El paquidermo incómodo
El elefante en la habitación económica y social de las campañas por la Presidencia es el mercado de trabajo informal.
Las candidatas han hecho un gran esfuerzo por ignorar que más de la mitad de la población ocupada labora en la informalidad. Al hacerlo, condenan a su próximo gobierno a tener escaso margen para mejorar las condiciones de salud de la fuerza de trabajo, capacitarla y generar crecimiento económico.
Desde hace casi dos décadas los empleados con una relación laboral no reconocida explícitamente por las empresas o sin las prestaciones de ley han representado la mitad de los ocupados totales en el país. En el caso de las zonas urbanas, el empleo informal se encuentra actualmente en niveles semejantes a los que existían en 1990, apenas abajo del 50%. El elefante de la informalidad no sólo es enorme, sino que ya se quedó a vivir con nosotros.
Las candidatas presidenciales no están solas en pasar por alto lo que puede considerarse el mayor problema del mercado de trabajo por décadas. Académicos, funcionarios y políticos han preferido ocuparse de problemas más glamorosos, como el bajo nivel del salario mínimo, la elusión de ciertas prestaciones mediante la subcontratación o la extensa jornada laboral, temas que refieren principal, si no únicamente, al trabajo formal.
La persistencia del trabajo informal contribuye a que poco más de 50 millones de personas carezcan de acceso a los servicios de salud, a que alrededor de 95% de los ocupados no cuenten con capacitación laboral cada año y a que la tasa de crecimiento promedio anual de la economía sea menor al 1%. En suma, la persistencia de la informalidad limita considerablemente las oportunidades de bienestar de la población.
Quizás lo más preocupante de la informalidad laboral es que cada vez absorbe más recursos, incluyendo trabajo que podría ser considerado calificado. Esto no sólo desaprovecha el potencial económico del capital humano, sino que deteriora su productividad al someterlo a condiciones de funcionamiento precarias, principalmente al centrarse en microempresas que no crecen en tamaño sino en número.
El freno que representa la informalidad laboral para el bienestar exige planteamientos para reducirla dando incentivos al crecimiento del trabajo formal. Una forma de lograr esto es bajando el costo que representa la seguridad social. Actualmente las contribuciones al IMSS representan alrededor del 30% del salario, pero de tal costo los trabajadores sólo perciben la mitad como un beneficio dada la calidad de sus servicios.
Idealmente, una seguridad social universal unificada debería financiarse con impuestos generales, haciendo efectivo el derecho a la protección social para todos y reduciendo el costo directo de contratar en la formalidad. Sin embargo, un avance pragmático sería reducir las contribuciones de los trabajadores a la seguridad social sustituyendo tal fuente de financiamiento por impuestos a la riqueza, al ingreso o incluso al consumo.
Paradójicamente, las candidatas en vez de reducir los obstáculos para crear empleos formales agregan cada vez más costos, con lo que su política laboral termina centrándose en la minoría de trabajadores y empresas que alcanzan la formalidad. Esta es una receta no sólo para la ineficiencia, sino también para la desigualdad. Se pueden evitar ambas, pero para ello primero hay que reconocer que ya no hay espacio para el paquidermo incómodo.
Rodolfo de la Torre
Actualmente es Director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Ha sido coordinador de la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Director del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, y Director de El Trimestre Económico, del Fondo de Cultura Económica (FCE). Fue parte del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México. Es economista por el ITAM, y maestro en Filosofía de la Economía por la Universidad de Oxford.
