La Comisión de Competencia y la OCDE
Cuando México solicitó entrada a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), allá por 1990, tuvo que cumplir una serie de requisitos. Uno de ellos, fue que el país tenía que fomentar la competencia económica y para ello tenía que crear una Comisión de Competencia, a pesar de que la Constitución de 1917, en su artículo 28, ya prohibía explícitamente la existencia de monopolios. También, la firma del entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte se facilitó por dicha acción.
Así, para 1993 entró en funciones la Comisión Federal de Competencia (CFC), basada en la Ley del mismo nombre publicada en 1992. Esta Comisión fue diseñada por el respetado economista Santiago Levy, y en un inicio fue un órgano desconcentrado de la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, hoy Secretaría de Economía.
La CFC fue considerada por muchos como un avance, pero tuvo como principal defecto que no “tenía los dientes” para sancionar las conductas anticompetitivas, además de depender del Ejecutivo Federal, lo que le restaba credibilidad y grados de libertad en su accionar. Pero en su momento fue un significativo paso adelante. Para subsanar esta limitación, para 2013 en el marco de la reforma de telecomunicaciones y competencia, se le otorgó autonomía y se reformó la Ley, creando la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE). Así, México se integraba un poco más institucionalmente a países avanzados en materia de competencia, aunque todavía persisten defectos legales de diseño.
Pero ¿en qué beneficia una comisión de competencia al ciudadano? Si uno echa un vistazo a los portales de las distintas comisiones en el mundo, hay una coincidencia: la principal labor de una comisión de competencia es beneficiar al consumidor por la vía de menores precios e incremento de calidad en los productos y servicios que consume. Es decir, para una prosperidad compartida, como afirma el slogan de la presidenta electa, la labor autónoma de la COFECE es fundamental. En otro espacio, hace 3 años ("La competencia económica transfiere más dinero a la gente que los programas sociales: No la elimine, Sr. Presidente"), proporcioné ejemplos muy tangibles de cómo la población se ha beneficiado de ella, incluso más que de las transferencias sociales.
Lo anterior no significa que no deba reformarse. Por ejemplo, en mi opinión debe dársele “más dientes” para, en efecto, promover la competencia de una manera más efectiva. Seguimos atestiguando muchas prácticas anticompetitivas en la economía. Como muestra un botón: si usted quiere comprar un automóvil nuevo hoy, la mayoría de las agencias automotrices (qué coincidencia) requieren que lo haga por medio de crédito y NO al contado. Es decir, obligan al consumidor a utilizar sus financieras para obtener ganancias financieras además de la venta del automóvil.
Más aún, en varios países la protección al consumidor se da de manera más integral, es decir, que las comisiones no solamente velan por evitar prácticas anticompetitivas, sino que sancionan abusos. Hoy aquí esta última labor la realiza la Procuraduría Federal del Consumidor. Habría pues que pensar en integrar esta última a la COFECE. Conviene aquí recomendar el magnífico documento de Alexander Elbittar y Elisa Mariscal1 que sugieren las líneas de mejora para una efectiva competencia económica en México. En éste sugieren fortalecerla, no eliminarla, como plantea el plan C. Desaparecer la COFECE sería un festejo para los aún grandes monopolios/oligopolios nacionales.
En suma, la COFECE debe rediseñarse, fortalecerse y hacerse más eficiente (aún hoy, con lo que tiene a su disposición, se le escapan demasiadas prácticas anticompetitivas). Para ello necesita salir de la lista de organismos autónomos a eliminar y elevarlo a la sacristía que tiene nuestro Banco Central autónomo. Termino mencionando con lo que empecé: sin una COFECE, la OCDE nos pondría un tache, elemento que creo que se está ignorando (no lo he visto ni en la prensa).
Y ¿por qué nos interesa seguir en la OCDE? En general trae una serie de beneficios en materia de cooperación económica internacional, así como el acceso a una serie de beneficios en materia de diseño de política pública y de la medición de su impacto. Pero tal vez lo más importante es la señalización de que como país somos sólidos y comprometidos con la democracia y el desarrollo económico. Más aún, hay evidencia en la literatura que la prima de riesgo país disminuye al menos marginalmente. Ojalá se entienda.
[1] “Hacia una política de competencia autónoma, más incluyente y justa” En Centro de Investigación y Docencia Económicas (México). División de Economía (2024). La economía mexicana: un balance desde la academia. https://repositorio-digital.cide.edu/handle/11651/5906
Fausto Hernández Trillo
Investigador y académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Experto en finanzas públicas, macroeconomía y sistema financiero. Investigador Nacional Nivel III. Doctor en Economía por la Universidad Estatal de Ohio, EU, y profesor visitante en universidades de México y Estados Unidos. Autor de 3 libros y de decenas de artículos académicos. Conferencista y consultor de organismos internacionales y del gobierno mexicano y galardonado con el Premio de Economía Latinoamericana "Daniel Cosío Villegas".
