Reforma eléctrica costaría un punto del PIB a las finanzas públicas en 2022
Si la iniciativa de reforma eléctrica se aprueba tendría un fuerte impacto en las finanzas públicas que debe considerarse, advierte el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
La propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que plantea recuperar la directriz de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre la generación de energía eléctrica, no solo impactaría el crecimiento ecónomico por el presunto cierre de puertas a la inversión, sino también costaría 261 mil 177 millones de pesos (MP), equivalentes a 0.94% del Producto Interno Bruto estimado para 2022, señala una reciente investigación del Centro.
El costo financiero para el próximo año se obtiene de los costos por indemnización (0.65% del PIB), costos por requerimientos de inversión (0.17%), costos por subsidios (0.01%), costos ambientales y de salud (0.05%) y costos por operación (0.06%). Pero a mediano y largo plazos el impacto sobre el erario podría continuar estrechando el gasto para otros rubros que también requieren el financiamiento público.
El primer gasto, y el más cuantioso que tendría que afrontar el gobierno federal, sería el de indemnizar a las empresas privadas afectadas por la reforma al cancelar los permisos de generación, y cuyo monto de inversión comprometido asciende a 8 mil 969 millones de dólares por lo que el Estado mexicano tendría que compensar con 182 mil millones de pesos, si se considera un tipo de cambio de 20.3 pesos por dólar.
“El costo inicial contempla la reparación de las inversiones ya realizadas. Pero también otro componente de indemnizaciones son las relativas a los beneficios que se esperaban obtener gracias a esas inversiones”, dijo en entrevista Tonatiuh Vázquez, coordinador de transición energética y finanzas públicas del CIEP.
Pero ese no sería el único reto en un futuro, pues los investigadores señalan que los gastos operativos de la CFE para la generación de electricidad originaría un sobrecosto de 15 mil 877 millones de pesos respecto al escenario inicial, debido a la necesidad de reparar, actualizar y cambiar la maquinaria así como contratar más personal y aumentar el pago de pensiones con el objetivo de aumentar la participación de la empresa estatal al 54%, desde el 38% actual, contemplado por la reforma.
Este tipo de gastos no solo tendrán que ocupar un lugar en el presupuesto federal sino que irán aumentando conforme la maquinaria necesite reparaciones después de años de uso y la plantilla laboral vaya envejeciendo, aumentando la presión al presupuesto de pensiones, cuyo costo actual es de 45 mil millones de pesos. Un costo que, incluso si no se aprobara la Iniciativa, se duplicaría para 2035.
“Si el presupuesto asignado a operación, la compensación de su inversión con inversión pública no aumenta y no se corrigen ciertas deficiencias, estos otros componentes del costo podrían seguir en aumento” comenta Vázquez.
El hecho de que la mayoría de las plantas de la CFE, a diferencia de la generación privada, dependen de la quema de combustibles fósiles marca un reto adicional de cara a la transición energética, advierte la investigación.
En primer lugar, los combustibles fósiles tienen precios volátiles que aumentan el costo de generación de energía, forzando a subir precios al consumidor ya sea de manera directa en las tarifas o indirecta a través de un mayor subsidio gubernamental.
En segundo lugar, el CIEP alerta a largo plazo que, de priorizarse las plantas de generación fósil estatales, las emisiones acumuladas de dióxido de carbono para 2050 serían de 1,049 megatones, más del doble que lo que se espera en el escenario sin reforma. Este panorama de mayor polución implicaría 13 mil 482 millones de pesos adicionales hacia 2030 en requerimientos de gasto en salud para la atención de enfermedades respiratorias atribuibles a la contaminación ambiental.
Por si fuera poco, todos estos retos estarán atravesados por el aumento futuro del electricidad que se calcula irá creciendo un 3% anual, forzando a la CFE a aumentar su capacidad de generación a la par que realiza todos los gastos adicionales ya comentados.
Reforma incumple con análisis presupuestario
Vázquez señala que la intención del CIEP al realizar y publicar este nuevo estudio es llamar la atención sobre la omisión gubernamental para evaluar el impacto de la reforma sobre las finanzas, pues la propia iniciativa incumple en este punto.
“No han entregado el estudio de evaluación del impacto presupuestario que por ley está contemplado que debe acompañar a las iniciativas de ley que el Ejecutivo presenta al Congreso, ni tampoco su vinculación a su fuente de financiamiento”, señala el investigador del Centro.
El análisis de impacto presupuestario es fundamental para cualquier ley debido a que el presupuesto público es limitado y si no existen fuentes adicionales de financiamiento, aumentar el presupuesto a un proyecto, necesariamente se traduce en restar recursos a otro.
Según rescata el think tank México Evalúa, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 -próximo a aprobarse esta semana- de cada 100 pesos en inversión pública, se propone destinar seis a la CFE, mientras que para la salud y educación en conjunto se propone destinar cuatro pesos.
El CIEP apunta a que el dinero perdido por la reforma equivale a un tercio del presupuesto en salud pública para el próximo año o, incluso, al 80 % en términos reales al presupuesto destinado a la seguridad pública, dos de los rubros que enfrentan mayores problemas en el país.
