y un ingreso per cápita más elevado, entre otros resultados (ver Correlates of Corruption, Rothstein y Holmberg, 2014).
El combate a la corrupción no sólo contribuye a un mayor nivel de vida, sino también a la reducción de la desigualdad con la que se presenta. De acuerdo con las trayectorias encontradas en el estudio citado, si nuestro país tuviera un control de la corrupción semejante a la de Corea del Sur, es decir pasara de un nivel de corrupción medio-alto a uno medio-bajo, estaría en camino de reducir en casi 30% la desigualdad del ingreso.
Desafortunadamente, los progresos que habían existido en el pasado en cuanto a tener un gobierno abierto, es decir con acceso a la información y elevada participación ciudadana para aprovecharla, se estancaron entre 2016 y 2019, de acuerdo con las mediciones de The World Justice Project. Más preocupante es que entre 2019 y 2020 este indicador ha ido reduciéndose y ahora el propio presidente y sus aliados han bloqueado el funcionamiento del pleno del INAI al vetar los nombramientos de nuevos comisionados propuestos por el Senado.
Inhabilitar algunas de las funciones del INAI como estrategia política es limitar de inmediato el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos. Pero el costo que se impone a la sociedad es mayor que eso. En el largo plazo, la ignorancia o perversidad que atrofia el combate a la corrupción significa minar las bases de un estado de bienestar y en último término reducir la igualdad de oportunidades de las personas para una vida mejor.
Rodolfo de la Torre
Actualmente es Director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Ha sido coordinador de la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Director del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, y Director de El Trimestre Económico, del Fondo de Cultura Económica (FCE). Fue parte del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México. Es economista por el ITAM, y maestro en Filosofía de la Economía por la Universidad de Oxford.
