El poder de AMLO limita la inversión y el crecimiento económico
Después de tres años de gobierno, los ataques del Presidente a las instituciones mexicanas y una política económica errática le están costando años de avances en inversión al país, necesaria para recuperarse de los impactos económicos de la pandemia.
Desde los albores del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la inversión fija bruta inició una tendencia decreciente que -sin considerar el rebote económico de la pandemia- no ha parado, como tampoco han parado los ataques del Presidente contra la iniciativa privada y las instituciones económicas del país.
Según la encuesta de expectativas de los especialistas del sector privado elaborada por el Banco de México (Banxico), desde abril de 2018 la gobernanza se convirtió -por una diferencia de 10 puntos porcentuales- en el factor de riesgo más mencionado por los encuestados, luego de que en años previos, este factor estaba equilibrado con los riesgos económicos externos e internos.
El cambio en la percepción privada se dio tan solo unos meses antes de la elección del 2018 y, desde entonces, el porcentaje de respuestas que señalan este riesgo no ha bajado del 40% con excepción del periodo de abril de 2020 a marzo de 2021, el más afectado por la pandemia de COVID 19.
Dentro del factor gobernanza destaca la “incertidumbre política interna” como el riesgo más importante, arriba por algunos puntos porcentuales de la “inseguridad pública”, cuyo porcentaje de respuestas creció desde el segundo trimestre del 2021.
La gobernanza (por la inseguridad y la política económica interna) sigue siendo el factor de mayor freno en la economía, de acuerdo a los resultados de la encuesta del Banco de México. pic.twitter.com/wPdzHu3tfp
— Gabriela Siller Pagaza (@GabySillerP) March 3, 2022
La preocupación de los inversionistas se ha debido, entre otros factores, al discurso político del presidente López Obrador, quién dedica consistentemente tiempo durante sus conferencia matutinas para polemizar, acusar, estigmatizar y oponerse no sólo a sus rivales políticos, sino también a las empresas, comúnmente extranjeras, aunque también contra algunos sectores del empresariado mexicano.
“El problema es la narrativa política, el problema [para tener crecimiento económico] es que tenemos un gobierno que está viendo al sector privado como el enemigo y si el gobierno ve al sector privado como el enemigo a vencer, pues obviamente no se van a aprovechar estas oportunidades” señaló el subgobernador del Banco de México (Banxico), Jonathan Heath, durante la Cumbre de Negocios 2022.
Pero en más de una ocasión durante este gobierno, la narrativa ha pasado de las palabras a la acción, ya sea a través del debilitamiento de las instituciones económicas del país y un errático manejo económico y regulatorio frente a la iniciativa privada, desde cancelaciones de proyectos hasta reformas legislativas.
“Tras la cancelación del aeropuerto, la de la cervecera Constellation Brands, ha habido incertidumbre respecto al nuevo marco de política económica de México. Eso ha hecho que muchas empresas hayan detenido sus proyectos de inversión, no eliminado, por eso la inversión está en su nivel más bajo” comentó en entrevista Alexis Milo, analista económico independiente y ex economista en Jefe de HSBC México.
Desde el triunfo de López Obrador en los comicios de 2018, la incertidumbre comenzó a recorrer los círculos empresariales pero también a hacer mella entre las agencias calificadoras, quienes advirtieron que la cancelación del aeropuerto afectaría la calificación crediticia del país.
HR Ratings fue la primera en reaccionar con una modificación de su perspectiva estable a negativa. Para el 2020, las calificadoras habían reducido su calificación de A3 - en la escala de Moody´s- a Baa1, misma en la cuál se ha mantenido desde entonces, aunque con constantes advertencias de las calificadoras por el aumento del riesgo de inversión.
Si bien, en el caso de la planta cervecera un nuevo acuerdo surgió con el gobierno para relocalizar la construcción de la planta en Veracruz, la posibilidad de que la inversión realizada se tire por la borda, como en el caso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), mantienen cautelosos a los inversionistas de un escenario así de radical.
Milo señala que la incertidumbre se concentra en la intención de hacer nuevos negocios en el país, pues pese a los muy bajos niveles que se han registrado, en casos como la inversión extranjera directa, se ha mantenido aunque solo gracias a “la reinversión de las empresas, no es dinero nuevo”.
Instituciones económicas, bajo un ataque frontal
La lucha no solo ha sido contra la iniciativa privada y sus proyectos, también se ha extendido hacia el propio estado mexicano, principalmente contra las instituciones autónomas, a las que en más de una ocasión el Presidente ha acusado de ser “cómplices de los neoliberales”.
Para Carlos Ramírez, consultor de riesgo político de Integralia y expresidente de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (Consar) no cabe duda que “de las 15 a 20 instituciones que son fundamentales para la democracia y la economía del país, la mayoría se han debilitado en los últimos tres años.
Entre las instituciones autónomas y semiautónomas, destacan los casos de la Comisión Federal de Competencia (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no solo por que el Presidente ha dicho explícitamente que desearía “no existieran” sino también porque ha tomado decisiones que apuntan a ese objetivo.
