Reforma eléctrica choca con recomendaciones del FMI para desarrollo sustentable
Las propuestas de la reforma eléctrica del presidente López Obrador van en contra de las recomendaciones que realizó el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Un equipo de la organización publicó una serie de recomendaciones en política fiscal, monetaria y de incentivos a la productividad para las autoridades de México luego de una visita de trabajo al país. Entre los temas en los que se puso mayor énfasis fue en el futuro de la industria energética y cómo la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) podría fortalecerla en beneficio de la economía nacional y de los consumidores finales.
Sin embargo, varias de las sugerencias de este equipo del FMI reflejan una visión contraria a la que sigue la propuesta de reforma constitucional en materia de generación de energía eléctrica. En el texto de la iniciativa, se propone reconfigurar la participación de los agentes privados y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de tal forma que la paraestatal sea responsable de generar y distribuir, cuando menos, el 54% de la energía consumida por individuos y empresas.
Lo anterior, de acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), desincentivaría la participación de privados en el mercado de generación de energía eléctrica, debido a esquemas de precios favorables a la CFE y la eliminación de contratos.
Pero en sus recomendaciones, el equipo del FMI sugiere que, para crear un “sector energético más barato, confiable, sustentable y competitivo” es necesario, entre otras cosas, “incentivar la participación del sector privado en la generación de electricidad y la distribución de hidrocarburos”.
Si bien el reporte del FMI advierte que “las visiones expresadas en el documento […] no necesariamente representan la opinión de la Junta Directiva” del Fondo, otros miembros de la institución han dejado ver su desacuerdo ante los cambios que plantea México para el mercado eléctrico.
En una conferencia de prensa, la economista en jefe del organismo financiero multilateral, Gita Gopinath, dijo que se ha visto “un retroceso en las reformas energéticas implementadas hace un par de años y eso ciertamente incrementa la incertidumbre y puede inhibir la inversión privada en el sector”.
Los comentarios llamaron la atención de la titular de la Secretaría de Economía (SE), Tatiana Clouthier, quien señaló que surgen del desconocimiento de la especialista sobre el escenario mexicano actual. Incluso sugirió que los comentarios de Gopinath realmente corresponden al escenario nacional previo a la propuesta de reforma del presidente. Así, es poco probable que las sugerencias del Fondo tengan algún efecto en las decisiones o actividades del gobierno federal.
Adriana García, coordinadora de análisis económico en el colectivo de investigación México, ¿Cómo vamos?, apunta que “esta administración se ha caracterizado por no escuchar las recomendaciones de los organismos internacionales […]. Si no se han escuchado las posturas para que se respete la inversión en el marco del T-MEC, que son vinculatorias […], menos vamos a esperar que escuchen algo no-vinculatorio”.
Renovables, otro punto de tensión por la reforma
Si bien la reforma eléctrica propuesta por el ejecutivo no hace mucho énfasis en las energías renovables, fuera de definir en lo general a CFE como el encargado de toda la política de transición energética en el país, es evidente el antagonismo en las declaraciones de la administración federal y las recomendaciones del FMI.
El equipo del Fondo sugiere que México acelere su avance hacia las metas de reducción de emisiones para 2030, reforzando proyectos como el Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) y los Certificados de Energías Limpias (CEL). Aunque el FMI reconoce el proyecto como uno de los primeros de su tipo entre las economías emergentes, también advierte que el precio de estos certificados es muy bajo respecto a los vistos en otros países.
Sin embargo, con la reforma eléctrica propuesta es muy probable que el SCE desaparezca o quede relegado a un papel mínimo. En las conferencias mañaneras, la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle, ha sugerido que los certificados de energía limpia ya le han costado más de 6 mil millones de pesos (MP) a CFE en beneficio de las plantas privadas. Si bien Nahle no dijo que se iba a deshacer del SCE, sí dijo que “si estos contratos no se cancelan, a 20 años la CFE va a tener que pagar más de 100 mil millones de pesos en esto”.
La especialista de México, ¿Cómo vamos? critica que esta visión es equivalente a dejar “en último lugar a los consumidores, poniendo en primer lugar a la empresa productiva del estado cuando son los mexicanos los que deberían estar en primer lugar”. Y es que, recuerda, los CEL fueron diseñados como parte de los incentivos para que el ecosistema de generación eléctrico del país pudiera deshacerse de los combustibles fósiles y sustituirlos con renovables.
La propuesta de reforma eléctrica del Presidente gira en torno a colocar a CFE a la cabeza de la transición eléctrica del país. Sin embargo, varios estudios han advertido que una CFE, como la que se conoce, predominante en el mercado eléctrico tendría un notable impacto negativo en el medio ambiente.
En un reporte conjunto publicado por investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Europeo en Economía y Medio Ambiente (EIEE), se alerta que una CFE a cargo de la mayoría de la generación de electricidad en el país haría un uso más intenso de combustóleo, carbón y gas natural. Las energías renovables, bajo este escenario, tendrían una participación de 52% para 2050, cuando podrían ser responsables del 76% de la electricidad para entonces en un ecosistema donde las privadas tuvieran un papel más protagónico.
