Fallas redistributivas y éxitos electorales
El aumento en las remuneraciones al trabajo y en las transferencias de dinero por programas sociales crearon un entorno favorable al avasallador triunfo de Claudia Sheinbaum en la elección presidencial. Sin embargo, no fue tanto su capacidad de reducir la desigualdad del ingreso la que parece haber ayudado al éxito electoral, sino sus limitaciones redistributivas. Las ganancias de los estratos medios y altos parecen haber sido claves para el resultado.
De diciembre de 2018 a marzo de 2024 el Índice global de remuneraciones medias reales de los sectores económicos se incrementó en 11%, lo cual es algo sobresaliente dado que en ese mismo periodo el PIB per cápita prácticamente no cambió. Esto fue posible debido a que las remuneraciones de los asalariados pasaron de representar el 24.7 del PIB al 30.9% del PIB entre 2018 y finales de 2023, de acuerdo a información del INEGI.
Por otra parte, según INEGI, entre 2018 y 2022, los beneficios provenientes de programas gubernamentales prácticamente se duplicaron. Estos apoyos representaban el 2% del ingreso proveniente del trabajo en 2018, y el 4% para 2022. De esta forma, aunque las transferencias monetarias provenientes de programas sociales fueron uno de los ingresos que más aumentó, el ingreso laboral siguió siendo, por mucho, el de más peso.
La redistribución del ingreso a favor de las remuneraciones al trabajo es quizás lo que más explica el clima electoral favorable a la candidata del oficialismo. El ingreso laboral es el más importante en la mayoría de la población y este se vio influido por la política de salarios mínimos y otras medidas de regulación del mercado de trabajo. Este importante cambio, sin embargo, no suele captarse en los indicadores de desigualdad disponibles.
Las Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del INEGI, con las que más directamente se mide la desigualdad, difiere de las Cuentas Nacionales en su registro del ingreso. Esto suele traducirse en un subreporte de la desigualdad, y en este caso de la reducción de la misma. Además, una menor desigualdad en la distribución de los ingresos laborales entre las personas que los perciben pudo dar un empuje electoral extra.
Diversas encuestas (por ejemplo, las de El Financiero y Áltica) muestran que el apoyo a Sheinbaum provino, prácticamente, de todos los niveles económicos, incluyendo estratos medios-altos. Esto es consistente con el hecho de que entre 2019 y 2024 la desigualdad del ingreso laboral se incrementó ligeramente, según el Coneval, lo que significa que los ingresos laborales crecieron para todos, pero un poco más para los no pobres.
Algo semejante ocurrió con el aumento en las transferencias monetarias de los programas sociales. En 2018 el 20% de la población de mayor ingreso recibía el 5% de los apoyos, mientras para 2022 esta cifra aumentó a 17%. Para el mismo periodo, el 40% de la población más pobre pasó de captar el 66% de las transferencias monetarias a recibir 42% de las mismas. Estratos medios y medios-altos que solían estar excluidos ahora recibieron efectivo.
La mayor desigualdad de los ingresos laborales y la pérdida de sesgo hacia los pobres de las transferencias monetarias son fallas de políticas públicas que se supone deben priorizar a los más pobres. Sin embargo, tales fallas redistributivas se convierten en éxitos electorales al ampliar su cobertura de beneficios a nuevos grupos que suelen tener una importante participación política, como lo son las clases medias y medias-altas.
Es imposible establecer el peso relativo que dieron los votantes a los diferentes factores que determinaron su elección, y entre los cuales los ingresos son sólo una parte. Sin embargo, sí puede afirmarse que el ambiente económico favorable a la continuidad provino de la expansión de los ingresos laborales y por transferencias monetarias. Además, su falta de sesgo hacia los más pobres recompensó una más amplia base de apoyo al oficialismo.
Rodolfo de la Torre
Actualmente es Director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Ha sido coordinador de la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Director del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, y Director de El Trimestre Económico, del Fondo de Cultura Económica (FCE). Fue parte del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México. Es economista por el ITAM, y maestro en Filosofía de la Economía por la Universidad de Oxford.