En ambos casos, existe una bloqueo institucional y operativo a su interior derivado de la falta de comisionados dentro en pleno, que según su reglamentación interna debe de ser siete miembros de los que faltan tres en cada institución.
Constitucionalmente las propuestas de nuevos comisionados deben ser enviadas por el Presidente al Senado, pero en algunos de los puestos faltantes se llevan hasta dos años sin que las nuevas propuestas de titulares sean enviadas y ratificadas por la Cámara Alta.
Además, desde el inicio de la administración ambas han sufrido recortes presupuestales aunque el caso del IFT ha sido el más relevante pues entre 2019 y 2022 su presupuesto asignado se ha reducido de 2 mil 164 millones de pesos hasta mil 560 millones en el presupuesto para 2022, mientras en el de la Cofece pasó de 604 a 600 millones en 2022.
Si bien la Cofece y el IFT son instituciones clave en la regulación económica del país, Ramírez explica que el principal temor de los empresarios que invierten en proyectos está en el deterioro institucional de los órganos reguladores sectoriales como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
“La CRE está completamente capturada por el ejecutivo. Nunca habíamos visto algo así, además de que ha salido una gran cantidad de gente muy preparada de la institución. La CNH, que le faltan tres comisionados y en diciembre sale uno más, que -cuando salga- se quedará sin quórum” señalado el expresidente de la CONSAR.
"Sostengo que los órganos de regulación creados durante el periodo neoliberal deben ajustarse a la nueva política económica y energética, y que su misión debe ser la de sumar esfuerzos con la Secretaría de Energía, Pemex y la CFE para rescatar la industria del petróleo y electricidad de la nación" dijo el Presidente a los miembros de la CRE, CNH y Cenace en un memorámdum explicando la nueva política energética a adoptar.
No obstante, para Milo el bajo desempeño de la inversión no se trata de una reacción ante “problemas de erosión institucional, ni tampoco inestabilidad del sistema político mexicano. Creo que lo que está en la mente de los empresarios es el carácter errático que ha tenido la política económica.”
Uno de estos comportamientos erráticos es la tendencia a “no respetar las reglas del juego” entendido como el choque del proyecto político y económico del Presidente con el de sus antecesores, como es el caso de la reforma eléctrica que, de aprobarse, podría empeorar la situación de incertidumbre, explica Milo.
En ese contexto, Ramírez señala que junto a la preocupación por los reguladores sectoriales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es otro de los órganos que genera preocupación pues cuatro de los ministros fueron propuestos por el Presidente -algo no antes visto- y cuya capacidad de jugar en favor del Ejecutivo aún está en duda.
Banco de México sin daños hasta ahora
En medio de la “guerra” del Presidente contra las instituciones, el Banxico ha salido, hasta ahora, ileso de la batalla.
En comparación del resto de organismos autónomos, el Presidente ha mesurado sus comentarios reiterando en distintas ocasiones su respeto por la autonomía del emisor central, aunque no lo ha salvado de tener roces en distintas ocasiones como con la polémica iniciativa de reforma de su Ley en 2020, el manejo de los remanentes de operación, así como su deseo de que el banco “impulse el crecimiento”.
Parte de la reacción del Presidente hacia el banco central puede atribuirse a que cuatro de los miembros de la actual Junta de Gobierno, incluyendo la gobernadora Victoria Rodríguez, fueron sus propuestas. Incluso, la mayoría de los conflictos del Ejecutivo con el organismo se habían concentrado casi exclusivamente con el anterior gobernador Alejandro Díaz de León, propuesto por el expresidente Enrique Peña Nieto.
No obstante este hecho, e incluso la cercanía de algunos de los miembros de la Junta con el Presidente, no han representado una limitación ni se ha percibido un deterioro en la labor del banco, opinan Milo y Ramírez.
“Tenemos un banco central que hasta ahora sigue dando muestras de su independencia. El punto debe ser que el banco mantenga altos estándares técnicos que mantengas las capacidad de análisis que le da sobre todo el staff”, opina el execonomista de HSBC.
No obstante, Milo advierte que pese a que la confianza que ha construido a lo largo del tiempo no se va a esfumar tan fácilmente, “esto puede cambiar si el banco no actúa con celeridad frente a una mayor alza de precios, si empieza a hablar más de una especie de mandato dual, en lugar de su mandato único, o si hay un desbalance en las finanzas públicas”.
El papel del Banxico como institución autónoma es fundamental para mantener la estabilidad macroeconómica del país, que pasa por mantener la capacidad adquisitiva del peso, el financiamiento disponible para el sector productivo y la estabilidad del sistema financiero, por lo que Ramírez no duda en señalar que es la institución que más importa a los inversionistas financieros.
“Banco de México es de las instituciones que menos han sufrido los embates del ejecutivo. Pero queda la duda del nombramiento de Victoria Rodríguez, no porque no sea capaz, sino por su falta de experiencia y una cercanía al presidente innegable. Aunque hasta ahora ha dado señales de apegarse a la autonomía, pero eso se verá hasta la acción, cuando se tengan que tomar decisiones que posiblemente no sean del agrado del Presidente”, advierte Ramírez.
