Si se aprueba, no hay forma de parar la reforma eléctrica: Experto
Si la propuesta de reforma eléctrica del Presidente termina su camino legal, no habría forma de impedir o bloquear sus consecuencias.
Así lo afirmó Paolo Salerno, managing partner de la firma legal y de negocios Salerno y Asociados, especializados en asuntos energéticos. Al contrario de otros intentos legislativos para cambiar la operación del sector eléctrico, como la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), el experto advirtió que sería imposible promover algún instrumento legal para evitar que los cambios propuestos se apliquen en la práctica una vez que se haya cambiado la Constitución, fuera de una nueva reforma constitucional.
“Es una reforma a la Constitución. No hay medio legal para promover inconstitucionalidad, porque no va por ahí. No hay forma que haya ningún modo de impugnación. Si se cambia la Constitución, cambian las reglas. Entonces por ahí no hay ningún medio jurídico que nos permita revertir el cambio constitucional que se viene haciendo”, aseguró.
En un análisis de la reforma, Salerno apunta también que hay muchos elementos que no se abordan directamente en la propuesta de reforma que envió el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión, pero que se verían impactados por la reestructuración propuesta de la industria eléctrica. Entre ellos, qué pasará con la generación distribuida, el abasto aislado, la generación local y los permisos de exportación e importación eléctrica.
Al respecto, el especialista señala que esto “dependería del desarrollo de las leyes secundarias. Ahí habría que ver qué pasa, si se hace una nueva Ley de la Industria Eléctrica (LIE) […] y habría que ver cómo desarrollarán [los detalles que no quedan claros en la reforma constitucional”.
Sobre la LIE que ya existe, a la cual se le realizaron varias modificaciones que continúan suspendidas, Salerno señala que hay dos opciones: “Un camino es que deroguen, con efecto inmediato, la LIE y ahí ver qué hacer; porque hay todo un tema de derechos adquiridos y etcétera […]. El otro camino sería poner un transitorio a la que sería la nueva LIE, donde se establezca que los permisos y contratos de la vieja LIE sigan vigentes, como se hizo con los contratos pre-2014”.
En este sentido, advierte Salerno, la reforma eléctrica no afectaría principalmente a empresas extranjeras, que están amparadas por tratados internacionales (como el T-MEC), sino a compañías nacionales. Reafirma que, por esta misma razón, los agentes locales “son los menos protegidos por esta reforma. Se pueden llevar la peor parte”.
Una reforma que podría ser aprobada
Para que la reforma eléctrica pueda ser aplicada oficialmente a la Constitución, se necesitaría de la aprobación de dos terceras partes de la Cámara de Diputados y de Senadores en el Congreso de la Unión. El partido del presidente López Obrador tiene actualmente solo 55.4% de las plazas en la Cámara Baja y 57.8% en la Cámara Alta, contando a sus aliados del Partido Verde y el Partido del Trabajo.
Es decir, necesitaría aliarse con los partidos de oposición para implementar los cambios propuestos a la Constitución. De acuerdo con un análisis de BBVA, los legisladores del PRD, el PAN y Movimiento Ciudadano (MC) mostraron su disgusto hacia la propuesta del actual gobierno, citando preocupaciones en términos de las principales consecuencias económicas que podría tener.
Sin embargo, en el mismo análisis, BBVA advierte que los legisladores del PRI (que tienen una presencia de poco más del 10% en cada una de las cámaras del Congreso) no se han pronunciado como bloque sobre la reforma. Por el contrario, habrían dicho que revisarán los alcances de esta propuesta en foros coordinados entre ellos mismos. Además, advierte el área de investigación del banco, es muy probable que no voten como bloque a favor o en contra de la propuesta.
Los mismos legisladores del PRI no han hecho mucho hasta ahora para definir un rechazo o un apoyo contundente a la reforma. Aunque el coordinador del partido en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, dijo que la reticencia a oponerse de inmediato a la propuesta no es lo mismo que tener las intenciones de apoyarla, sí repitió que quiere discutirla en un parlamento abierto.
Al menos en la Cámara de Diputados, fuentes internas proyectan que la reforma sea aprobada antes que se termine de revisar el Presupuesto 2022, para que se pueda contemplar en él los elementos económicos asociados a la reestructura de la industria eléctrica.
Después de eso, se turnaría a la Cámara Alta del Congreso, y si obtiene el respaldo de los senadores, aún requeriría la aprobación de 17 de 32 congresos estatales. De acuerdo con Paolo Salerno, “¿dónde podría haber más resistencia en ese proceso? Pues quién sabe. Debería haber una resistencia desde la Cámara, porque Morena no tiene los números para pasar esa reforma”.
Sin embargo, además del peligro a que los funcionarios del PRI voten a favor de la reforma, Salerno advierte que hay una posibilidad que algunos no se presenten el día de la votación. “En este caso, el problema sería que iría bajando el quórum necesario para la aprobación. Si necesitas dos tercios, y se presenta menos gente a votar, la pueden aprobar sin tanto problema”.
Críticas de la IP a la reforma
Múltiples agentes de la industria han mostrado abiertamente su rechazo a la reforma por sus implicaciones para el mercado. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), un think tank del sector privado, aseguró que darle a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tanto control sobre el mercado reducirá la competitividad del país, algo que sentirán directamente los usuarios en mayores tarifas.
Por su lado, México, ¿Cómo vamos? asegura que la paraestatal no tiene la capacidad para generar la electricidad necesaria para soportar la demanda con precios competitivos. Como la energía eléctrica es un insumo que necesitan tanto individuos como empresas para sus actividades diarias, teme que esta propuesta legislativa resulte en una pérdida de competitividad generalizada.
Asimismo el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), el brazo de análisis del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dijo que se trata de una reforma que va hacia el lado contrario de lo que se requiere, pues envía “señales decepcionantes” con la amenaza de eliminar órganos reguladores, acabar con contratos de privados y reservar la explotación de litio al Estado.
Para Salerno la mayor consecuencia de la reforma eléctrica, en su actual forma, no fortalecería a la CFE, sino que “tendría un poder absoluto de decisión en el sector eléctrico […]. Si la Comisión quiere, el día de mañana, firmar un contrato con alguien, lo hace y no le tiene que pedir nada a nadie. Si quiere construir una línea de transmisión, puede subcontratar a quien quiera. Y si quisiera subir la tarifa de la noche a la mañana, no hay nadie que pueda contestarle”, dijo.
